Aniceto Pérez García
Expediente 619/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aniceto Pérez García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto, que desecho de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del ****, este órgano jurisdiccional advierte que la misma deviene improcedente, como se verá a prosecución. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 619/2016-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal; de igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo, la suscrita ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese supuesto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio de que se trata, se advierte que la promovente señala medularmente como acto reclamado el proveído de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil ****, en el que el juez responsable negó su solicitud de dar por concluida la etapa probatoria en el estado en que se encuentra -preparación de la prueba pericial- y dictar la sentencia con los elementos probatorios desahogados hasta ese momento. En ese tenor, esta juzgadora federal estima que respecto de los actos reclamados descritos con anterioridad, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que a la letra dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del aludido precepto legal, se desprende que contra las resoluciones judiciales, el promovente del amparo previo a la interposición del sumario constitucional, debe agotar uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte promovente para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 61, fracciones XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De lo señalado en párrafos que preceden, se obtiene que un recurso o medio de defensa es el medio por el que jurídicamente se puede modificar, revocar o confirmar lo que se impugne en aquél. Así es, es clara la intención del legislador en el sentido de que éstos deben ser la consecuencia necesaria del objeto que se persigue, es decir, la modificación, revocación o nulificación del auto combatido en dicho medio de defensa. Ahora bien, es oportuno señalar, que la parte quejosa no acude al presente juicio como persona extraña a la controversia judicial de origen, pues tiene pleno conocimiento de la misma por ser la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil ***. En ese orden de ideas, por cuanto hace al acto reclamado que la quejosa hace consistir en el auto del proveído de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil *****, cuyo contenido fue descrito con antelación la demanda de amparo deviene improcedente, porque la parte quejosa, antes de acudir al juicio de garantías, debió promover en contra del auto que reclama el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código Comercio, mismos que a la letra establecen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aún de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberá, pedirse por escrito dentro de los efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De modo que, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley, se infiere que no dio cabal cumplimiento al principio de definitividad necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó los medios de defensa ordinarios establecidos en la ley para combatir los actos que reclama en la demanda de amparo, se infiere que no dio cabal cumplimiento al principio de definitividad necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 61 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 24 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el que menciona en el escrito de cuenta. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo a las personas que menciona, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y no así a ***, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el aludido sistema.
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