Aniceto Gómez Lucero

Expediente 420/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
420/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • Aniceto Gómez Lucero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    auto que sobrseyo fuera de audiencia ha causado estado, se ordena archivo de juicio de garantías

  2. Principal

    funciones de Presidente, rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legal convenga. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Aniceto Gómez Lucero, a través del cual pone del conocimiento de este juzgado que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la Junta responsable emitió una resolución en la que aclaró la reclamada en esta instancia constitucional, y pone de manifiesto que opera la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 61 fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que está de acuerdo con la nueva resolución incidental. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución incidental de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada por la responsable dentro del expediente laboral 971/2007 seguido por Aniceto Gómez lucero en contra de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. Por su parte, del informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que ésta adjuntó copia certificada del auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo al juicio laboral 971/2007, en el que aclaró la resolución del incidente de liquidación, misma que fue notificada a las partes en nueve de junio de dos mil quince; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 62 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Del numeral transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Para orientar el sentido de este fallo, es necesario tener presente de las constancias que informan el juicio natural, se desprende: a). En veinticuatro de marzo de dos mil quince, la junta responsable dictó la correspondiente resolución dentro del incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero (Acto que por esta vía se reclama). b). El veintinueve de mayo de dos mil quince, la junta responsable emitió un auto en el que aclara la cuantificación realizada en la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero, señalada en el inciso que antecede. En este orden de ideas, de las constancias antes aludidas se observa que el veinticuatro de marzo de dos mil quince, la junta responsable dictó la resolución correspondiente dentro del incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero (acto que por esta vía reclama el accionante de garantías), sin embargo, en proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, la responsable emitió una resolución en la que aclaró la relativa a dicha incidencia, y en su resolutivo primero asentó: Se condena a la demandada PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al pago de la cantidad total de $4,361,359.69 pesos (cuatro millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 69/100) cantidad total a pagar. Salvo error u omisión de carácter aritmético, por conceptos de pagos de salarios vencidos con sus incrementos, que fueron objeto de condena en laudo, cantidad que corresponde a la actualización correspondiente a los salarios caídos del periodo comprendido del 31 de enero del 2014 al 8 de septiembre del año 2014, conjuntamente con la actualización de los salarios caídos con la cantidad a pagar que se refleja en el resultando segundo de la resolución incidental de fecha 24 de marzo de 2015, se dejan a salvo los derechos de la demandada para que haga la deducción de los puestos que correspondan; en consecuencia, si la litis constitucional se constriñe a la inconstitucionalidad de la resolución relativa al incidente de liquidación, y mediante proveído de veintinueve de mayo del presente año, se realizó la aclaración de las cantidades que la demandada debe de pagar a la actora del juicio laboral, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe advertir que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de autoridad y en algunos casos de particulares, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que la actuación de aquéllos genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Al respecto, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país se han pronunciado respecto a diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. La causa de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita en párrafos precedentes, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto que se cuestiona en amparo, surge alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el referido acto es violatorio de algún derecho fundamental, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de aquél, lo que de suyo implica que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto reclamado se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del agraviado, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el particular, si se realizó la aclaración correspondiente a la resolución interlocutoria reclamada, de tal forma que el mismo accionante expresó su conformidad, dado que se subsanaron las violaciones por las que acudió ante la justicia federal, es inconcuso que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de éste ha dejado de existir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196442, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Lo anterior, en virtud de que no tendría ningún caso práctico dilucidar si la resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales, pues con independencia del sentido de la sentencia que se llegara a emitir el objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista el auto que se combate, pues en la resolución aclaratoria, se emitieron las cantidades liquidas que deberá de pagar la demandada en el juicio laboral; Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 420/2015, promovido por Aniceto Gómez Lucero, por propio derecho. Asimismo, apoya a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se ordena cancelar la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Auxiliar en funciones de Presidente, rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legal convenga. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Aniceto Gómez Lucero, a través del cual pone del conocimiento de este juzgado que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la Junta responsable emitió una resolución en la que aclaró la reclamada en esta instancia constitucional, y pone de manifiesto que opera la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 61 fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que está de acuerdo con la nueva resolución incidental. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución incidental de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada por la responsable dentro del expediente laboral 971/2007 seguido por Aniceto Gómez lucero en contra de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. Por su parte, del informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que ésta adjuntó copia certificada del auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo al juicio laboral 971/2007, en el que aclaró la resolución del incidente de liquidación, misma que fue notificada a las partes en nueve de junio de dos mil quince; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 62 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Del numeral transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Para orientar el sentido de este fallo, es necesario tener presente de las constancias que informan el juicio natural, se desprende: a). En veinticuatro de marzo de dos mil quince, la junta responsable dictó la correspondiente resolución dentro del incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero (Acto que por esta vía se reclama). b). El veintinueve de mayo de dos mil quince, la junta responsable emitió un auto en el que aclara la cuantificación realizada en la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero, señalada en el inciso que antecede. En este orden de ideas, de las constancias antes aludidas se observa que el veinticuatro de marzo de dos mil quince, la junta responsable dictó la resolución correspondiente dentro del incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero (acto que por esta vía reclama el accionante de garantías), sin embargo, en proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, la responsable emitió una resolución en la que aclaró la relativa a dicha incidencia, y en su resolutivo primero asentó: Se condena a la demandada PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al pago de la cantidad total de $4,361,359.69 pesos (cuatro millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 69/100) cantidad total a pagar. Salvo error u omisión de carácter aritmético, por conceptos de pagos de salarios vencidos con sus incrementos, que fueron objeto de condena en laudo, cantidad que corresponde a la actualización correspondiente a los salarios caídos del periodo comprendido del 31 de enero del 2014 al 8 de septiembre del año 2014, conjuntamente con la actualización de los salarios caídos con la cantidad a pagar que se refleja en el resultando segundo de la resolución incidental de fecha 24 de marzo de 2015, se dejan a salvo los derechos de la demandada para que haga la deducción de los puestos que correspondan; en consecuencia, si la litis constitucional se constriñe a la inconstitucionalidad de la resolución relativa al incidente de liquidación, y mediante proveído de veintinueve de mayo del presente año, se realizó la aclaración de las cantidades que la demandada debe de pagar a la actora del juicio laboral, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe advertir que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de autoridad y en algunos casos de particulares, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que la actuación de aquéllos genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Al respecto, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país se han pronunciado respecto a diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. La causa de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita en párrafos precedentes, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto que se cuestiona en amparo, surge alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el referido acto es violatorio de algún derecho fundamental, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de aquél, lo que de suyo implica que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto reclamado se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del agraviado, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el particular, si se realizó la aclaración correspondiente a la resolución interlocutoria reclamada, de tal forma que el mismo accionante expresó su conformidad, dado que se subsanaron las violaciones por las que acudió ante la justicia federal, es inconcuso que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de éste ha dejado de existir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196442, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Lo anterior, en virtud de que no tendría ningún caso práctico dilucidar si la resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales, pues con independencia del sentido de la sentencia que se llegara a emitir el objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista el auto que se combate, pues en la resolución aclaratoria, se emitieron las cantidades liquidas que deberá de pagar la demandada en el juicio laboral; Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 420/2015, promovido por Aniceto Gómez Lucero, por propio derecho. Asimismo, apoya a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se ordena cancelar la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. (REPUBLICACION)

  4. Principal

    Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Auxiliar en funciones de Presidente, rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legal convenga. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Aniceto Gómez Lucero, a través del cual pone del conocimiento de este juzgado que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la Junta responsable emitió una resolución en la que aclaró la reclamada en esta instancia constitucional, y pone de manifiesto que opera la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 61 fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que está de acuerdo con la nueva resolución incidental. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución incidental de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada por la responsable dentro del expediente laboral 971/2007 seguido por Aniceto Gómez lucero en contra de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. Por su parte, del informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que ésta adjuntó copia certificada del auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo al juicio laboral 971/2007, en el que aclaró la resolución del incidente de liquidación, misma que fue notificada a las partes en nueve de junio de dos mil quince; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 62 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Del numeral transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Para orientar el sentido de este fallo, es necesario tener presente de las constancias que informan el juicio natural, se desprende: a). En veinticuatro de marzo de dos mil quince, la junta responsable dictó la correspondiente resolución dentro del incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero (Acto que por esta vía se reclama). b). El veintinueve de mayo de dos mil quince, la junta responsable emitió un auto en el que aclara la cuantificación realizada en la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero, señalada en el inciso que antecede. En este orden de ideas, de las constancias antes aludidas se observa que el veinticuatro de marzo de dos mil quince, la junta responsable dictó la resolución correspondiente dentro del incidente de liquidación de laudo promovido por Aniceto Gómez Lucero (acto que por esta vía reclama el accionante de garantías), sin embargo, en proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, la responsable emitió una resolución en la que aclaró la relativa a dicha incidencia, y en su resolutivo primero asentó: Se condena a la demandada PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al pago de la cantidad total de $4,361,359.69 pesos (cuatro millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 69/100) cantidad total a pagar. Salvo error u omisión de carácter aritmético, por conceptos de pagos de salarios vencidos con sus incrementos, que fueron objeto de condena en laudo, cantidad que corresponde a la actualización correspondiente a los salarios caídos del periodo comprendido del 31 de enero del 2014 al 8 de septiembre del año 2014, conjuntamente con la actualización de los salarios caídos con la cantidad a pagar que se refleja en el resultando segundo de la resolución incidental de fecha 24 de marzo de 2015, se dejan a salvo los derechos de la demandada para que haga la deducción de los puestos que correspondan; en consecuencia, si la litis constitucional se constriñe a la inconstitucionalidad de la resolución relativa al incidente de liquidación, y mediante proveído de veintinueve de mayo del presente año, se realizó la aclaración de las cantidades que la demandada debe de pagar a la actora del juicio laboral, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe advertir que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de autoridad y en algunos casos de particulares, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que la actuación de aquéllos genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Al respecto, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país se han pronunciado respecto a diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. La causa de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita en párrafos precedentes, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto que se cuestiona en amparo, surge alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el referido acto es violatorio de algún derecho fundamental, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de aquél, lo que de suyo implica que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto reclamado se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del agraviado, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el particular, si se realizó la aclaración correspondiente a la resolución interlocutoria reclamada, de tal forma que el mismo accionante expresó su conformidad, dado que se subsanaron las violaciones por las que acudió ante la justicia federal, es inconcuso que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de éste ha dejado de existir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196442, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Lo anterior, en virtud de que no tendría ningún caso práctico dilucidar si la resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales, pues con independencia del sentido de la sentencia que se llegara a emitir el objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista el auto que se combate, pues en la resolución aclaratoria, se emitieron las cantidades liquidas que deberá de pagar la demandada en el juicio laboral; Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 420/2015, promovido por Aniceto Gómez Lucero, por propio derecho. Asimismo, apoya a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se ordena cancelar la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. (REPUBLICACION)

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