Anice Bolon Kuri

Expediente 769/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
769/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Anice Bolon Kuri

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 12118/2022, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictado el juicio de amparo 952/2022, de cuya lectura se advierte que solicita se le informe si este órgano jurisdiccional aceptó o no la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Anice Bolón Kury, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. Por lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire, dígase a la autoridad oficiante que mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa. Cúmplase

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del tres al siete de octubre del año en curso, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Agréguese a los autos el oficio 9801/2022, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, en vía de notificación, remite el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 952/2022, de cuyo contenido se advierte que quedó firme el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, por el cual el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal, para conocer la demanda de amparo promovida por Anice Bolón Kury, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 769/2022-I, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Por otra parte, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche y se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 3 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 4 XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 5 sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 6 definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 7 derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 8 vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 9 PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado es el auto de dos mayo de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil reivindicatorio 148/19-2020/1C-II, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, que desechó de plano 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 10 el recurso de revocación interpuesto en contra el acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, que desechó la pregunta 4 del pliego de posiciones, en el aludido juicio ordinario civil reivindicatorio. Ahora bien, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, de desechar de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del auto uno de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la pregunta 4 del pliego de posiciones, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 148/19-2020/1C-II, no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Es así, en razón de que el proveído reclamado no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de un auto que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva al tratarse de un acuerdo que declaró desierta la prueba, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir el auto reclamado, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia que se emita en el juicio ordinario civil reivindicatorio. En esa medida, podría darse el caso de que la Jueza responsable al valorar las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, podrá dictar sentencia que favorezca los intereses de la parte quejosa. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 11 Por el contrario, de dictarse sentencia contrario a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si la decisión del Jueza responsable de desechar de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del auto uno de abril de dos mil veintidós, que desechó la pregunta 4 del pliego de posiciones en el juicio ordinario civil reivindicatorio 148/19-2020/1C-II, transcendió o no al sentido de la sentencia. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra de la sentencia y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del juicio ordinario civil reivindicatorio y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/258, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 65, Mayo de 1993, página 53, intitulada: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIII, página 2366, Quinta Época, intitulada: 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 12 PRUEBA TESTIMONIAL, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE CALIFICA DE LEGALES LAS PREGUNTAS DEL INTERROGATORIO RESPECTIVO. La resolución por la cual se calificaron de legales las preguntas del interrogatorio correspondiente, al recibirse la prueba testimonial ofrecida por la contraparte del quejoso, no tiene carácter definitivo y no es reclamable en amparo indirecto, porque constituye un acto de procedimiento comprendido en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, disposición ésta que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso, cuando las pruebas no se reciben conforme a la ley, y que sólo faculta para hacer uso de la reparación constitucional que estatuye el artículo 161 del ordenamiento citado, preparando así el amparo directo contra la sentencia definitiva. Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas. Por consiguiente, en razón de que el acto reclamado no constituye un acto que tenga efectos de imposible reparación, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Anice Bolón Kury. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 53, número 374, entre avenida periférica norte V de la colonia obrera, código postal 24117, Ciudad del Carmen, Campeche. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 13 Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "Arcique". AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Rubén Darío Arcique Azcorra, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que el autorizado de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Ángel Jesús Rosado, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no cuenta con cédula profesional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 14 BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 15 En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano