Anibal Velazquez Arechiga

Expediente 93/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
93/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Anibal Velazquez Arechiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con tres minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 93/2017, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, al no existir promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que las autoridades responsables adjuntaron como sustento de su respectivo informe justificado. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron, y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 93/2017, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerreo y Actuario adscrito a la última de las autoridades mencionadas, por violación a las garantías establecidas en el artículo 17 Constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada el mismo día a este Juzgado, ********************, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerreo y Actuario adscrito a la última de las autoridades mencionadas, que hizo consistir en: "La abstención u omisión de cumplir con su obligación de notificar, citar y emplazar a la parte demandada, en el plazo establecido por la ley en el asunto laboral número ********************, esto es de conformidad con los plazos, términos y lineamientos que establece el artículo 750 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Por auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda promovida por el apoderado legal del directo quejoso ********************, registrándose con el número 93/2017, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, sin que hubiera lugar a ordenar el emplazamiento de terceros interesados, toda vez que lo que se reclama en este juicio constitucional, es la falta de llamamiento al juicio laboral de origen, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado a cabo por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a las autoridades responsables, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que las sentencias deben tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." El acto de molestia se hace consistir en: "La omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral número ********************" TERCERO. La Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, aun cuando aceptó el acto reclamado, de las constancias que remitió en su apoyo, se constata que la parte demandada ya fue emplazada desde el uno y dos de diciembre de dos mil dieciséis, según se advierte del exhorto devuelto debidamente diligenciado por la junta con sede en el Estado de Guerrero. Por su parte, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerrero igualmente aceptó el acto que se le atribuye, y manifestó que la parte demandada fue debidamente emplazada con fecha uno y dos de diciembre de dos mil dieciséis y devolvió el exhorto en febrero de dos mil diecisiete, remitiendo copia certificada de las constancias conducentes; finalmente, la Actuaria adscrita a esta última autoridad, hizo suyo el informe rendido por el presidente de la Junta a la cual se encuentra adscrita. CUARTO. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la peticionaria, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." QUINTO. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Luego, de lo asentado en el tercer considerando de la presente determinación, se constata de manera fehaciente la inexistencia de los actos reclamados pues así se corrobora con las copias certificadas que fueron allegadas en apoyo de sus informes con justificación, por parte de las responsables. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio acorde a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, párrafo segundo; sin que la parte impetrante haya desvirtuado lo advertido de dichas constancias, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 284, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En efecto, ******************** reclamó la omisión de las autoridades laborales de emplazar a juicio a los demandados; omisión que no existe, pues de las constancias remitidas por las indicadas autoridades responsables se advierte que desde el uno y dos de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, un mes antes de la presentación de la demanda de garantías ante este juzgado federal (que lo fue el dieciséis de enero de dos mil diecisiete) ya se encontraban debidamente emplazados los demandados. Conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias certificadas y remitidas por las juntas responsables, tienen pleno valor probatorio. En ese contexto, como se adelantó, no existe el acto omisivo reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada que impugna. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa. En atención al sentido del fallo, no es dable el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en relación con el fondo del acto que se analiza. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 509 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por el apoderado legal de ********************, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 6265, signado por la Encargada de la Oficina de Juicios Laborales Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al requerimiento formulado en autos. Atento a lo anterior, y a fin de lograr el exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita el acuerdo que recayó al oficio 180109614500/270/J.L. presentado ante su oficialía de partes en veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dirigido al juicio laboral ********************, en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en Iguala; con el contenido y anexo del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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