Aníbal Jesús Rabadán Arizcorreta

Expediente 456/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
456/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Aníbal Jesús Rabadán Arizcorreta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio enviado vía electrónica por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual hace saber a este juzgado que causó estado el auto por el que desechó del recurso de queja 159/2021, interpuesto por la aquí quejosa; de lo que se toma conocimiento. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, y al haberse desechado la demanda de amparo es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio enviado electrónicamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual informa que desechó por extemporáneo el recurso de queja 159/2021 de su índice, interpuesto por la parte quejosa; de lo que se toma debido conocimiento. Notifíquese vía electrónica al quejoso.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de dieciséis de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Asimismo, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad el escrito de agravios y las constancias que obran en este expediente de manera digitalizada. Finalmente, hágase del conocimiento del Tribunal a quien corresponda conocer del citado medio de impugnación que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá´ a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1241. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. RATIFICACIÓN DE FIRMA Vista la comparecencia de Anibal ..., por medio de la cual ratifica como suya la firma que calza el escrito registrado con el número 5824, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiséis de mayo del año en curso; por lo cual, se procede a acordar dicha promoción de la siguiente manera: ACTOS RECLAMADOS De la lectura integral del escrito inicial y aclaratorio de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la negativa por parte de la autoridad responsable de permitirle el acceso a la carpeta de investigación TLA-FTR-RGT-013-066272-17-04, en su calidad de imputado; así como, de impedirle ofrecer datos de pruebas en dicha indagatoria. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Hecha tal precisión, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia a que hace alusión el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Los elementos con los que se integra la aludida causa de improcedencia son los siguientes: 1) Que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3) Que por virtud de dicho medio, los actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en mención y sólo se contemplan como casos de excepción los previstos en el segundo párrafo del precepto legal citado, consistentes en: si el acto reclamado carece de fundamentación; cuando únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución; o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En este sentido, el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión constitucional, según el cual, para impugnar un acto de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los medios de defensa que la ley que regula el acto reclamado prevé. Ahora, según lo expuesto por el promovente se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación TLA-FTR-RGT-013-066-272-17-04, en su calidad de imputado; así como, no se le permite presentar datos de pruebas en dicha indagatoria. Consecuentemente, antes de acudir al presente juicio constitucional están obligados a agotar a los medios de defensa procedentes en la carpeta de investigación, la cual, al ser de naturaleza penal y al ser un agente del Ministerio Público quien la integra, se regirá conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ordenamiento legal contempla como medio de defensa el control judicial en el numeral siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El análisis del anterior dispositivo legal revela que el legislador dispuso que procede un medio de defensa legal en contra de la negativa del Representante Social, de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, derivado de ello, la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación y permitir que el imputado pueda ofrecer datos de prueba. Dicho medio de defensa consiste en que el inconforme puede acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar la omisión y/o abstención del órgano técnico investigador, y dicha autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. De ahí que, contra los actos de que se duele el impetrante, procede el medio de defensa a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque su procedencia es contra las omisiones del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, como en el caso en estudio sucede, en razón que al impedirle comparecer a la carpeta de investigación y aportar datos de prueba, se hace patente la omisión del Ministerio Público en sus funciones de órgano investigador. Cabe acotar que el caso que nos ocupa no encuadra en las excepciones que marca el precepto invocado de la normatividad de la materia analizado, esto es, no puede advertirse una carencia de fundamentación, dado que no establece el promovente una determinación especifica de la autoridad como acto reclamado; aunado a ello, dicho recurso constituye un medio de defensa establecido en una ley formal y material (Código Nacional de Procedimientos Penales). Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Paralelo a lo anterior, es menester señalar que el nuevo sistema penal acusatorio y oral prevé nuevas figuras jurídicas (procedimiento abreviado, criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios) como medios alternativos de solución de conflicto, o como los denomina el Código Nacional de Procedimientos Penales, "salidas alternas y formas de terminación anticipada", con los que se logra una pronta y expedita impartición de justicia a favor de la víctima u ofendido, al prever como requisito indispensable la reparación el daño al agraviado algunos de forma inmediata y otros admitiendo la restitución de forma diferida, de ahí que se estime que incluso por ello, deba ser el juez de control quien en una audiencia resuelva lo relativo acerca del reclamo que aquí se plantea. Además, cabe destacar que se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho del quejoso, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias; lo que no le causa perjuicio alguno, pues hasta ese momento no se produce afectación alguna en su situación jurídica. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y nueve, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Anibal .... Notifíquese vía electrónica al quejoso.

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