Anibal Alejandro Pedrero Loaiza

Expediente 693/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
693/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Anibal Alejandro Pedrero Loaiza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo el oficio con el que se remitió el juicio amparo 693/2018 promovido por Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, y del contenido del mismo se desprende que ese Tribunal de Alzada aceptó la competencia planteada a su favor. En ese contexto, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como lo dispuesto en los artículos Segundo, fracciones XVI y XX, Décimo Primero, párrafo segundo y Vigésimo, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se ordena el archivo definitivo de este cuaderno de antecedentes, que por tener carácter de expediente auxiliar, carece de valor jurídico e histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses.

  2. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta en la que *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto que atribuye al Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 693/2018. Ahora, cabe señalar que del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ***** Esto es, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la determinación de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de reclamación número *** del índice de la responsable, en la cual se confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad promovida. En el caso se considera que respecto a dicho acto reclamado no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: **** Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: No se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional del orden administrativo (Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo) (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino una resolución dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Mucho menos estamos frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de actos en juicio, pues como se dijo, la resolución reclamada de veinte de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo, dentro del expediente ***, confirmó el acuerdo que desechó su demanda de nulidad (fracción V). De igual forma no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas (fracción VI), ya que el quejoso es promovente y el juicio no fue admitido. No se trata de alguna omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza administrativa (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al combatirse la resolución de veinte de julio de dos mil dieciocho, que confirmó el acuerdo que desechó su demanda de nulidad, se advierte que estamos en la presencia de una resolución que puso fin al juicio, por lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 693/2018 promovido por ***, con las nueve copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ***, *** y ***. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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