Ania Roblejo Paneque

Expediente 750/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
750/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Ania Roblejo Paneque
  • ANIA ROBLEJO PANEQUE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente, interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.NOTIFÍQUESE POR LISTA A LOS QUEJOSOS DIRECTOS; ELECTRÓNICAMENTE AL PROMOVENTE; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil veintidós. Intégrese a los presentes autos la razón asentada por el fedatario judicial adscrito, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 750-3 dirigido a la autoridad responsable "DIRECTOR Y/O TITULAR DEL ALBERGUE Y/O ESTANCIA DEL DIF ESTATAL EN EL ESTADO DE PUEBLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA", pues señala que al trasladarse a las oficinas correspondientes para su entrega, le fue informado que no existe autoridad con esa denominación, indicándole que el DIF no cuenta con autoridades u oficinas que pertenezcan a la Estación Migratoria de Puebla, al respecto, resérvese acordar lo que al efecto corresponda hasta en tanto, la parte quejosa desahogue la prevención efectuada.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los directos quejosos Ania Roblejo Paneque, Marlon Michel García Hernández, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales M.L.G.R., y de Omar Gainza Santos, el auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, pues refiere que al constituirse en las oficinas que ocupa la Estación Migratoria de Puebla, la persona que lo atendió le manifestó que los peticionarios de amparo fueron puestos en libertad el veinticinco de julio pasado; motivo por el cual no pudo llevar a cabo la diligencia de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, notifíquese a los directos quejosos el auto de veintiocho de julio pasado, así como el presente proveído y las subsecuentes que le correspondan, por medio de lista de acuerdos.28 DE JULIO DE 2022 Visto, agréguese a los presentes autos el oficio 23221/2022, proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, remite diversas constancias que obran dentro del juicio de amparo 1315/2022 de su índice; de lo que esta autoridad toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, de los anexos remitidos por el Homólogo Federal oficiante se colige que remitió el oficio por la autoridad responsable Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estancia Provisional Migratoria en el Estado de Puebla, a través del cual, informa que acató las suspensión de plano concedida por ese órgano de control constitucional a los directos quejosos Ania Roblejo Paneque, Marlon Michel García Hernández, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales M.L.G.R., y de Omar Gainza Santos; de lo que esta autoridad queda enterada. AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En diverso punto, visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración que la demanda que se provee, fue presentada en favor del menor de edad con iniciales M.L.G.R., quien se encuentra presentado o alojado en la Estación Migratoria de Puebla del Instituto Nacional de Migración, por lo que al respecto, se provee lo siguiente: Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, presentación y/o detención de los quejosos mayores de edad, por un término mayor a treinta y seis horas. Tomando en consideración que los directos quejosos llevan alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, más de treinta y seis horas, a partir de su detención administrativa. Al respecto, el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. En ese tenor, tomando en consideración que la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es menester, que la autoridad responsable ordenadora a quien se atribuye el alojamiento de la quejosa por un plazo mayor a las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de la legislación antes invocada, emita el acuerdo de presentación respectivo y lo haga del conocimiento de la migrante mayor de edad -aquí quejosa-, así como la información a que hace alusión el diverso precepto 69 de la Ley de Migración invocada. Expuesto lo anterior, se concede la suspensión de oficio y de plano a los peticionarios de amparo, para el efecto, que las autoridades responsables emitan de inmediato, el acuerdo de presentación a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Migración y les proporcione la información sobre los tópicos destacados en el numeral 69 del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas que prevé el primero de los preceptos legales invocados, para la presentación de la migrante. Por tanto, al rendir el informe sobre el acatamiento a dicha medida suspensional, la aludida autoridad responsable deberá allegar en original o en su caso, copia certificada, de las constancias que acrediten que emitió el acuerdo de presentación respectivo, en el que se justifique el alojamiento de la quejosa en esa estación migratoria, hasta la fecha de la presentación de la demanda, y que tal determinación fue notificada a la mencionada impetrante de amparo. Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, presentación y/o detención decretada en favor del niño. Ahora bien, tomando en consideración que la demanda fue presentada en favor de diversas personas menores de edad, quienes se encuentran presentados o alojados en la Estación Migratoria de Puebla del Instituto Nacional de Migración, lo que a todas luces contraviene lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Migración, con fundamento en el citado numeral y atendiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de la quejosa que tenga la condición de niña, niño o adolescente, para el efecto que las autoridades responsables migratorias que lo tenga a su disposición, lo ponga en inmediata libertad, sin condición alguna, de lo cual deberá dar fe el actuario judicial adscrito a este juzgado. En ese sentido, atendiendo a los principios de unidad familiar, y al interés superior del menor de edad, en caso que el quejoso con calidad de menor de edad esté bajo el cuidado de algún adulto que también se encuentre presentado en la estación migratoria, deberá permitírsele su salida, quedando a cargo de la autoridad migratoria tomar las medidas que considere pertinentes para continuar, en su caso, con el procedimiento administrativo migratorio que se le instruya. En la inteligencia que, únicamente para el caso que la autoridad migratoria se encuentre jurídicamente impedida para dejar en libertad a los quejosos adultos que se encuentren al cuidado de menores, deberá justificarlo así ante esta autoridad, y de inmediato, deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, que a la letra dice: "Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del Instituto, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canalización al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá ponerles de inmediato a disposición del Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente; II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situación administrativa migratoria de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio previa notificación a la Procuraduría de Protección para su oportuna intervención; III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las determinaciones que en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección recomiende la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido y se notificará de esta situación al Consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal especializado en el tema de infancia. Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras; IV. Se informará en lenguaje claro y conforme a su edad y madurez a la niña, niño o adolescente de las implicaciones de la canalización al Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, del proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso de retorno a su país o comunidad de origen, en el caso de las niñas, niños y adolescentes nacionales repatriados; V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la niña, niño o adolescente pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. En estos casos, además de a la Procuraduría de Protección, el Instituto deberá notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de Protección, incluyendo los datos de contacto para ambos casos; VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. Dicha información se compartirá con los Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente." III. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión decretado fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos directos: Ania Roblejo Paneque y Marlon Michel García Hernández, y la niña y el niño de iniciales A.D.V. y A.A.V., la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial y permanezcan en el lugar donde actualmente se encuentran (salvo los menores, quienes por ningún motivo podrán permanecer en la Estación Migratoria, como quedó establecido en el apartado anterior), a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre que el traslado sea con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de los quejosos, de la seguridad institucional, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentran actualmente los quejosos. De igual forma, en caso que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. IV. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos directos: Ania Roblejo Paneque, Marlon Michel García Hernández, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales M.L.G.R., y de Omar Gainza Santos, se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición, los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando la quejosa directa -mayor de edad-, realice lo siguiente -siempre y cuando no se encuentre al cuidado de alguno de los quejosos menores de edad, pues en esas circunstancias, deberá estarse a lo determinado en el apartado II de este acuerdo-: a) Otorgue una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezca un domicilio o lugar en el que permanecerán, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarlos en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarle la siguiente información: Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (Cubana), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si los quejosos mayores de edad no cumplen con las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que éstos sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que la quejosos directos: Ania Roblejo Paneque y Marlon Michel García Hernández, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales M.L.G.R., y de Omar Gainza Santos; estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojados en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se les instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que los quejosos se encuentran a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. V. La incomunicación de la que son objeto los quejosos directos. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación de la que son objeto los quejosos directos para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo. En el entendido que las autoridades responsables 1. Subdirector de la Estación Migratoria, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, deberá permitir que los quejosos directos: Ania Roblejo Paneque, Marlon Michel García Hernández, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales M.L.G.R., y de Omar Gainza Santos, tengan comunicación con sus abogados o cualesquiera otro- y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Finalmente, se comunica a las autoridades responsables que la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 951 526 0619, con el correo electrónico oficial nahieli.avendano.palacios@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS DIRECTOS EN EL LUGAR EN DONDE SE ECUENTRAN PRESENTADOS O ALOJADOS; ELECTRÓNICAMENTE AL PROMOVENTE; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Nahieli Avendaño Palacios, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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