Angie Daniela Echeverri Reyes

Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
226/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Angie Daniela Echeverri Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI.- Vista la primera certificación secretarial, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    MESA IV Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, por medio del cual, desahoga en forma parcial la prevención formulada en acuerdo de ocho de marzo pasado, pues no atiende íntegramente los puntos B y C establecidos. No obstante, con la información que precisa, posibilita a emitir pronunciamiento en torno a la procedencia de la demanda. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a quien resuelve a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el caso, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El aseguramiento del departamento número 3, del inmueble ubicado en calle Ocotlán 47, esquina con Valladolid, colonia Roma, Ciudad de México. La orden de cateo del mencionado departamento. Como actos de ejecución, los daños y perjuicios ocasionados, así como la negativa de acceso al inmueble. En el entendido que, en los hechos proporcionados en el impreso de desahogo, destaca lo siguiente: "(...) Es el caso que el día 11 de noviembre de 2021, siendo aproximadamente las diecinueve horas llegaron a nuestros domicilios ubicados en Calle Ocotlán número 47 esquina con Valladolid Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, policías quienes sin identificarse y diciendo que estaban acompañados por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes sin presentar ninguna orden judicial, realizaron un cateo y detuvieron a todos los habitantes del inmueble (...). Y el inmueble completo quedó asegurado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Desde el día que ocurrió ese cateo, ordenado por el Juez de control Agustín Gaspar Moreno de la Unidad de Gestión Judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc 2 y quedó asegurado el inmueble completo (...)". Esta juzgadora, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)". Para evidenciar lo anterior, se considera necesario citar el contenido de los numerales 17 y 18 de la legislación reglamentaria; a saber: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Pues bien, la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Luego, en torno al segundo de los supuestos, que es el que interesa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia publicada en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: Bajo esa interpretación, para verificar la temporalidad en la presentación de la demanda, no es necesario que exista constancia de notificación a la parte quejosa del acto reclamado o de sus actos de ejecución, pues basta que en aquélla se haga referencia a la fecha en que se tuvo conocimiento de las actuaciones combatidas, para poder establecer la oportunidad con que se instó la acción constitucional de amparo, en tanto ello constituye una confesión, únicamente en lo atinente a ese presupuesto. Como se observa, de los antecedentes de la demanda, en relación con los datos proporcionados en el impreso de desahogo, se colige que la parte quejosa tuvo conocimiento tanto de la orden de cateo, como del aseguramiento del inmueble, desde el once de noviembre de dos mil veintiuno; data en que se ejecutó aquélla y, en la que momentos posteriores, se efectuó la diversa técnica de investigación. Bajo esa tesitura, el plazo genérico de quince días transcurrió del doce de noviembre al tres de diciembre de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles en términos del numeral 19 de la ley reglamentaria; mientras que la demanda fue presentada el cuatro de marzo de dos mil veintidós. De esta forma, es inconcuso que tales actos reclamados, incluyendo los de ejecución, fueron consentidos tácitamente. Sin que los actos combatidos se encuentren comprendidos en los casos de excepción apuntados previamente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por *****. Finalmente, glósese a los autos el oficio proveniente del juzgado Séptimo homólogo, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en proveído de ocho del mes y año en curso e informa que el treinta y uno de enero pasado, se celebró la audiencia constitucional, en el juicio ***, de su índice.

  3. Principal

    MESA IV En ocho de marzo de dos mil veintidós, Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número ****. PREVENCIÓN Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar la demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane las irregularidades en que incurrió, esto es: A. Precise bajo protesta de decir verdad, todos los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, lo que deberá hacer de una manera clara, precisa y cronológica que permita a este juzgadora pronunciarse respecto de la admisión de la demanda o lo que, en su caso, proceda. B. Indique bajo el mismo formalismo legal, como parte de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, los motivos por los que señala como responsables a las autoridades que refiere en el apartado correspondiente, pues de la demanda no se advierte su intervención en los actos reclamados. Así se considera, porque la justiciable, en el capítulo relativo, señaló como actos reclamados: ****(.)" En tanto que en el capítulo de hechos manifestó: "(.) El día 11 de noviembre de 2021, siendo aproximadamente las diecinueve horas llegaron a nuestros domicilios ubicados en (.) policías que sin identificarse y diciendo que estaban acompañados por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes sin presentar ninguna orden judicial realizaron un cateo y detuvieron a todos los habitantes del inmueble (.) Todos los habitantes de los departamentos fuimos detenidos y liberados al no haber sido legal la detención, por tanto no fuimos vinculados a proceso por haberse calificado de ilegal nuestra detención. Como lo acreditamos con el CD. Que contiene la Audiencia Inicial celebrada el 14/11/2021 en LA Unidad de Gestión 7 ante el Juez DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Mtro. ROGELIO ELÍAS SEGURA en la CARPETA JUDICIAL 007/270672021 (.) -Lo subrayado no es de origen-. De lo que se advierte, que según su narrativa, dichos elementos no precisaron alguna autoridad de manera concreta que haya intervenido en los actos reclamados que refiere; además, se hace referencia a diverso departamento en el acto señalado con el número cuatro. C. En caso de insistir en el señalamiento de la autoridad responsable indicada como "FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", precise a qué servidor o servidores públicos de esa dependencia, atribuye el(los) acto(s) reclamado(s), porque tal denominación es genérica. Esto es así, dado que el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé, entre otros requisitos de la demanda, el que se exprese la autoridad o autoridades responsables, de lo que se obtiene que debe existir correspondencia entre el acto que reclama y las autoridades a las que se lo atribuye, ya que de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, la calidad de autoridad responsable solo puede atribuírsele a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, cuya intervención debe evidenciarse a través de los antecedentes que relate bajo protesta de decir verdad. Tal requerimiento únicamente podrá desahogarlo la quejosa, no así las personas que designó como autorizadas, porque con independencia de las facultades que concede el precepto 12 de la Ley de Amparo, el señalamiento de los elementos del juicio (actos reclamados y autoridades responsables) solo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad que podría derivar de las manifestaciones que deberá realizar bajo protesta de decir verdad.

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