Angelo Bortolotti Coutiño

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Angelo Bortolotti Coutiño

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla dos de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del quince de febrero de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de febrero de dos mil veintiuno. Preámbulo Previo a dar trámite a la presente demanda es necesario destacar que atendiendo a lo dispuesto en la Circular SECNO/9/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el pasado seis de febrero, en la que se comunicó el Punto de Acuerdo adoptado en esa misma fecha por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021 los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", el cual, en esencia, dispuso lo siguiente: Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Lo anterior, implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. En el caso, la demanda de cuenta se presentó de manera electrónica, y si bien, no se solicitó su continuación bajo el esquema de juicio en línea, lo cierto es que la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico, para lo cual proporcionó una cuenta de usuario, y también solicitó la realización de sus notificaciones a través de lista, la cual es consultable en línea y, por ende, no requiere la realización de alguna notificación personal a la quejosa. En ese contexto, se estima que existen condiciones para proveer sobre la demanda de cuenta. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 94/2021-IV; asimismo se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. Angelo Bortolotti Coutiño. Tercera interesada. Marta Isabel Berra Axalco. Autoridades responsables: Juez, Comisario y Diligenciario adscritos al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado. La omisión de emplazar y notificar diversos acuerdos dictados dentro del juicio 646/2020 del índice de Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como la retención del salario para garantizar la subsistencia de su menor hija. Desechamiento: Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo presentada vía electrónica que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que la tramitación electrónica no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII y 3° de la ley de la materia. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 3°, 6°, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De los preceptos reproducidos se advierte, en lo que interesa, que el artículo 3° de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, siempre que se haga uso de la denomina firma electrónica avanzada (FIREL), cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, el Consejo de la Judicatura Federal, actuando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidieron los Acuerdos Generales Números 1/2013 y 12/2020, que se refieren a lo siguiente: A) El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y, B) El Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, del artículo 3º de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 12/2020, se desprende, en suma: 1. Que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. 2. Que a través de la Firma Electrónica Certificada es posible presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo indirecto se sigue a instancia de parte agraviada; es decir, a solicitud de aquella persona física o moral que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; solicitud que podrá realizar por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la citada ley. En efecto, para promover el juicio de amparo, el quejoso debe presentar por escrito su demanda, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la firma autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. Sirve de fundamento, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De esa manera, como se advierte, cuando la demanda de amparo presentada en línea no contiene la Firma Electrónica Certificada del quejoso, se concluye que éste no expresó la voluntad de promover el juicio constitucional, motivo por el cual el operador jurisdiccional debe desecharla de plano, al no actualizarse el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, expuesto lo anterior, debe precisarse que en el supuesto que no obre la Firma Electrónica del quejoso, pero sí obre la diversa de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dicha circunstancia tampoco revela la expresión de la voluntad del peticionario de amparo para instar la acción constitucional. Sobre esa temática, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, en sesión de ocho de octubre de dos mil dieciocho, determinó que la demanda de amparo presentada en el sistema de juicio en línea que únicamente contenga la Firma Electrónica Certificada del autorizado de la parte quejosa, debe ser desechada de plano, al no apreciarse la voluntad de quien aparece como promovente. Las consideraciones que sustentan dicho criterio, son del tenor siguiente: "(...) Consecuentemente y bajo las consideraciones hasta aquí expuestas, este Tribunal Pleno arriba a la convicción de que si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, sin que pueda ser sustituida (la firma electrónica) por la de aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues mientras no haya voluntad del quejoso para promover la demanda, las facultades procesales del autorizado no pueden surgir al momento de la presentación de la demanda. Sin que tal situación pueda considerarse una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, no amerita prevención alguna, ya que al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y, como se dijo, no hay instancia de parte, por lo que, consecuentemente, el juez de distrito está facultado para desecharla de plano." Como se advierte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se opta por el juicio en línea, la demanda de amparo debe contener la Firma Electrónica Certificada del promovente, y no del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia. Lo anterior, al considerar -esencialmente- que el ejercicio de la acción de amparo en la modalidad de "juicio en línea" se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual también es aplicable a la presentación del ocurso inicial. De ese modo, el ejercicio de la promoción de la acción constitucional no puede quedar a la voluntad del autorizado del quejoso, por lo que no puede presentar una Firma Electrónica distinta del justiciable, debido a que la implementación de las nuevas tecnologías de la información, de ninguna manera conlleva a estimar la omisión del principio de instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la demanda de amparo que es firmada electrónicamente sólo con la FIREL del autorizado del quejoso, carece de la manifestación expresa del impetrante que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Caso concreto. En la especie, del escrito de cuenta -presentado electrónicamente-, se advierte que la parte quejosa es Angelo Bortolotti Coutiño; sin embargo, carece de la Firma Electrónica del impetrante, por lo cual no es posible constatar su voluntad de promover el presente juicio de amparo. Cabe mencionar que la única Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación que se presentó con la demanda de amparo fue la del autorizado de la quejosa; aspecto que, como se indicó en párrafos anteriores, no conlleva a considerar que el promovente expresó su voluntad de instaurar la acción constitucional. Lo anterior, en tanto que ninguna persona ajena al agraviado o a su representante legal, tiene la facultad de presentar la demanda de amparo a través de la modalidad "en línea", puesto que el ejercicio de instaurar la acción de amparo se reserva al impetrante o quien ostente legalmente su representación. De esa manera, debido a que en la especie la demanda de amparo presentada en línea, no contiene la firma electrónica avanzada (FIREL) de la quejosa, y únicamente se advierte la diversa del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, es indudable que no existe evidencia de la expresión del promovente para accionar el presente sumario constitucional. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3° y 6° del mismo ordenamiento legal y del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desecharla de plano. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en la última hoja de la demanda de amparo se aprecia que se digitalizó la firma autógrafa del quejoso; sin embargo, dado que optó por promover el juicio en línea, el requisito que debió observar es el empleo de su propia firma electrónica o la de su representante legal. Cabe precisar que este órgano jurisdiccional no es indiferente ante la problemática que se ha suscitado para la obtención de la FIREL, en el sentido de que las citas para tal efecto se encuentren suspendidas; sin embargo, el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada (FIREL) y al Expediente Electrónico, dispone que se podrá utilizar un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En esa virtud, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria y el Poder Judicial de la Federación celebraron un convenio el ocho de diciembre de dos mil catorce, en el que se estableció la opción de acceder al Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal mediante la FIEL expedida por el SAT, de ahí que el quejoso pudiera encontrarse en aptitud de presentar su demanda en línea a través de la firma electrónica de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de acuerdo con el Comunicado 28/2020, del quince de julio cursante, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de ese día está disponible la APP -aplicación- para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual necesitará iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx; como se advierte a continuación: Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia en vigor, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro siguiente: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ... quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro contexto, la parte quejosa solicita la consulta del expediente electrónico mediante el nombre de usuario ...; en consecuencia, y vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario antes mencionado correspondiente a ...; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. En otro tema, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporciona en su escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista.

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