Angelita Reyes Torres

Expediente 302/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
302/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Angelita Reyes Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos reclamados a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, registrándolo bajo el número ***, de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo...resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. ... Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    ... DEMANDA DE AMPARO Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Angelita Reyes Torres, contra actos reclamados a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 302/2022/VI-B. Al respecto, se acuerda: Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propio de un Estado Constitucional de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En ese contexto, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza de los actos reclamados por la peticionaria de derechos, a fin de delimitar cuál de ellas es la aplicable en el caso a estudio y, por tanto, el órgano de control constitucional a quien corresponde conocer del citado asunto. En ese contexto, se tiene que la quejosa Angelita Reyes Torres, señaló como acto reclamado lo siguiente: La sentencia de veintiocho de febrero de la presente anualidad, dictada en el toca número 1616/2021, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por Sara Reyes Torres, en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, en los autos del juicio ordinario civil 823/2018 y su acumulado 607/2019, y por la cual se ordena la reposición del procedimiento natural para el efecto de llamar a juicio a Miguel Reyes Uscanga por conducto de quien legalmente represente la sucesión de bienes a nombre de dicha persona, al considerar que se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario. Ahora, para un mejor entendimiento de lo que se analiza, conviene precisar que en los antecedentes del acto reclamado, la quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, demandó a Sara Reyes Torres diversas prestaciones, por lo que se radicó el juicio 823/2018-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. De igual modo, refiere que al darse cuenta que se habían seguido diligencias de información testimonial Ad Perpetuam, demandó nuevamente a Sara Reyes Torres diversas prestaciones, radicándose el juicio 607/2019-III, del índice del Juzgado señalado como responsable. Posteriormente, refiere que mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de acumulación de autos 873/2019, se ordenó la acumulación del juicio ordinario civil 607/2019-III al diverso 823/2018-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Luego, manifiesta que seguida la secuela procesal en el juicio ordinario civil 823/2018-II y su acumulado 607/2019-III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, con fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia a su favor, determinando la nulidad de un contrato privado de compraventa celebrado entre la demandada Sara Reyes Torres y el occiso Miguel Reyes Uscanga, respecto del bien inmueble consistente en un predio urbano y casa habitación ubicada en la parte norte de la Avenida Independencia, del municipio de Chacaltianguis, Veracruz, declarando legitima propietaria y posesionaria a la aquí quejosa del bien en cita, condenando además a la demandada al pago de gastos y costas generados con motivo del juicio juicio ordinario civil 823/2018-II y su acumulado 607/2019-III. Con motivo de lo anterior, refiere que la demandada en el juicio natural Sara Reyes Torres, interpuso recurso de apelación, mismo que tocó conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien por resolución de veintiocho de febrero de la presente anualidad, determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara al juicio ordinario civil 823/2018-II y su acumulado 607/2019-III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, a Miguel Reyes Uscanga por conducto de quien legalmente represente la sucesión de bienes a nombre de dicha persona, al considerar que se actualiza la figura de litisconsorcio pasivo necesario. (Acto reclamado) Por ende, se concluye que los actos reclamados en esta vía, son de ejecución material, pues se materializan a través de actos positivos que provocan un cambio en el mundo exterior; por tanto, correspondería conocer de dichos actos al Juez de Distrito en el lugar donde se ejecutarán los mismos. No obstante, es menester precisar que de la lectura de la demanda, se advierte que esos actos se reclaman en el contexto de un procedimiento civil, de manera que el principio de ejecución, se traslada directamente al proceso, porque es ahí donde tienen impacto preponderantemente; es decir, ante la potestad de Juez Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Se afirma lo anterior, ya que la resolución emitida por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal al juez de primera instancia para que se verifique una restitución de los derechos transgredidos, esto es, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento traen consigo un principio de ejecución material en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Robustecen lo anterior las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 2a./J.13/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, apoya lo anterior por sus consideraciones, la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." En tal virtud, los efectos del acto reclamado y las acciones que lo motivaron se trasladan directamente al juicio ordinario civil 823/2018-II y su acumulado 607/2019-III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Hechas las anteriores precisiones, de conformidad con el criterio jurisprudencial citado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto es aquel en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del juicio ordinario civil 823/2018-II y su acumulado 607/2019-III, esto es, donde reside el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. De ahí que este Juzgado de Distrito carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto; ello dado que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Boca del Río, ejercen jurisdicción en el lugar en donde tiene su residencia el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, en el que se encuentra radicado el juicio ordinario civil 823/2018-II y su acumulado 607/2019-III. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para que por su conducto lo turne al Juez de Distrito que corresponda. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y de este proveído. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. La anterior determinación, la adopta la suscrita juzgadora, a fin de evitar un retraso en la impartición de justicia, pues de lo contrario se podría causar un entorpecimiento en el derecho de acceso a la justicia de las partes, y por ende, es que se consideró declinar la competencia en los términos antes expuestos. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Castillo Gómez y Manuel Martín González López, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros 11183 y 44642, y con las restricciones que impone la última parte del precepto en cita a Marlen Valeria Espinosa Juárez y Analí Martínez Hernández, por así haberlo solicitado la parte quejosa. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. En atención a la solicitud del promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como "Dcastillo63", por lo que se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el registro correspondiente en el referido sistema, del usuario antes referido a fin de que el promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico. De igual modo, tómese nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado por la quejosa en su escrito inicial de demanda, con la finalidad de entablar comunicaciones no procesales. FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado firmen los oficios que emanen del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano