Angelino Ostria Cuevas

Expediente 443/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
443/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Angelino Ostria Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 15 a 19), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Angello Ostria Cuevas; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Cumple prevención Visto el escrito signado por Angello Ostria Cuevas, por propio derecho, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinte de mayo del presente año (fojas 8 a 12) y al efecto, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: Que tuvo conocimiento del acto reclamado -auto de vinculación- el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Se desecha demanda de amparo Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado el siguiente: El auto de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 26/2019, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, con el carácter de Juez de Control, por el delito de Portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y por Posesión de Cartuchos del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que operó el consentimiento tácito del acto reclamado al presentar la demanda fuera de los plazos establecidos para ello. Al respecto, los numerales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, se entiende que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por ello, resulta correcto precisar que cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercer la acción respectiva prevista en la propia ley de la materia, tal conducta se tiene como una manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. En este contexto, señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. La citada regla general admite excepciones, entre otras, que el acto que se reclama se encuentre en el supuesto de que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por otra parte, el numeral 18 del mismo ordenamiento, precisa que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al amparista del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de las normas autoaplicativas, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Partiendo de esas premisas, como se adelantó, el acto reclamado lo constituye el auto de vinculación decretado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Entonces, la promoción de la demanda de amparo respecto de la determinación mencionada, debió efectuarse dentro del término genérico de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ello, en razón de que no se actualizó alguna de las excepciones legales para su observancia, ya que no se reclamó una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que impusiera una pena de prisión; o que se impugnaran actos que afecten derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Se afirma lo anterior, porque el acto reclamado fue emitido dentro de procedimiento, específicamente en la causa penal 26/2019, seguido en contra del impetrante, por el delito de Portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y por Posesión de Cartuchos del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; por tanto, no puede ser considerado como ataque a la libertad personal "fuera de procedimiento". Cabe señalar, que el plazo para la interposición del juicio de amparo, comenzó a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En tales condiciones, si el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado -auto de vinculación-, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veinticinco de febrero al quince de marzo de dos mil diecinueve, sin contar los días dos, tres, nueve y diez de marzo de dos mil diecinueve, por ser días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Febrero 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 22 (Fecha de conocimiento del acto reclamado) 23 Día inhábil 24 Día inhábil 25 Día (1) 26 Día (2) 27 Día (3) 28 Día (4) Marzo 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día (5) 2 Día inhábil 3 Día inhábil 4 Día (6) 5 Día (7) 6 Día (8) 7 Día (9) 8 Día (10) 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 Día (11) 12 Día (12) 13 Día (13) 14 Día (14) 15 Último día (15) 16 Día inhábil En esta tesitura, se concluye que la parte quejosa, consintió tácitamente el acto que tilda de inconstitucional, dado que omitió promover el juicio constitucional dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo, pues la demanda que dio inicio el presente juicio de amparo, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común hasta el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenían para impugnar los actos que reclama. Lo anterior es así, porque en la especie, la naturaleza del acto reclamado impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el numeral 17 de la ley de la materia, esto es, no es un acto en el que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; no se trata de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se esté en presencia de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Y menos se está en presencia de un acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia dictada por el Pleno de nuestro máximo tribunal, consultable en el Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Sin que pase inadvertido que se reclama un acto restrictivo de la libertad; sin embargo, se insiste, se trata de actos dentro de procedimiento. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dilucidó el punto y precisó que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

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