Angelina Vazquez Soto
Expediente 452/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Angelina Vazquez Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinte de octubre pasado, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún esté transcurriendo el término de la notificación del oficio 14389/2020, girado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por el que se le hace saber tal determinación, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a la autoridad responsable, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo siete, junio de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página setecientos seis, cuyos título y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos treinta y cuatro, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en los capítulos cuarto y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14, 20 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción en los plazos siguientes: El duplicado del incidente de suspensión, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. El expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Antes de proceder a la destrucción de dichos expedientes, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe de la desintegración material que al efecto se designe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, encargado del despacho por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, asimismo, remite copias certificadas deducidas del exhorto 111/2019-I, de su índice, y manifiesta que el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Actuaria de su adscripción entregó el oficio de descuento ordenado por el Juez Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán y, posterior a ello, debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19, se suspendieron las actividades del juzgado a su cargo en el periodo comprendido del dieciocho de marzo al seis de julio del presente año, por lo que hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la Secretaria Actuaria adscrita se constituyó en la Octava Región Militar, domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, para emplazar al demandado Isidro Cardoza Zacarías; diligencia que no pudo llevar a cabo, pues en el área jurídica le informaron que la persona buscada es elemento operativo, sale del municipio constantemente y tarda de uno a cinco meses en regresar. En esa tesitura, el suscrito considera que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, atento a lo dispuesto por el diverso numeral 62. Esa porción normativa dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, han cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explica. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento el impetrante de la tutela constitucional deja de verse afectado en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. Así, se tiene que por escrito recibido vía electrónica el nueve de septiembre de dos mil veinte, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Angelina Vázquez Soto, por conducto de apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto siguientes: "III- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco de Juárez Guerrero. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- La inactividad y omisión procesal en el cumplimiento del exhorto número 111/2019 derivado del juicio Ordinario Familiar Oral, 553/2019 que sobre divorcio sin expresión de causa promueve mi poderdante ANGELINA VÁZQUEZ SOTO frente a ISIDRO CARDOZA ZACARÍAS mismo juicio que se encuentra en el índice del Juzgado Primero Civil de Lázaro Cárdenas Michoacán, el cual fue enviado a la autoridad responsable en el mes de enero del año 2020 sin que hasta la fecha le diera cumplimiento pues han pasado nueve meses sin que se emplace a la parte demandada ISIDRO CARDOZA ZACARÍAS quien trabaja actualmente en la Octava Región Naval Secretaria de Marina Armada de México en Acapulco Guerrero. 2.- La violación al derecho humano de mi poderdante ANGELINA VÁZQUEZ SOTO a una justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues han pasado nueve meses sin que la autoridad responsable emplace al tercero perjudicado ISIDRO CARDOZA ZACARÍAS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerado el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de diez de septiembre del año en curso, se previno al promovente para que exhibiera el documento con el que acreditara su personalidad, por lo que, previo desahogo de la aludida prevención, el veintiuno de septiembre posterior se admitió a trámite la demanda de mérito, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al fiscal federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, las copias fotostáticas certificadas deducidas del exhorto 111/2019-I, que remite la autoridad responsable, entre las que se encuentran el acta circunstanciada de veinticuatro de septiembre pasado, levantada por la Secretaria Actuaria de su adscripción, y el comprobante postal de envío de la citada comunicación al juzgado exhortante, cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ya que las expidió un servidor público en ejercicio de sus funciones. Así, cabe señalar que en este asunto la quejosa reclamó la omisión o negativa del juez responsable de dar cumplimiento a la diligencia solicitada en el exhorto 111/2019, librado dentro de los autos del Juicio Ordinario Familiar Oral 553/2019, del índice del Juzgado Primero Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán; sin embargo, de las documentales de mérito, se advierte que mediante oficio 519 de veinticuatro de septiembre del presente año, el juez responsable devolvió parcialmente diligenciado el exhorto 111/2019-I, toda vez que la fedataria de su adscripción entregó el oficio de descuento a la fuente de trabajo del demandado Isidro Cardoza Zacarías, viéndose imposibilitada para llevar a cabo el emplazamiento del antes nombrado, por no haberlo localizado. Por ello, es evidente que al haberse emitido tal determinación, trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, en términos del precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que autoriza a sobreseer fuera de audiencia, sin necesidad de esperar la data señalada para esa diligencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ibídem; máxime, que ese motivo de improcedencia es manifiesto e indudable y está demostrado con documento público. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página setenta y uno, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Atento a lo anterior, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza como ya se dijo de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y con fundamento en el ordinal 63, fracción V, ibídem, procede sobreseer en el juicio. La anterior determinación también encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que este órgano jurisdiccional no pasa por alto lo que establece el numeral 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en el sentido de dar vista a la parte quejosa cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia, ya que ésta al actualizarse de modo manifiesto e indudable, resultaría ocioso diferir el presente juicio de garantías por esa cuestión, porque el sentido del fallo no cambiaría, es decir, sería el mismo, y lo anterior, contravendría lo que estatuye el numeral 17 constitucional, por cuanto hace a la administración de justicia pronta y expedita. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.
- Incidental
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María Hernández Villegas, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental decretada en este asunto sin la asistencia de las partes. La secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra el acuerdo en el que se decretó la suspensión provisional, notificaciones realizadas a las partes y demás constancias que obran en el incidente de suspensión. El juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, adjuntó a su informe previo copias certificadas deducidas del exhorto 111/2019-I, de su índice. El juez acuerda: con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las documentales referidas; como no existen probanzas de las demás partes por desahogar se cierra esta etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: como no existen alegatos de las partes, se declara precluido su derecho para ello. En ese contexto, al no encontrase diligencia alguna pendiente de desahogo, se declara cerrada la presente audiencia y se pasa a dictar la resolución siguiente: Vistos; para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 452/2020, promovido por Angelina Vázquez Soto, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Solís Rumbo; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. La parte quejosa solicitó la suspensión respecto de los actos y autoridad siguientes: "III- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco de Juárez Guerrero. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- La inactividad y omisión procesal en el cumplimiento del exhorto número 111/2019 derivado del juicio Ordinario Familiar Oral, 553/2019 que sobre divorcio sin expresión de causa promueve mi poderdante ANGELINA VÁZQUEZ SOTO frente a ISIDRO CARDOZA ZACARÍAS mismo juicio que se encuentra en el índice del Juzgado Primero Civil de Lázaro Cárdenas Michoacán, el cual fue enviado a la autoridad responsable en el mes de enero del año 2020 sin que hasta la fecha le diera cumplimiento pues han pasado nueve meses sin que se emplace a la parte demandada ISIDRO CARDOZA ZACARÍAS quien trabaja actualmente en la Octava Región Naval Secretaria de Marina Armada de México en Acapulco Guerrero. 2.- La violación al derecho humano de mi poderdante ANGELINA VÁZQUEZ SOTO a una justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues han pasado nueve meses sin que la autoridad responsable emplace al tercero perjudicado ISIDRO CARDOZA ZACARÍAS. Actos que considera vulneran los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso se ordenó tramitar esta incidencia, se pidió informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado y se fijó fecha de audiencia, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Ahora bien, a efecto de proveer sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, cabe destacar que la identificación de éstos, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, al interpretar la verdadera intención de la promovente, analizando la información allegada en esta inicial etapa por la justiciable. En ese orden, es necesario precisar las conductas que el quejoso reclama en la especie, por lo que después de la lectura integral del ocurso que se provee, se advierte que el acto reclamado es: La omisión o negativa del juez responsable de dar cumplimiento a la diligencia solicitada en el exhorto 111/2019, librado dentro de los autos del Juicio Ordinario Familiar Oral ***/****, del índice del Juzgado Primero Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en virtud de que no se ha emplazado al demandado ****** ******* ********. SEGUNDO. El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos reclamados e hizo del conocimiento de este juzgador federal que el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Actuaria de su adscripción entregó el oficio de descuento ordenado por el Juez Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán y, posterior a ello, debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19, se suspendieron las actividades del juzgado a su cargo en el periodo comprendido del dieciocho de marzo al seis de julio del presente año, por lo que hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, su Secretaria Actuaria adscrita se constituyó en la Octava Región Militar, domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, para emplazar al demandado ****** ******* ********; diligencia que no pudo llevar a cabo, pues en el área jurídica le informaron que la persona buscada es elemento operativo, sale del municipio constantemente y tarda de uno a cinco meses en regresar. Ahora bien, las copias fotostáticas certificadas deducidas del exhorto 111/2019-I, que remitió el juez responsable, consistentes en el acta circunstanciada de veinticuatro de septiembre pasado, levantada por la Secretaria Actuaria de su adscripción, y el comprobante postal de envío de la citada comunicación al juzgado exhortante, cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ya que las expidió un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la parte quejosa fue omisa en allegar medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa propuesta, no obstante que en términos del artículo 81 del precitado Código, le correspondía la carga de la prueba para acreditar la injerencia de esa autoridad en la emisión del acto reclamado; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 124 de la invocada ley, interpretado contrario sensu, se estima procedente negar la suspensión definitiva, pues no existe materia sobre qué decretarla. De conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento treinta y tres, del tomo segundo, julio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO.(...)." (...) Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 128, 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ******** ******* ****, de conformidad con lo establecido en el segundo considerando de esta resolución."
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