Angelina Rutila Mendoza Ayala

Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
155/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Angelina Rutila Mendoza Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de la actuación que obra en el juicio laboral de origen, misma que se tiene por exhibida para los efectos legales conducentes. Vista. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la documental exhibida y las demás obrantes en autos, relativas al cumplimiento, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que transcurrido el mismo sin que realicen manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá lo conducente tomando en consideración las constancias existentes en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, el cual quedó registrado con el número 109/2022; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa ****, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de quince de febrero del año en curso, dictado en este juicio constitucional, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, así como de las demás constancias relativas. Ríndase informe ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; como se advierte de las constancias que se remitirán a ese órgano colegiado para la calificación y consecuente substanciación del recurso de cuenta. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; quince de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 155/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el presente asunto la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de trece de enero de dos mil veintidós dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio agrario 513/2019, en la que, que se decreta la nulidad de notificación hecha al perito designado por la parte quejosa, y como consecuencia de ello, declaró el desinterés en el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía, agrimensura, arquitectura y construcción, ofertada por la impetrante. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Asimismo, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se colige que el acto reclamado es la resolución interlocutoria de trece de enero de dos mil veintidós dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio agrario 513/2019, mediante la cual el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho declaró nula la notificación por comparecencia realizada al perito designado por la parte actora -aquí quejosa- y desechó la prueba pericial en materia de topografía, agrimensura, arquitectura y construcción, por desinterés en su desahogo de la parte oferente. Precisado lo anterior, se está en presencia de actos que por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos. Ciertamente, el acto reclamado no es de imposible reparación pues tiene que ver con el desahogo de una prueba dentro del juicio de origen; lo que en forma genérica se ubica como una violación al procedimiento acorde a lo dispuesto en la fracción V, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, se trata sólo de un acto dentro del citado juicio agrario, que puede o no ser favorable para la inconforme al resolverse; es decir, en caso de obtener sentencia favorable, las supuestas violaciones reclamadas no tendrán ninguna trascendencia y, de ser desfavorable, podrá impugnar las violaciones que le afecten en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia respectiva, para que, en su caso, se ordene la restitución de sus derechos; esto en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XXI.3o.11 L, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 1124, Novena época, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS DENTRO DE UN INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA INTERLOCUTORIA QUE LO DECIDE DEBE COMBATIRSE EN AMPARO INDIRECTO JUNTO CON LA QUE RESUELVA LA DE SUSTITUCIÓN PATRONAL. Cuando en la fase ejecutiva de un laudo que se pronunció en un juicio laboral se tramite un incidente de sustitución patronal, y contra las actuaciones practicadas dentro de este último se haga valer el incidente de nulidad, opera una excepción a la regla prevista por el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que en tratándose de actos dictados en o para ejecución del laudo o sentencia debe esperarse a la emisión de la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución, pudiendo hacerse valer, además, las violaciones cometidas durante tal procedimiento. La excepción de referencia se actualiza porque la materia del incidente de sustitución patronal consiste en determinar si el demandado incidentista es el propietario o responsable de la fuente de trabajo demandada en el juicio laboral, a cargo de quien resulta el pago de las prestaciones que conforman la condena impuesta en el laudo, por lo que la resolución que ponga fin al incidente de nulidad es combatible en amparo indirecto hasta que se reclame la interlocutoria que decida el incidente de sustitución patronal dentro del que se planteó la nulidad, porque ésta, sin ser la última resolución que deba dictarse dentro del procedimiento de ejecución del laudo, puede controvertirse mediante el juicio de garantías biinstancial por tratarse de una resolución dictada después de concluido el juicio, en la que se determinará si entre el actor del expediente laboral y el demandado incidentista existe o no relación jurídica, y si el segundo de los mencionados tiene o no la obligación de cumplimentar la condena decretada en el laudo, esto es, se decidirá si se le obliga al pago de la condena o se le libera de toda responsabilidad; de manera que para reclamar vía amparo indirecto la determinación que decide la nulidad de actuaciones dentro del incidente de sustitución patronal, no habrá que esperar hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo." En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Domicilio y autorizados. Téngase por autorizados para esos únicos efectos a ************, por así haberlo solicitado la promovente; así mismo, se tienen por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Reyes Román y Adelita Vences Peña, ya que el presente asunto proviene de un juicio agrario. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. En virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "************", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo y las notificaciones se realicen por esa vía, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. Por lo que no ha lugar a tener como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el señalado por el promovente. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Correo electrónico. Téngasele por señalado el correo electrónico que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del cual debe precisarse que únicamente tiene como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

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