Angelina Pluma Pérez
Expediente 953/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Angelina Pluma Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 195 y 196). Vista que atendieron los terceros interesados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, todos de esta Entidad Federativa, en el sentido que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria (fojas 206 a 209). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a la quejosa principal Angelina Pluma Pérez, la protección constitucional, para el efecto que el Tribunal responsable procediera en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte uno nuevo en el que: a) Reitere todas aquellas consideraciones que no son materia de concesión, vinculadas con la acción de indemnización constitucional, prestaciones accesorias y lo resuelto en torno a los codemandados. b) Siguiendo los lineamientos decretados en esta ejecutoria, considere que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo. c) Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre el monto que, en su caso, debe cubrirse a la parte actora por concepto de indemnización por riesgo de trabajo. d) En el entendido que, para tal efecto, podrá ordenar por excepción la apertura de incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar previamente si las afectaciones derivadas de dicho evento producen o no a la actora algún grado de incapacidad, y en función de ello determinar si debe o no cubrirse alguna indemnización económica a la trabajadora, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. e) Absuelva de la acción reconvencional intentada por la demandada Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala" (fojas 131 vuelta y 132). Mientras que en el amparo adhesivo promovido por la quejosa Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se resolvió negar la protección constitucional solicitada. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno emitió un nuevo laudo en el que dejó insubsistente el reclamado de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 157). En ese nuevo laudo, siguiendo las indicaciones dadas en el fallo protector: 1. Reiteró las siguientes determinaciones que no fueron materia de concesión: a) La declaratoria de infundado del incidente de tacha de los testigos Patricia Cruz García y José Luis Cuahutle Armas, ofrecidos por la parte actora, promovido por la parte demandada (foja 170). b) La absolución de los diversos demandados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas, y Pensiones Civiles, todos de esta Entidad Federativa; así como la absolución en favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo" (foja 176). c) La existencia de la relación laboral solamente entre la actora Angelina Pluma Pérez y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, la fecha de inicio de ese vínculo (nueve de mayo de dos mil cinco) y las actividades desempeñadas por la accionante (ibídem). d) Que la jornada laboral comprendía de las ocho a las diecisiete horas, de lunes a viernes (foja 178). e) El último salario quincenal percibido por la actora, por la cantidad de $4,055.75 (ibídem). f) Que la actora fue despedida de manera injustificada el veinte de enero de dos mil catorce (foja 180). g) La condena al pago de la indemnización constitucional por la cantidad de $24,334.20, y salarios caídos a partir de la fecha en que ocurrió el despido injustificado (ibídem). h) La condena al pago de aguinaldo por la cantidad de $10,815.20 (foja 182). i) La absolución por concepto de prima de antigüedad, diferencias salariales y del reconocimiento en el sentido que la actora se desempeñó como servidor público definitivo, por tiempo indeterminado y de base (fojas 180 vuelta y 182). 2. Consideró que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo (fojas 182 vuelta a 191). 3. En uso de la posibilidad que se le otorgó en la ejecutoria de amparo, la responsable ordenó por excepción la apertura de incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar previamente si las afectaciones derivadas de dicho evento producen o no a la actora algún grado de incapacidad, y en función de ello determinar si debe o no cubrirse alguna indemnización económica a la trabajadora, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (foja 191 vuelta). 4. Con libertad de jurisdicción condenó al pago de salarios devengados, reclamados del quince de agosto de dos mil trece al veinte de enero de dos mil catorce, por la cantidad de $41,909.40 (foja 192). 5. Finalmente, absolvió de la acción reconvencional intentada por la demandada Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala (foja 193). II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (fojas 195 y 196), los terceros interesados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, todos de esta Entidad Federativa, se pronunciaron en el sentido que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria pretendido por la responsable, en síntesis, porque en el nuevo laudo se tuvo por demostrado que existió despido injustificado y porque se condenó al reconocimiento que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la parte actora, constituye un accidente de trabajo (fojas 206 a 209). Sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes, pues a través de ellos se pretenden cuestionar, por un lado, determinaciones del nuevo laudo que la autoridad responsable reiteró por no haber sido materia de concesión, como es el caso de la existencia del despido injustificado, tal como ha quedado explicado; mientras que, por otro lado, se busca controvertir un hecho que constituye cosa juzgada en esta instancia constitucional, precisamente porque en la ejecutoria de amparo se estableció, como uno de los efectos del fallo protector, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala debía considerar que el evento acaecido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo. De ahí que tales determinaciones no puedan ser materia de análisis al pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por su idea jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 195 y 196). Vista que atendieron los terceros interesados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, todos de esta Entidad Federativa, en el sentido que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria (fojas 206 a 209). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a la quejosa principal Angelina Pluma Pérez, la protección constitucional, para el efecto que el Tribunal responsable procediera en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte uno nuevo en el que: a) Reitere todas aquellas consideraciones que no son materia de concesión, vinculadas con la acción de indemnización constitucional, prestaciones accesorias y lo resuelto en torno a los codemandados. b) Siguiendo los lineamientos decretados en esta ejecutoria, considere que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo. c) Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre el monto que, en su caso, debe cubrirse a la parte actora por concepto de indemnización por riesgo de trabajo. d) En el entendido que, para tal efecto, podrá ordenar por excepción la apertura de incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar previamente si las afectaciones derivadas de dicho evento producen o no a la actora algún grado de incapacidad, y en función de ello determinar si debe o no cubrirse alguna indemnización económica a la trabajadora, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. e) Absuelva de la acción reconvencional intentada por la demandada Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala" (fojas 131 vuelta y 132). Mientras que en el amparo adhesivo promovido por la quejosa Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se resolvió negar la protección constitucional solicitada. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno emitió un nuevo laudo en el que dejó insubsistente el reclamado de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 157). En ese nuevo laudo, siguiendo las indicaciones dadas en el fallo protector: 1. Reiteró las siguientes determinaciones que no fueron materia de concesión: a) La declaratoria de infundado del incidente de tacha de los testigos Patricia Cruz García y José Luis Cuahutle Armas, ofrecidos por la parte actora, promovido por la parte demandada (foja 170). b) La absolución de los diversos demandados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas, y Pensiones Civiles, todos de esta Entidad Federativa; así como la absolución en favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo" (foja 176). c) La existencia de la relación laboral solamente entre la actora Angelina Pluma Pérez y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, la fecha de inicio de ese vínculo (nueve de mayo de dos mil cinco) y las actividades desempeñadas por la accionante (ibídem). d) Que la jornada laboral comprendía de las ocho a las diecisiete horas, de lunes a viernes (foja 178). e) El último salario quincenal percibido por la actora, por la cantidad de $4,055.75 (ibídem). f) Que la actora fue despedida de manera injustificada el veinte de enero de dos mil catorce (foja 180). g) La condena al pago de la indemnización constitucional por la cantidad de $24,334.20, y salarios caídos a partir de la fecha en que ocurrió el despido injustificado (ibídem). h) La condena al pago de aguinaldo por la cantidad de $10,815.20 (foja 182). i) La absolución por concepto de prima de antigüedad, diferencias salariales y del reconocimiento en el sentido que la actora se desempeñó como servidor público definitivo, por tiempo indeterminado y de base (fojas 180 vuelta y 182). 2. Consideró que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo (fojas 182 vuelta a 191). 3. En uso de la posibilidad que se le otorgó en la ejecutoria de amparo, la responsable ordenó por excepción la apertura de incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar previamente si las afectaciones derivadas de dicho evento producen o no a la actora algún grado de incapacidad, y en función de ello determinar si debe o no cubrirse alguna indemnización económica a la trabajadora, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (foja 191 vuelta). 4. Con libertad de jurisdicción condenó al pago de salarios devengados, reclamados del quince de agosto de dos mil trece al veinte de enero de dos mil catorce, por la cantidad de $41,909.40 (foja 192). 5. Finalmente, absolvió de la acción reconvencional intentada por la demandada Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala (foja 193). II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (fojas 195 y 196), los terceros interesados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, todos de esta Entidad Federativa, se pronunciaron en el sentido que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria pretendido por la responsable, en síntesis, porque en el nuevo laudo se tuvo por demostrado que existió despido injustificado y porque se condenó al reconocimiento que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la parte actora, constituye un accidente de trabajo (fojas 206 a 209). Sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes, pues a través de ellos se pretenden cuestionar, por un lado, determinaciones del nuevo laudo que la autoridad responsable reiteró por no haber sido materia de concesión, como es el caso de la existencia del despido injustificado, tal como ha quedado explicado; mientras que, por otro lado, se busca controvertir un hecho que constituye cosa juzgada en esta instancia constitucional, precisamente porque en la ejecutoria de amparo se estableció, como uno de los efectos del fallo protector, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala debía considerar que el evento acaecido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo. De ahí que tales determinaciones no puedan ser materia de análisis al pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por su idea jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 195 y 196). Vista que atendieron los terceros interesados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, todos de esta Entidad Federativa, en el sentido que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria (fojas 206 a 209). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a la quejosa principal Angelina Pluma Pérez, la protección constitucional, para el efecto que el Tribunal responsable procediera en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte uno nuevo en el que: a) Reitere todas aquellas consideraciones que no son materia de concesión, vinculadas con la acción de indemnización constitucional, prestaciones accesorias y lo resuelto en torno a los codemandados. b) Siguiendo los lineamientos decretados en esta ejecutoria, considere que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo. c) Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre el monto que, en su caso, debe cubrirse a la parte actora por concepto de indemnización por riesgo de trabajo. d) En el entendido que, para tal efecto, podrá ordenar por excepción la apertura de incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar previamente si las afectaciones derivadas de dicho evento producen o no a la actora algún grado de incapacidad, y en función de ello determinar si debe o no cubrirse alguna indemnización económica a la trabajadora, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. e) Absuelva de la acción reconvencional intentada por la demandada Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala" (fojas 131 vuelta y 132). Mientras que en el amparo adhesivo promovido por la quejosa Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se resolvió negar la protección constitucional solicitada. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno emitió un nuevo laudo en el que dejó insubsistente el reclamado de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 157). En ese nuevo laudo, siguiendo las indicaciones dadas en el fallo protector: 1. Reiteró las siguientes determinaciones que no fueron materia de concesión: a) La declaratoria de infundado del incidente de tacha de los testigos Patricia Cruz García y José Luis Cuahutle Armas, ofrecidos por la parte actora, promovido por la parte demandada (foja 170). b) La absolución de los diversos demandados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas, y Pensiones Civiles, todos de esta Entidad Federativa; así como la absolución en favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo" (foja 176). c) La existencia de la relación laboral solamente entre la actora Angelina Pluma Pérez y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, la fecha de inicio de ese vínculo (nueve de mayo de dos mil cinco) y las actividades desempeñadas por la accionante (ibídem). d) Que la jornada laboral comprendía de las ocho a las diecisiete horas, de lunes a viernes (foja 178). e) El último salario quincenal percibido por la actora, por la cantidad de $4,055.75 (ibídem). f) Que la actora fue despedida de manera injustificada el veinte de enero de dos mil catorce (foja 180). g) La condena al pago de la indemnización constitucional por la cantidad de $24,334.20, y salarios caídos a partir de la fecha en que ocurrió el despido injustificado (ibídem). h) La condena al pago de aguinaldo por la cantidad de $10,815.20 (foja 182). i) La absolución por concepto de prima de antigüedad, diferencias salariales y del reconocimiento en el sentido que la actora se desempeñó como servidor público definitivo, por tiempo indeterminado y de base (fojas 180 vuelta y 182). 2. Consideró que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo (fojas 182 vuelta a 191). 3. En uso de la posibilidad que se le otorgó en la ejecutoria de amparo, la responsable ordenó por excepción la apertura de incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar previamente si las afectaciones derivadas de dicho evento producen o no a la actora algún grado de incapacidad, y en función de ello determinar si debe o no cubrirse alguna indemnización económica a la trabajadora, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (foja 191 vuelta). 4. Con libertad de jurisdicción condenó al pago de salarios devengados, reclamados del quince de agosto de dos mil trece al veinte de enero de dos mil catorce, por la cantidad de $41,909.40 (foja 192). 5. Finalmente, absolvió de la acción reconvencional intentada por la demandada Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala (foja 193). II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (fojas 195 y 196), los terceros interesados Poder Ejecutivo, Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, todos de esta Entidad Federativa, se pronunciaron en el sentido que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria pretendido por la responsable, en síntesis, porque en el nuevo laudo se tuvo por demostrado que existió despido injustificado y porque se condenó al reconocimiento que el hecho ocurrido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la parte actora, constituye un accidente de trabajo (fojas 206 a 209). Sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes, pues a través de ellos se pretenden cuestionar, por un lado, determinaciones del nuevo laudo que la autoridad responsable reiteró por no haber sido materia de concesión, como es el caso de la existencia del despido injustificado, tal como ha quedado explicado; mientras que, por otro lado, se busca controvertir un hecho que constituye cosa juzgada en esta instancia constitucional, precisamente porque en la ejecutoria de amparo se estableció, como uno de los efectos del fallo protector, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala debía considerar que el evento acaecido el catorce de febrero de dos mil doce, narrado por la demandante, constituye un accidente de trabajo. De ahí que tales determinaciones no puedan ser materia de análisis al pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por su idea jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
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