Angelina Montes Dias

Expediente 1205/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1205/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2016

Partes del expediente

  • Angelina Montes Dias

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otra, de quienes reclama la notificación y/o requerimiento de permiso de construcción, y como consecuencia la suspensión definitiva de la construcción en el lugar que aduce, es de su propiedad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1205/2016, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX, de la ley en consulta. Lo anterior es así, porque el peticionario de garantías - señala como acto reclamado la notificación y/o requerimiento de permiso de construcción, y como consecuencia la suspensión definitiva de la construcción en el lugar que aduce, es de su propiedad. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con la citada Ley. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del precepto trascrito en párrafos anteriores, texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Así, en términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es procedente contra actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, no obstante la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El primer requisito se encuentra satisfecho, ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de la Dirección de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, cuya naturaleza es meramente administrativa, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado, existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el peticionario de amparo debió recurrir el acto que combate ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos. Lo anterior es así, en virtud de que, en atención a dicho principio, no debe soslayarse que el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dispone: "ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley." En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, confiere competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de los juicios que se promuevan contra cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal que en ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias de la Administración Pública Estatal o Municipal en perjuicio de particulares. De lo anterior, se advierte que en contra de los actos reclamados, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos impugnados y consecuentemente el ahora impetrante de garantías, pueda obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. Cabe señalar además que el juicio de que se trata, con independencia de que el acto o los actos en sí mismos sean o no susceptibles de ser suspendidos, paraliza los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, dado que los artículos 142 a 149 de la Ley de Justicia Administrativa reproducen literalmente los preceptos relativos de la invocada Ley de Amparo; motivo por el cual se actualiza la tercera y cuarta hipótesis y con ello cobra vigencia la causa de improcedencia antes aludida, prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, debe precisarse que si bien es verdad que conforme a la fracción y numeral antes citados, como excepción al principio de definitividad, no existe obligación de agotar tal medio de defensa si los actos reclamados carecen de fundamentación, no menos lo es que en el caso a estudio la parte aquí quejosa sí tiene la obligación de agotar el medio de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de amparo, pues no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el expresado juicio de nulidad, puesto que mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, la parte afectada puede ser oída con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; siendo así, es evidente que en el caso, la parte quejosa debe, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley que rige los actos de molestia. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, sustentado en la tesis de jurisprudencia número XX.J/1, visible en la página 94, Tomo I, Abril de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Octubre de 1999, página 448, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Luego, si la ahora quejosa noTransparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así solicitarlo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, y con facultades amplias a Javier Solano Serrano, en razón de que se trata de un asunto en materia administrativa y acreditó tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, de fecha nueve de agosto de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre del mismo año. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Luis Isidro Chavarría Robles, Secretario que autoriza y da fe. LICR*

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