Angelina Mauleón Rodríguez

Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Angelina Mauleón Rodríguez
  • ANGELINA MAULEÓN RODRÍGUEZ y Otros.
  • JUAN TRINIDAD ZEPEDA MAULEON y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese el comunicado del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso electrónico del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos, personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula en el sistema correspondiente; en atención a su contenido y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con los nombres de usuarios proporcionados, para consultar el expediente de las resoluciones que lleguen a dictarse en este asunto a través de la vía electrónica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. *Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 580/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informe justificado; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones. Pronunciamiento: se admite y desahoga por su propia naturaleza y al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte quejosa los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 580/2023, promovido por ..., por propio derecho contra actos del Juez Sexagésimo Sexto Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 22 Constitucionales. Segundo. Admisión. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés -ante el returno del asunto por conocimiento previo que realizó el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México- se radicó la demanda de amparo declarando la validez de las actuaciones judiciales practicadas por el órgano remitente; otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó notificar la radicación a las partes. Tercero. Trámite. La representante social no intervino, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada, y fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el asunto, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común en materia civil con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados son: Los acuerdos de siete y dieciséis, ambos de noviembre de dos mil veintidós, dictados por el Juez Sexagésimo Sexto Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento 828/2022; en el primero se proveyó desfavorable la petición de la quejosa en ser oída sobre la multa impuesta en la audiencia de veintisiete de octubre anterior, y en el segundo se tuvo por no interpuesto el recurso de revocación contra el propio auto de siete de noviembre. Tercero. Existencia. La certeza de la actuación combatida quedó acreditada con el informe justificado rendido por la Juez responsable en sentido afirmativo; certeza corroborada con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. ... Actuación que integra el otro acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, respecto del proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. El acto reclamado contraviene las garantías de acceso a la jurisdicción tuteladas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 62, 63, 72, 73, 79 fracción I, 685 y 966 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, toda vez que carece de motivación y fundamentación, pues la autoridad responsable realizó una interpretación inadecuada de la norma, al no considerar los diferentes elementos que debió haber tomado en cuenta para emitir sus determinaciones. Lo anterior, toda vez que conforme el artículo 62 del Código Adjetivo aplicable, se tuvo que haber fijado audiencia para que fueran escuchados respecto a la imposición de la multa que se les impuso, pues la disposición legal debe ante todo responder al fin supremo de la justicia, por lo que debió haber utilizado la equidad, como una regla de interpretación y de posible aplicación de las leyes para, en su caso, no consumar la imposición de una medida de apremio excesiva, lo que prohíbe la Constitución. En el asunto de origen no se realizó alguna conducta impropia, delictuosa o que tendiera al desorden sino únicamente el ejercicio del derecho a disentir y por ello se les sancionó de una manera desproporcionada, en ese sentido, contrario a lo determinado por la responsable se tuvo que dar la oportunidad al posible infractor procesal de controvertir la multa mediante la garantía de audiencia plasmada en el precepto 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, esto es, de ser oído y vencido en la incidencia respectiva, de ahí que sean inconstitucionales los actos que emitió el juzgador natural. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados de manera conjunta porque atañen a temas afines, conforme el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, no asiste razón a los inconformes en los conceptos de violación, pues como la responsable lo determinó en el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, conforme el precepto 966 de la legislación adjetiva aplicable, contra las resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, tratándose de los procedimientos de controversia de arrendamiento, la cual en relación con el diverso numeral 967 de dicho ordenamiento legal dispone que deberá interponerse en la forma y términos previstos por el Título Décimo Segundo del Código de Procedimientos Civiles. De ahí que a la determinación de siete de noviembre de dos mil veintidós debe de aplicarse dicha regla, pues se pronunció en ejecución de sentencia. Así, contrario a lo que señala la parte quejosa, de manera expresa la legislación aplicable establece que las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia en los juicios de controversia de arrendamiento -en el caso el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós-, serán recurribles mediante el recurso de apelación, por lo que fue correcto el proceder de la responsable al no dar trámite a la revocación interpuesta por la parte quejosa en el que pretendía impugnar dicho acuerdo, ya que como lo fundamentó el juzgador de origen conforme el precepto 685 del ordenamiento legal en cita, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite en términos del numeral 79, fracción I de dicha legislación. Lo anterior, pues lo que intenta combatir la parte quejosa es la determinación que acordó la petición que realizó para que el juez de origen señalara audiencia para que fuera oída, sobre la multa impuesta en diligencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. De lo que se observa, no se trata de una simple determinación de trámite, pues versa sobre la negativa de dar garantía de audiencia conforme el numeral 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de que las pretensiones de la ahora quejosa van encaminadas a que se modifique el auto en comento, de ahí que lo que proceda para ello es el recurso de apelación en términos del precepto 966 del multicitado ordenamiento legal. En ese sentido, contrario a lo alegado no es aplicable al caso se impugne dicha determinación mediante el recurso de revocación, toda vez que como se ve, la legislación aplicable establece es impugnable mediante la apelación de ahí que rige el supuesto establecido en el precepto de referencia, tal como lo determinó el juez de origen. Lo cual se corrobora al acudir al mandato contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, que obliga a la autoridad a dictar sus resoluciones conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley; máxime que tampoco se alegó la necesidad de integrar las normas ante una laguna, o regulación insuficiente en el apartado especial del Código Adjetivo Local. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/1 (10a.), visible en la página 1184, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dispone: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. APELACIÓN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA CUANTÍA DEL ASUNTO, AUNQUE SU TRÁMITE SE HAYA LLEVADO A CABO ESTANDO VIGENTES LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. Los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su texto vigente conforme al decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre de 2009, regulan lo relativo al recurso de apelación, como lo es su objeto, tipo de apelación, su trámite, quiénes deben interponerlo, y en cuanto a su procedencia se condiciona a que el monto del asunto no sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios reclamados. Sin embargo, los artículos 966, 967 y 968 del citado código que se encuentran dentro del título décimosexto Bis, que regula específicamente las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios de arrendamiento inmobiliario, así como en contra de las resoluciones intermedias que se dicten en esa clase de procedimientos y asimismo precisan la forma de cómo se ha de substanciar dicho recurso, además de mencionar que las reglas generales del apartado de recursos son aplicables en materia de arrendamiento inmobiliario sólo en lo que no se opongan a las especiales. En este orden de ideas debe concluirse que, en tratándose del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en contra de resoluciones intermedias de un juicio de arrendamiento inmobiliario, tramitado ya estando vigente la reforma de 10 de septiembre de 2009, no le es aplicable la regla general inherente al requisito de procedencia que atiende al monto o cuantía del asunto, pues este tipo de controversias se regulan y tramitan en un capítulo especial de la ley, que no condiciona ni supedita la procedencia del recurso de apelación a la cuantía o monto del negocio. Aunado a que atendiendo al principio de especialidad, las reglas generales de los recursos sólo serán aplicables en lo que no se opongan a las reglas especiales que regulan la materia del arrendamiento inmobiliario, y que deben prevalecer, en las cuales se contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones intermedias o la sentencia definitiva sin condición alguna." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación son infundados, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal, respecto del proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Sexto. Causal de improcedencia respecto del acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós. Es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad tutelado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado, partes vinculadas y estado procesal del juicio de origen, no se actualizan. Se afirma lo anterior, porque, la parte peticionaria de amparo no es tercera extraña al juicio natural, pues conoce completa y exactamente su existencia, incluso manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha comparecido al procedimiento de origen, incluso ha interpuesto diversos medios de defensa. Es decir, la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696, 950, y 951, todos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. [.]" "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. [.]" "Artículo 691. [.] Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. [.] Artículo 696.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior al equivalente a siete mil quinientos pesos, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a siete mil quinientos pesos, monto que se actualizará en la forma indicada en el párrafo anterior, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá a la sala la queja planteada junto con su informe justificado en el término de cinco días para que se resuelva dentro de igual término. Declarada fundada la queja que interponga el apelante, la sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días. Al declararse infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten recurso. También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado a la sala en el término de cinco días, y éste resolverá en igual plazo. Si el tribunal confirmare la resolución apelada, hará efectiva la garantía fijada por el juez o por el tribunal a favor de la contraparte." "Artículo 950.- Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a afecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. "Artículo 951.- Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía." Como se aprecia de los numerales transcritos, en específico del artículo 691 y 696, el recurso de apelación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el auto reclamado, pues por el mismo se puede lograr su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Al respecto, se cita la jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el particular y al tratarse de una controversia de arrendamiento, son aplicables los artículos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que regulan al recurso de apelación y disponen que los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, con lo que se denota su efectividad, además, con dicho recurso se puede lograr la modificación o revocación del acto impugnado, razones por la que el recurso citado resulta ser idóneo y eficaz. De ahí que, al no haberse agotado el medio de defensa en cita, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida; consecuentemente, procede decretar el SOBRESEIMIENTO, por el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, respecto del acto reclamado que se analiza, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Sexagésimo Sexto Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, en términos del diverso quinto de esta sentencia. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo 580/2023, promovido por ..., por propio derecho contra actos del Juez Sexagésimo Sexto Civil de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ LA SECRETARIA

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano