Angelina Martínez Cruz

Expediente 211/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 29 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
211/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Angelina Martínez Cruz
  • Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    INC 211/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. 1. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el día de hoy causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, acuerdo del que se agrega copia a este expediente; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la quejosa Angelina Martínez Cruz en interlocutoria dictada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 2. Archivo. Como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos, ni asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del incidente de suspensión (depurable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. 4. Duplicado de incidente (destruible). Se precisa que por interlocutoria dictada el dieciocho de marzo del año en curso se acordó lo procedente al destino del duplicado del incidente de suspensión (destruible). 5. Instrucción a la Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del original del incidente de suspensión obre la leyenda de que este último es depurable y en el duplicado, destruible y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 211/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria una resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el trece de junio del año en curso, firmada y autorizada el veintidós de junio siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Angelina Martínez Cruz, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y terceras interesadas, toda vez que, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia sea consultable por internet. 5. Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Al haberse negado por una parte a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Destino del incidente de suspensión. Del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 9. Devolución de un disco a la autoridad responsable. Como la autoridad responsable juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, con su informe justificado remitió un disco certificado en formato dvd; por tanto, se ordena la devolución de esa documental, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA II-B Visto, para resolver el juicio de amparo número 211/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero del año en curso en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Angelina Martínez Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión que atribuye al a) juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución al b) agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, denominación correcta de la autoridad que inicialmente señaló como coordinador General de Órdenes de Aprehensión dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Admisión de la demanda. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 211/2022, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Separación de autos. En proveído de nueve de mayo del año que transcurre se ordenó: a) La separación de autos a fin de que se formara un nuevo expediente respecto del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada contra la aquí agraviada en la causa penal 946/2021, que atribuye al juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución a la agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; y, b) Se determinó que en este juicio de amparo se continuaría conociendo de los actos reclamados relativos a las órdenes de aprehensión, que la quejosa dice se libraron en su contra en las causas penales 356/2019, 346/2019 y 523/2021, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y la ejecución de esas capturas, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. Cuarto. Emplazamiento. El veinticinco de mayo del año en curso se proveyó emplazar a esta instancia constitucional en su carácter de terceros interesados a Amelia García Revilla y María Teresa García Revilla, por tener la calidad de ofendidas en la causa penal 356/2019, así como a la licenciada Roxana Reyes Vásquez, en su carácter de fiscal Investigador III de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General de Estado de Oaxaca, dado que tuvo intervención en el referido expediente penal, quienes se apersonaron mediante escrito y oficio con números de folio 7700 y 7644. Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto de ejecución se reclama de una autoridad residente en La Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en este juicio de amparo por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en las órdenes de aprehensión dictadas en su contra en las causas penales 356/2019, 346/2019 y 523/2021, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. Tercero. Inexistencia de diversos actos reclamados. La autoridad responsable a) juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en las órdenes de aprehensión dictadas contra la agraviada, en las causas penales 346/2019 y 523/2021, sin que esta última haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. La diversa responsable b) agente Estatal de Investigaciones encargada del Grupo de Aprehensiones, residente en la Experimental, San Antonio de la Cal, en su informe justificado no se pronunció respecto a la existencia o inexistencia del acto que se le combate, relativo a la ejecución de las referidas órdenes de captura; sin embargo, al haber negado la autoridad ordenadora la existencia de esos mandamientos, es lógico y jurídico concluir que no existe la ejecución que se reclama a la responsable ejecutora. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos analizados en este considerando, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de otros actos reclamados. Respecto a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 356/2019 y su ejecución, las autoridades responsables a) juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y b) agente Estatal de Investigaciones encargada del Grupo de Aprehensiones, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, convinieron en su existencia. Al efecto, la citada autoridad judicial manifestó, en lo sustancial, que en el órgano judicial a su cargo se instruye la causa penal 356/2019 contra la aquí quejosa Angelina Martínez Cruz y de otra persona, como probables responsables en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude cometido en perjuicio patrimonial de Amelia García Revilla y María Teresa García Revilla, en la que en audiencia celebrada el dos de febrero de dos mil veintidós se libró orden de aprehensión, para el efecto de hacerlos comparecer ante ese Juzgado y se desahogue la audiencia de imposición de medida cautelar. Certeza que se evidencia del registro de audio y video que remitió la juez responsable, en el que consta la audiencia de fecha dos de febrero de dos mil veintidós celebrada en la causa penal 356/2019, de la que se desprende se libró orden de aprehensión contra Angelina Martínez Cruz, por habérsele declarado sustraída de la acción de la justicia al no haber comparecido al desahogo de las audiencias intermedia y de imposición de medida cautelar. Documental (naturaleza jurídica que tiene el disco versátil) a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo; respecto al valor de ese disco, se cita la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" Quinto. Causas de improcedencia. Este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se efectúa el estudio de la litis planteada en esta vía constitucional. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Séptimo. Estudio del fondo del asunto. Es infundado el concepto de violación vertido por la quejosa, aun suplido en su deficiencia, conforme a la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. La quejosa argumenta, esencialmente, que con la emisión del acto reclamado la autoridad responsable ordenadora transgrede sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que, refiere, se emitió en su contra una orden de aprehensión por un delito que no ha cometido; sin embargo, cabe precisar que el estudio de esa orden de captura, si bien deriva de un proceso penal, su naturaleza no va encaminada a analizar el ilícito que se le imputa a la acusada, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, ni los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte de la procesada, sino que es utilizada como sanción a algún incumplimiento dentro de un proceso penal, por lo que este estudio se limitará, a corroborar si el supuesto que actualizó la juez responsable para emitir la orden de referencia, encuadra en los artículos que la ley adjetiva contempla para ese efecto. Resulta aplicable, por el espíritu que la rige, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página mil trescientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil dos, Novena Época, de rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional." El acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de aprehensión decretada el dos de febrero de dos mil veintidós, en la causa penal 356/2019, por la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, fecha en la que se había programado el desahogo de la audiencia de imposición de medida cautelar. Del registro audiovisual de dicha diligencia, que fue justipreciado con anterioridad, se advierte que la autoridad judicial responsable determinó emitir la orden de aprehensión a petición del agente del Ministerio Público, quien justificó su solicitud argumentando que se había decretado la sustracción a la acción de la justicia de la inculpada, aquí quejosa Angelina Martínez Cruz, por no haber justificado su inasistencia en las fechas señaladas para la celebración de la audiencia intermedia, a saber, el trece de agosto y cinco de noviembre de dos mil veintiuno, así como en la fecha en la que tendría verificativo la imposición de la medida cautelar, fijada para el dos de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, de la reproducción del disco remitido se advierte que: I. En la causa penal 356/2019, que se instruye contra la aquí quejosa, inicialmente fue señalado el trece de agosto de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia intermedia, lo que la juez responsable, dice, fue notificado a la promovente en los correos electrónicos que proporcionó para recibir notificaciones. II. Posteriormente, ante la inasistencia de la inculpada, se fijó el cinco de noviembre del año próximo pasado, a efecto de que tuviera verificativo dicha audiencia, en la que, incluso, el abogado particular de esta última renunció a su cargo, argumentando que no tenía contacto con la acusada; lo que la juez de la causa, refiere, también fue hecho del conocimiento de la agraviada a través de los citados medios electrónicos. III. De igual forma, la responsable manifiesta que se notificó a la inculpada, aquí quejosa, que el dos de febrero de dos mil veintidós debía comparecer a la audiencia de imposición de medida cautelar; apercibida que de no unirse a esta última, se consideraría un desacato a un mandato de autoridad judicial. IV. Llegada esa fecha (para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de imposición de medida cautelar) se hizo constar la incomparecencia de la quejosa, lo que dio lugar a que el agente del Ministerio Público solicitara a la juez de Control librara orden de aprehensión contra la inculpada. V. La juez responsable, atento a esa petición y al considerar que se actualizan los supuestos para la sustracción de la acción de la justicia, a saber: - La incomparecencia injustificada de la quejosa en las citas judiciales que se efectuaron para llevar a cabo la audiencia intermedia, lo que, dice, denota que no está dispuesta a someterse a la tramitación de su proceso y su culminación, pues, incluso, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno su abogado particular renunció al cargo bajo el argumento que había perdido contacto con la acusada; y, - Que la agraviada fue notificada y apercibida para que compareciera a dichas audiencias y a la programada para llevar a cabo la imposición de la medida cautelar (dos de febrero de dos mil veintidós). Dio lugar a que la declarara sustraída de la acción de la justicia y, como consecuencia de ello, ordenó su aprehensión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141, 142, 143, 145 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Los artículos citados por la autoridad responsable disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión. La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial. El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos. La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad. El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata. La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso. La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido". De los artículos transcritos se advierte que la autoridad judicial cuenta con diversas facultades en el proceso penal acusatorio a fin de garantizar la presencia del imputado en el mismo, de suerte que si éste evade una citación judicial, previa petición del agente del Ministerio Público podrá girar orden de aprehensión en su contra. Con independencia de lo anterior, el legislador consideró que, bajo ciertas actuaciones del inculpado frente al proceso, deberá ser considerado como sustraído de la acción de la justicia, tal es el caso de que no comparezca a una citación judicial sin que se acredite la causa justificada, dando lugar a la emisión de dicha orden de captura. De ahí que, con base en ese marco normativo, en suplencia de la deficiencia del concepto de violación expuesto por la quejosa, se estima que la autoridad responsable ordenadora acató lo establecido en el artículo 16 constitucional, en razón de que la determinación que constituye el acto reclamado, la sustenta en una correcta fundamentación y motivación, pues el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente, prevé el caso de libramiento de una orden de aprehensión ante la declaratoria judicial de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, entre otros supuestos, porque sin causa justificada, no hubiere comparecido a una citación judicial teniendo la obligación de hacerlo. Y abona a la legalidad de la determinación combatida, la inasistencia de la quejosa a las audiencias intermedia y de imposición de la medida cautelar, pese a que fue notificada de esas diligencias a través de los correos electrónicos que proporcionó, para tal efecto, en la causa penal 356/2019; notificaciones que la juez responsable consideró tienen estimación probatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales (00:20:34 del disco). Con lo cual, la actuación de la agraviada se subsumió en la hipótesis normativa que previene que si el acusado no acató una citación judicial sin causa justificada, debe ser considerado sustraído de la acción de la justicia y podrá dictarse en su contra una orden de aprehensión, de suerte que las circunstancias antes narradas legitiman la acción de la juez de la causa para emitir la orden de captura que se tilda de inconstitucional, al haber quedado satisfechos los requisitos que impone el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, es infundado el concepto de violación donde la quejosa sostiene que la orden de privarla de su libertad vulnera los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, contrario a ello, puede apreciarse que esa orden de captura cumple con las exigencias que establece el numeral 141, fracción III, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la agraviada, sin causa justificada, no compareció a las audiencias a que fue citada, por lo que se le declaró sustraída de la acción de la justicia y, además, ante la petición del agente del Ministerio Público se libró en su contra una orden de aprehensión. Por tal motivo y al no advertir queja deficiente por suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Angelina Martínez Cruz. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, al no combatirse por vicios propios, ya que éste sólo es el encargado de ejecutar el mandamiento de captura, por lo que su actuación se hace depender de la ilegalidad que se atribuye a la ordenadora. Es aplicable al anterior criterio, la jurisprudencia número 12, visible en la página 41, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, Octubre de 1994, de la Octava Época, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Precisión. No pasa inadvertido que la orden de aprehensión que se reclama hubiese sido emitida contra Angélica Martínez Cruz y no contra la aquí quejosa Angelina Martínez Cruz, toda vez que de la reproducción del disco remitido, se aprecia que la audiencia de imposición de la medida cautelar fue desahogada en la causa penal 356/2019, que se instruye contra esta última; además, el agente del Ministerio Público solicitó se librara una orden de aprehensión contra la aquí quejosa Angelina Martínez Cruz, lo que la juez responsable analizó y decidió en esa audiencia. Es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, página 668, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO, PUNTO RESOLUTIVO DE LA. ERROR EN LA CITA DEL NOMBRE DEL QUEJOSO. Cuando de los puntos de los resultandos y considerativos de la sentencia recurrida, se advierta que el juez analizó y decidió en relación a la acción constitucional intentada por el quejoso, pero en el punto resolutivo erróneamente señala un nombre diverso al de la persona que intentó el juicio de garantías, esta sola circunstancia no es suficiente para establecer que tal sentencia resolvió acerca de persona distinta al promovente del amparo, en contravención del artículo 76 de la Ley de la Materia, pues debe atenderse al contenido íntegro de aquélla". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Angelina Martínez Cruz contra los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión dictadas en las causas penales 346/2019 y 523/2021, lo que atribuye al juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. En términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Angelina Martínez Cruz contra la orden de aprehensión emitida en la causa penal 356/2019, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. Por las razones y fundamentos expresados en el considerando séptimo de esta resolución. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente, y a la quejosa en el domicilio que aclaró en la diligencia de notificación realizada el doce de mayo del año en curso, ubicado en calle Guerrero número quinientos trece, Centro Histórico, en la ciudad de Oaxaca (foja 70). Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintidós de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LAS TERCERAS INTERESADAS, PREVIO AVISO Visto, para resolver el juicio de amparo número 211/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero del año en curso en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Angelina Martínez Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión que atribuye al a) juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución al b) agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, denominación correcta de la autoridad que inicialmente señaló como coordinador General de Órdenes de Aprehensión dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Admisión de la demanda. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 211/2022, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Separación de autos. En proveído de nueve de mayo del año que transcurre se ordenó: a) La separación de autos a fin de que se formara un nuevo expediente respecto del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada contra la aquí agraviada en la causa penal 946/2021, que atribuye al juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución a la agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; y, b) Se determinó que en este juicio de amparo se continuaría conociendo de los actos reclamados relativos a las órdenes de aprehensión, que la quejosa dice se libraron en su contra en las causas penales 356/2019, 346/2019 y 523/2021, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y la ejecución de esas capturas, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. Cuarto. Emplazamiento. El veinticinco de mayo del año en curso se proveyó emplazar a esta instancia constitucional en su carácter de terceros interesados a Amelia García Revilla y María Teresa García Revilla, por tener la calidad de ofendidas en la causa penal 356/2019, así como a la licenciada Roxana Reyes Vásquez, en su carácter de fiscal Investigador III de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General de Estado de Oaxaca, dado que tuvo intervención en el referido expediente penal, quienes se apersonaron mediante escrito y oficio con números de folio 7700 y 7644. Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto de ejecución se reclama de una autoridad residente en La Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en este juicio de amparo por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en las órdenes de aprehensión dictadas en su contra en las causas penales 356/2019, 346/2019 y 523/2021, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. Tercero. Inexistencia de diversos actos reclamados. La autoridad responsable a) juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en las órdenes de aprehensión dictadas contra la agraviada, en las causas penales 346/2019 y 523/2021, sin que esta última haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. La diversa responsable b) agente Estatal de Investigaciones encargada del Grupo de Aprehensiones, residente en la Experimental, San Antonio de la Cal, en su informe justificado no se pronunció respecto a la existencia o inexistencia del acto que se le combate, relativo a la ejecución de las referidas órdenes de captura; sin embargo, al haber negado la autoridad ordenadora la existencia de esos mandamientos, es lógico y jurídico concluir que no existe la ejecución que se reclama a la responsable ejecutora. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos analizados en este considerando, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de otros actos reclamados. Respecto a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 356/2019 y su ejecución, las autoridades responsables a) juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y b) agente Estatal de Investigaciones encargada del Grupo de Aprehensiones, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, convinieron en su existencia. Al efecto, la citada autoridad judicial manifestó, en lo sustancial, que en el órgano judicial a su cargo se instruye la causa penal 356/2019 contra la aquí quejosa Angelina Martínez Cruz y de otra persona, como probables responsables en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude cometido en perjuicio patrimonial de Amelia García Revilla y María Teresa García Revilla, en la que en audiencia celebrada el dos de febrero de dos mil veintidós se libró orden de aprehensión, para el efecto de hacerlos comparecer ante ese Juzgado y se desahogue la audiencia de imposición de medida cautelar. Certeza que se evidencia del registro de audio y video que remitió la juez responsable, en el que consta la audiencia de fecha dos de febrero de dos mil veintidós celebrada en la causa penal 356/2019, de la que se desprende se libró orden de aprehensión contra Angelina Martínez Cruz, por habérsele declarado sustraída de la acción de la justicia al no haber comparecido al desahogo de las audiencias intermedia y de imposición de medida cautelar. Documental (naturaleza jurídica que tiene el disco versátil) a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo; respecto al valor de ese disco, se cita la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" Quinto. Causas de improcedencia. Este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se efectúa el estudio de la litis planteada en esta vía constitucional. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Séptimo. Estudio del fondo del asunto. Es infundado el concepto de violación vertido por la quejosa, aun suplido en su deficiencia, conforme a la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. La quejosa argumenta, esencialmente, que con la emisión del acto reclamado la autoridad responsable ordenadora transgrede sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que, refiere, se emitió en su contra una orden de aprehensión por un delito que no ha cometido; sin embargo, cabe precisar que el estudio de esa orden de captura, si bien deriva de un proceso penal, su naturaleza no va encaminada a analizar el ilícito que se le imputa a la acusada, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, ni los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte de la procesada, sino que es utilizada como sanción a algún incumplimiento dentro de un proceso penal, por lo que este estudio se limitará, a corroborar si el supuesto que actualizó la juez responsable para emitir la orden de referencia, encuadra en los artículos que la ley adjetiva contempla para ese efecto. Resulta aplicable, por el espíritu que la rige, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página mil trescientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil dos, Novena Época, de rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional." El acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de aprehensión decretada el dos de febrero de dos mil veintidós, en la causa penal 356/2019, por la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, fecha en la que se había programado el desahogo de la audiencia de imposición de medida cautelar. Del registro audiovisual de dicha diligencia, que fue justipreciado con anterioridad, se advierte que la autoridad judicial responsable determinó emitir la orden de aprehensión a petición del agente del Ministerio Público, quien justificó su solicitud argumentando que se había decretado la sustracción a la acción de la justicia de la inculpada, aquí quejosa Angelina Martínez Cruz, por no haber justificado su inasistencia en las fechas señaladas para la celebración de la audiencia intermedia, a saber, el trece de agosto y cinco de noviembre de dos mil veintiuno, así como en la fecha en la que tendría verificativo la imposición de la medida cautelar, fijada para el dos de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, de la reproducción del disco remitido se advierte que: I. En la causa penal 356/2019, que se instruye contra la aquí quejosa, inicialmente fue señalado el trece de agosto de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia intermedia, lo que la juez responsable, dice, fue notificado a la promovente en los correos electrónicos que proporcionó para recibir notificaciones. II. Posteriormente, ante la inasistencia de la inculpada, se fijó el cinco de noviembre del año próximo pasado, a efecto de que tuviera verificativo dicha audiencia, en la que, incluso, el abogado particular de esta última renunció a su cargo, argumentando que no tenía contacto con la acusada; lo que la juez de la causa, refiere, también fue hecho del conocimiento de la agraviada a través de los citados medios electrónicos. III. De igual forma, la responsable manifiesta que se notificó a la inculpada, aquí quejosa, que el dos de febrero de dos mil veintidós debía comparecer a la audiencia de imposición de medida cautelar; apercibida que de no unirse a esta última, se consideraría un desacato a un mandato de autoridad judicial. IV. Llegada esa fecha (para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de imposición de medida cautelar) se hizo constar la incomparecencia de la quejosa, lo que dio lugar a que el agente del Ministerio Público solicitara a la juez de Control librara orden de aprehensión contra la inculpada. V. La juez responsable, atento a esa petición y al considerar que se actualizan los supuestos para la sustracción de la acción de la justicia, a saber: - La incomparecencia injustificada de la quejosa en las citas judiciales que se efectuaron para llevar a cabo la audiencia intermedia, lo que, dice, denota que no está dispuesta a someterse a la tramitación de su proceso y su culminación, pues, incluso, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno su abogado particular renunció al cargo bajo el argumento que había perdido contacto con la acusada; y, - Que la agraviada fue notificada y apercibida para que compareciera a dichas audiencias y a la programada para llevar a cabo la imposición de la medida cautelar (dos de febrero de dos mil veintidós). Dio lugar a que la declarara sustraída de la acción de la justicia y, como consecuencia de ello, ordenó su aprehensión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141, 142, 143, 145 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Los artículos citados por la autoridad responsable disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión. La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial. El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos. La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad. El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata. La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso. La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido". De los artículos transcritos se advierte que la autoridad judicial cuenta con diversas facultades en el proceso penal acusatorio a fin de garantizar la presencia del imputado en el mismo, de suerte que si éste evade una citación judicial, previa petición del agente del Ministerio Público podrá girar orden de aprehensión en su contra. Con independencia de lo anterior, el legislador consideró que, bajo ciertas actuaciones del inculpado frente al proceso, deberá ser considerado como sustraído de la acción de la justicia, tal es el caso de que no comparezca a una citación judicial sin que se acredite la causa justificada, dando lugar a la emisión de dicha orden de captura. De ahí que, con base en ese marco normativo, en suplencia de la deficiencia del concepto de violación expuesto por la quejosa, se estima que la autoridad responsable ordenadora acató lo establecido en el artículo 16 constitucional, en razón de que la determinación que constituye el acto reclamado, la sustenta en una correcta fundamentación y motivación, pues el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente, prevé el caso de libramiento de una orden de aprehensión ante la declaratoria judicial de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, entre otros supuestos, porque sin causa justificada, no hubiere comparecido a una citación judicial teniendo la obligación de hacerlo. Y abona a la legalidad de la determinación combatida, la inasistencia de la quejosa a las audiencias intermedia y de imposición de la medida cautelar, pese a que fue notificada de esas diligencias a través de los correos electrónicos que proporcionó, para tal efecto, en la causa penal 356/2019; notificaciones que la juez responsable consideró tienen estimación probatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales (00:20:34 del disco). Con lo cual, la actuación de la agraviada se subsumió en la hipótesis normativa que previene que si el acusado no acató una citación judicial sin causa justificada, debe ser considerado sustraído de la acción de la justicia y podrá dictarse en su contra una orden de aprehensión, de suerte que las circunstancias antes narradas legitiman la acción de la juez de la causa para emitir la orden de captura que se tilda de inconstitucional, al haber quedado satisfechos los requisitos que impone el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, es infundado el concepto de violación donde la quejosa sostiene que la orden de privarla de su libertad vulnera los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, contrario a ello, puede apreciarse que esa orden de captura cumple con las exigencias que establece el numeral 141, fracción III, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la agraviada, sin causa justificada, no compareció a las audiencias a que fue citada, por lo que se le declaró sustraída de la acción de la justicia y, además, ante la petición del agente del Ministerio Público se libró en su contra una orden de aprehensión. Por tal motivo y al no advertir queja deficiente por suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Angelina Martínez Cruz. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, al no combatirse por vicios propios, ya que éste sólo es el encargado de ejecutar el mandamiento de captura, por lo que su actuación se hace depender de la ilegalidad que se atribuye a la ordenadora. Es aplicable al anterior criterio, la jurisprudencia número 12, visible en la página 41, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, Octubre de 1994, de la Octava Época, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Precisión. No pasa inadvertido que la orden de aprehensión que se reclama hubiese sido emitida contra Angélica Martínez Cruz y no contra la aquí quejosa Angelina Martínez Cruz, toda vez que de la reproducción del disco remitido, se aprecia que la audiencia de imposición de la medida cautelar fue desahogada en la causa penal 356/2019, que se instruye contra esta última; además, el agente del Ministerio Público solicitó se librara una orden de aprehensión contra la aquí quejosa Angelina Martínez Cruz, lo que la juez responsable analizó y decidió en esa audiencia. Es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, página 668, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO, PUNTO RESOLUTIVO DE LA. ERROR EN LA CITA DEL NOMBRE DEL QUEJOSO. Cuando de los puntos de los resultandos y considerativos de la sentencia recurrida, se advierta que el juez analizó y decidió en relación a la acción constitucional intentada por el quejoso, pero en el punto resolutivo erróneamente señala un nombre diverso al de la persona que intentó el juicio de garantías, esta sola circunstancia no es suficiente para establecer que tal sentencia resolvió acerca de persona distinta al promovente del amparo, en contravención del artículo 76 de la Ley de la Materia, pues debe atenderse al contenido íntegro de aquélla". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Angelina Martínez Cruz contra los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión dictadas en las causas penales 346/2019 y 523/2021, lo que atribuye al juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. En términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Angelina Martínez Cruz contra la orden de aprehensión emitida en la causa penal 356/2019, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y su ejecución, por el agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones. Por las razones y fundamentos expresados en el considerando séptimo de esta resolución. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente, y a la quejosa en el domicilio que aclaró en la diligencia de notificación realizada el doce de mayo del año en curso, ubicado en calle Guerrero número quinientos trece, Centro Histórico, en la ciudad de Oaxaca (foja 70). Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintidós de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado

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