Angelina María Ubaldo Mendoza
Expediente 1456/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Angelina María Ubaldo Mendoza
- Angelina María Ubaldo Mendoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercero interesado interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el veinticuatro de enero pasado (fojas 23 a 25), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de veinticuatro de enero del año en curso , donde se ordenó formar los tomos de pruebas (foja 23). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al que adjunta copia certificada del recurso de revisión 352/2017 y copia certificada del expediente administrativo 339/2016. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmense los cuaderno auxiliares I y II, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tiene como delegado de la autoridad responsable, a la persona que menciona. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable, acúsesele el recibo correspondiente. Ahora, de autos aparece que la parte quejosa Angelina María Ubaldo Mendoza reclamó de los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la resolución de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión 352/2017, mediante la cual se desechó por improcedente el citado recurso, interpuesto contra la parte relativa del juicio de nulidad 339/2016, en el que la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ordenó requerir al quejoso para que exhibiera el original del acuerdo de concesión 11055 de treinta de noviembre de dos mil cuatro, para efectos de tener mayores elementos de convicción (sin apercibimiento alguno). ? La Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, convinieron en la existencia del acto reclamado (fojas 21 y 22). Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado, la resolución de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión 0352/2017, mediante la cual se desechó por improcedente el citado recurso, interpuesto contra la parte relativa del juicio de nulidad 339/2016, en el que la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ordenó requerir al quejoso para que exhibiera el original del acuerdo de concesión 11055 de treinta de noviembre de dos mil cuatro, para efectos de tener mayores elementos de convicción (sin apercibimiento alguno); el cual indudablemente no se puede concebir que afecte un derecho sustantivo y que sus consecuencias sean de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, pues se refiere al desechamiento del recurso de revisión, que tiene su origen en la exhibición de prueba para efecto de que la Sala de Instancia tenga mayores elementos de convicción, esto es, la autoridad de instancia motu proprio ordenó requerir a la quejosa, lo que se traduce en una diligencia para mejor proveer relacionado con pruebas; de esa manera, es incuestionable que tal determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que en aquélla no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del peticionario del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL MANDAMIENTO PARA LLEVARLAS A CABO. De acuerdo con la fracción IX, del artículo 107 de la Constitución Federal, el amparo sólo puede promoverse contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; y es obvio que el solo mandamiento para la práctica de diligencias para mejor proveer, no entraña resolución alguna en pro ni en contra del quejoso, ya que sólo forma parte del procedimiento que siga para decidir lo que corresponda en vista del resultado de esas diligencias y de las alegaciones de las partes contendientes. En consecuencia, debe estimarse ajustado a derecho, el auto por el cual el Juez de Distrito desecha la demanda de amparo que se presente contra la resolución que ordena la práctica de diligencias para mejor proveer, pues la misma no puede entrañar violación de garantía alguna en perjuicio del promovente, ya que no implica privación de sus propiedades, posesiones ni derechos, ni lo molesta en ellos. [Página 1094, Tomo LXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación]. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por el referido acto reclamado, se determina SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al que adjunta copia certificada del recurso de revisión 352/2017 y copia certificada del expediente administrativo 339/2016. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmense los cuaderno auxiliares I y II, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tiene como delegado de la autoridad responsable, a la persona que menciona. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable, acúsesele el recibo correspondiente. Ahora, de autos aparece que la parte quejosa Angelina María Ubaldo Mendoza reclamó de los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la resolución de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión 352/2017, mediante la cual se desechó por improcedente el citado recurso, interpuesto contra la parte relativa del juicio de nulidad 339/2016, en el que la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ordenó requerir al quejoso para que exhibiera el original del acuerdo de concesión 11055 de treinta de noviembre de dos mil cuatro, para efectos de tener mayores elementos de convicción (sin apercibimiento alguno). ? La Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, convinieron en la existencia del acto reclamado (fojas 21 y 22). Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado, la resolución de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión 0352/2017, mediante la cual se desechó por improcedente el citado recurso, interpuesto contra la parte relativa del juicio de nulidad 339/2016, en el que la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ordenó requerir al quejoso para que exhibiera el original del acuerdo de concesión 11055 de treinta de noviembre de dos mil cuatro, para efectos de tener mayores elementos de convicción (sin apercibimiento alguno); el cual indudablemente no se puede concebir que afecte un derecho sustantivo y que sus consecuencias sean de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, pues se refiere al desechamiento del recurso de revisión, que tiene su origen en la exhibición de prueba para efecto de que la Sala de Instancia tenga mayores elementos de convicción, esto es, la autoridad de instancia motu proprio ordenó requerir a la quejosa, lo que se traduce en una diligencia para mejor proveer relacionado con pruebas; de esa manera, es incuestionable que tal determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que en aquélla no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del peticionario del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL MANDAMIENTO PARA LLEVARLAS A CABO. De acuerdo con la fracción IX, del artículo 107 de la Constitución Federal, el amparo sólo puede promoverse contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; y es obvio que el solo mandamiento para la práctica de diligencias para mejor proveer, no entraña resolución alguna en pro ni en contra del quejoso, ya que sólo forma parte del procedimiento que siga para decidir lo que corresponda en vista del resultado de esas diligencias y de las alegaciones de las partes contendientes. En consecuencia, debe estimarse ajustado a derecho, el auto por el cual el Juez de Distrito desecha la demanda de amparo que se presente contra la resolución que ordena la práctica de diligencias para mejor proveer, pues la misma no puede entrañar violación de garantía alguna en perjuicio del promovente, ya que no implica privación de sus propiedades, posesiones ni derechos, ni lo molesta en ellos. [Página 1094, Tomo LXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación]. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por el referido acto reclamado, se determina SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil dieciocho. De los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte, por una parte, que está señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 8) y, por otro lado, que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, rinda su informe justificado. Con motivo de lo anterior, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
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