Angelina Herrera Pedraza
Expediente 410/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Maleny Sopeña Enriquez
- Angelina Herrera Pedraza
- Paloma Reyna Mejia
- Fernando Miguel Martinez Romero
- Director General de Servicios de Salud Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa y dado que por diverso proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente sumario; por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18 del citado Acuerdo General y punto 7.4 del Manual de referencia, al ser un juicio de amparo donde, con independencia del sentido de la resolución definitiva, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los noventa días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), así como la formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente como depurable para su transferencia, tal como lo disponen los artículos 27, 28 y 29 del acuerdo referido. Ante esa virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. EXPEDIENTE DEPURABLE (CON SUSPENSION DE PLANO)".
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 del acuerdo referido. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General referido, dentro de los treinta días siguientes a una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo de conclusión del presente asunto y remitir el acta de baja documental correspondiente. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre: "PRINCIPAL. FIRME SFA Y ARCHIVO, CON INCIDENTE (NIEGA)."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que los quejosos **********, promovieron el presente juicio de amparo, reclamando en esencia de las autoridades responsables la omisión o negativa de proporcionar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, no obstante que sostienen que son personal de salud que se encuentra dentro de la primera línea de control para la atención de personas contagiadas con dicho virus y/o la enfermedad Covid-19. Ahora bien, toda vez que *******, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante escrito registrado con el folio 25937, manifestó bajo protesta de decir verdad que ya fueron vacunados todos y cada uno de los quejosos, refiriendo tal circunstancia como una causa de sobreseimiento en el presente asunto. Por lo tanto, tal manifestación constituye una confesión expresa ante este juzgado en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el caso, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al tres de mayo de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridades responsables se negaban a aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, lo cierto es que de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la autorizada en términos amplios, se desprende que los directos quejosos se encuentran debidamente vacunados, desapareciendo así el fin pretendido al tramitarse este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por otra parte, agréguese a los autos la cédula de notificación elaborada a la parte quejosa, relativa al auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, a fin de que surta los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Israel Orduña Espinosa, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito de ***, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia simple de los comprobantes de vacunación de los quejosos ****, así como solicita se otorgue una prórroga para que se encuentre en condiciones de exhibir los comprobantes correspondientes a los quejosos restantes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. De igual forma, se concede la parte quejosa una prórroga de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, a fin de que remita los comprobantes de vacunación faltantes; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. *
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