Angelina Gutierrez Ferreyra
Expediente 86/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/04/2017
Partes del expediente
- Angelina Gutierrez Ferreyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
VII.- La certificación de cuenta evidencia que que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia dictada el cuatro de abril del año en curso (fojas 110 a 120), la cual negó el amparo y la protección constitucional; por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado. En el libro de gobierno, realícense las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente cuaderno es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido de que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Además a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
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VII) Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 86/2017-VII, promovido por Angelina Gutiérrez Ferreyra, contra actos de la Primera Sala Familiar Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; por lo que, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado ese día a este Juzgado de Distrito (foja 1), Angelina Gutiérrez Ferreyra, en su calidad de quejosa y con la personalidad que adujo tener debidamente acreditada, demandó la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan. Autoridades responsables: 1. Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (ordenadora). 2. Juez Primero Familiar de Toluca, Estado de México (ejecutora). Actos reclamados: a) De la Sala la sentencia de segunda instancia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete, en su considerando cuarto y resolutivos primero y segundo. b) Del Juez la sentencia interlocutoria de tres de octubre de dos mil dieciséis. Actos que consideró contrarios a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 2 a 13). SEGUNDO. Prevención. En auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional previno al quejoso para que expresara si acudía por propio derecho y en defensa de su calidad de albacea de la sucesión a bienes de Tomas Aurelio Quiroz Gutiérrez o si promovía en representación de la sucesión de mérito, debiendo acreditar en ambos casos con documento fehaciente dicha personalidad; así como formular bajo protesta de decir verdad una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constaran y constituyeran los antecedentes del acto reclamado abundando sobre la tramitación del expediente 985/2014; y, exhibir tres copias más de su escrito inicial. TERCERO. Desahogo y desechamiento parcial. En auto de siete de febrero del año en curso, se tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención en comento y, en consecuencia, se desechó parcialmente la demanda de amparo, en relación al acto reclamado al Juez responsable, al considerar que se actualizaban de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del referido ordenamiento; toda vez que respecto de esa determinación la demanda se habían promovido en forma extemporánea (fojas 54 a 59). CUARTO. Admisión y trámite. En el mismo proveído este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda únicamente por el acto reclamado a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ordenó la apertura del incidente de suspensión peticionado, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (foja 60), ordenó el emplazamiento de los terceros interesados (fojas 64, 85 y 81), y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que después de diferirse en una ocasión por las razones que constan en autos (fojas 82 y 83), finalmente se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que el acto reclamado emana de un juicio sucesorio testamentario tramitado ante un Juez Familiar que reside dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, al igual que la Sala Familiar responsable que emitió la sentencia impugnada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuáles son los actos reclamados en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: La resolución dictada el seis de enero de dos mil diecisiete, en el toca de apelación 921/2016, con motivo del recurso de apelación interpuesto por Sonia Quiroz Valdéz, en su carácter de representante común de María Cristina Gonzala, Araceli Lubina, María Guadalupe, Maribel, Celia y Tomas de apellidos Quiroz Valdés, a través de la cual se modificó la sentencia interlocutoria de tres de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de revocación de albacea en el expediente 985/2016, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Tomas Aurelio Quiroz Gutiérrez, denunciado por Angelina Gutiérrez Ferreyra y Angelina Aurelia Quiroz Gutiérrez, decretando la revocación del cargo de albacea de la ahora quejosa Angelina Gutiérrez Ferreyra, y nombrando como albacea sustituto a Araceli Lubina Quiroz Valdés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (fojas 68 y 69), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado sosteniendo que cumplía con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad; precisando que fue dictada con estricto apego a los principios procesales establecidos en los artículos 1.195, 1.199 y 1.366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que era clara, precisa y congruente con la materia de la apelación interpuesta; y, adjuntando el toca de apelación 921/2016, así como copias certificadas del incidente de revocación de albacea derivado del expediente 985/2014, entre otras constancias derivadas del citado expediente. De ahí la certeza del acto que a ella se reclama, lo que además se corrobora con las documentales que acompañó a su informe justificado y que constan en un legajo de pruebas que obra por separado y se tiene a la vista al resolver. Documentales que al igual que el propio informe, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo segundo; por ser documentos públicos, ya que la formación de las primeras está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario revestido de fe pública, en tanto que el segundo es expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia, por ser una cuestión de orden público. Así, del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia del juico y tampoco que las partes lo hayan hecho valer; por tanto, resulta procedente continuar con el estudio de fondo atinente a la constitucionalidad de la resolución reclamada. QUINTO. Fijación de la litis. La litis del presente asunto se constriñe a determinar si la resolución de seis de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 921/2016 es legal y por ende constitucional, ello a luz de los conceptos de violación de la parte quejosa, sin suplir la deficiencia de la queja a su favor por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Tales conceptos de violación consistentes sustancialmente en lo siguiente: En el primero afirma que el considerando cuarto de la sentencia reclamada le causa perjuicio porque los magistrados de la Sala responsable pasaron por alto su calidad de albacea, los derechos y facultades que la ley sustantiva y adjetiva le envistieron. Ello porque sostiene que compartieron el único agravio de la apelante, sin tomar en consideración los razonamientos que expresó en su escrito de contestación de dichos agravios, agregando que pasaron por alto las hipótesis del artículo 6.250 de la ley adjetiva que establece "el albacea debe cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre su validez o nulidad del testamento"; así como el contenido del diverso 6.260 que dispone "la revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse al sustituto". Abundando en que dichas hipótesis son contradictorias y aplicadas al caso, la dejaron en estado de indefensión irreparable porque al no expresar la ley sustantiva ni adjetiva un razonamiento o hipótesis más concreta respecto al tiempo con el que cuenta un albacea para desempeñar su cargo y el tiempo que tienen los herederos para revocarlo, así como las causas de revocación, se violenta su derecho a la legalidad, seguridad jurídica y audiencia, toda vez que no existen elementos con los cuales se pueda defender para estar en posibilidad de responder a las acusaciones de su contraparte, insistiendo en que los preceptos en mención son contrarios y no existe medio de defensa contra ello. En el segundo concepto de violación afirma que los resolutivos primero y segundo de la sentencia reclamada carecen de toda lógica y coartan su garantía de ser oída y vencida en juicio, bajo el argumento de que tiene derecho a que se le administre justicia en los términos que establece la ley. Ello porque considera que le causan agravios y la dejan en estado de indefensión ante la ley por no existir argumento ni fundamento legal que la favorezca para ir en contra de dicha resolución, reiterando los argumentos que invocó en su primer concepto de violación. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. En primer término resulta conveniente precisar que el presente estudio se realizará en forma conjunta y sin que sea necesario transcribir el acto reclamado, los conceptos de violación, ni los demás razonamientos de las partes, ya que en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de citarlos textualmente, pero sí la posibilidad de examinarlos en su conjunto a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada que en el caso consiste en determinar la legalidad de la resolución reclamada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, tal como lo establece en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1992, Tomo IX, Materia Común, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del registro 219558, cuyo contenido es: ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.". Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la Página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, con el registro 164618, cuyos rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". No obstante conviene traer al contexto que en síntesis, la quejosa refiere que el acto reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6.203, 6.205 y 6.250 del Código Civil para el Estado de México, vigente en la entidad, así como los artículos 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138 y 1.195 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por los siguientes planteamientos: a) Afirma que el considerando cuarto de la sentencia reclamada le causa perjuicio porque los magistrados de la Sala responsable pasaron por alto su calidad de albacea, los derechos y facultades que la ley sustantiva y adjetiva le envistieron. Ello porque sostiene que compartieron el único agravio de la apelante, sin tomar en consideración los razonamientos que expresó en su escrito de contestación de dichos agravios, agregando que pasaron por alto las hipótesis del artículo 6.250 de la ley adjetiva que establece "el albacea debe cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre su validez o nulidad del testamento"; así como el contenido del diverso 6.260 que dispone "la revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse al sustituto". Abundando en que dichas hipótesis son contradictorias y aplicadas al caso, la dejaron en estado de indefensión irreparable porque al no expresar la ley sustantiva ni adjetiva un razonamiento o hipótesis más concreta respecto al tiempo con el que cuenta un albacea para desempeñar su cargo y el tiempo que tienen los herederos para revocarlo, así como las causas de revocación, se violenta su derecho a la legalidad, seguridad jurídica y audiencia, toda vez que no existen elementos con los cuales se pueda defender para estar en posibilidad de responder a las acusaciones de su contraparte, insistiendo en que los preceptos en mención son contrarios y no existe medio de defensa contra ello. b) Afirma que los resolutivos primero y segundo de la sentencia reclamada carecen de toda lógica y coartan su garantía de ser oída y vencida en juicio, bajo el argumento de que tiene derecho a que se le administre justicia en los términos que establece la ley. Ello porque considera que le causan agravios y la dejan en estado de indefensión ante la ley por no existir argumento ni fundamento legal que la favorezca para ir en contra de dicha resolución, reiterando los argumentos que invocó en su primer concepto de violación. Conceptos de violación que se estudian a la luz de lo argumentado estrictamente, es decir, sin suplir la deficiencia de la queja en favor de la impetrante, por imperar el principio de estricto derecho en términos del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no ubicarse en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, los argumentos previamente sintetizados y vertidos en los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en lo restante, pues aún atendidos en su causa de pedir no justifican que le asista razón alguna para afirmar que efectivamente la resolución reclamada sea ilegal y, por ende, inconstitucional. Lo anterior se considera así porque del toca de apelación 921/2016 que se tiene a la vista al resolver se obtiene que al dar contestación a los agravios hechos valer por la parte apelante, la quejosa sustancialmente expresó que los argumentos de la apelante eran incorrectos y carentes de fundamentación jurídica, en atención a que el artículo 6.259 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establecía las causas de conclusión del albaceazgo, siendo una de ellas la marcada con la fracción V (revocación), la cual a su parecer constituía una imposibilidad para seguir desempeñando dicho cargo. De ahí que fuera acertado el razonamiento del A quo para designar como albacea sustituto a Tomas Quiroz Gutiérrez, en cumplimiento a la cláusula tercera del testamento que originó el juicio testamentario de origen, en la cual textualmente se estableció "se nombra como albacea a Angelina Gutiérrez Ferreira" y a falta o imposibilidad de la misma, a su hijo Tomas Quiroz Gutiérrez". Además agregó que el escrito de apelación fue exhibido fuera del término legal porque en autos constaba la certificación en la que se determinó que el término concedido para recurrir fue del dieciocho al veinte de octubre de dos mil dieciséis, y el escrito de apelación fue recepcionado el doce octubre de la citada anualidad (fojas 13 a 16 del toca de origen), lo que además reiteró en vía de alegatos (fojas 23 a 26). Ahora bien, en primer término conviene precisar a la quejosa que el hecho de que un escrito sea presentado con anterioridad al inicio del cómputo del plazo para su impugnación, en forma alguna implica que dicho escrito sea presentado en forma extemporánea, toda vez que el objetivo de establecer una fecha límite para atender los plazos previstos en la legislación, así como realizar los cómputos correspondientes es con la finalidad de que no se dé trámite a los que son presentados con posterioridad a ese plazo, pero no así los que sean presentados con anterioridad a ello, pues no sería dable sancionar la oportunidad en su presentación cuando se realiza incluso antes de que inicie el cómputo de dicho plazo. No obstante lo anterior, no asiste razón a la quejosa para sostener que la Sala responsable dejó de atender su planteamiento en cuanto a la oportunidad de la presentación del recurso de apelación, pues aun cuando no la haya hecho expresamente en la resolución reclamada, lo cierto es que del análisis del toca de apelación se aprecia que en el primer auto que dictó en dicho toca, la Sala responsable certificó la oportunidad del recurso hecho valer, en términos del artículo 1.379 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigentes (foja 18 del citado toca); de ahí que no le asista razón para afirmar que se dejó de atender esa situación. De igual forma, tampoco se dejó de atender su manifestación en el sentido de que la revocación constituía una causa de imposibilidad en términos del artículo 6.259 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México que establecía las causas de conclusión del albaceazgo, toda vez que del análisis del considerando cuarto de la sentencia reclamada se aprecia que la razón toral de la Sala responsable para modificar la interlocutoria apelada consistió precisamente en el análisis de la cláusula tercera del testamento en mención, precisando que se ella se advertía la existencia a priori de una condicionante para la actualización de ese supuesto. Abundando en que el testador al momento de plasmar su voluntad en lo atinente al nombramiento tanto de su albacea definitivo como para el caso específico de su sustituto, libre y voluntariamente había designado a Angelina Gutiérrez Ferreyra y a falta o por imposibilidad de ésta a Tomas Quiroz Gutiérrez. De igual forma, agregó que dicha condicionante de falta o imposibilidad establecida por el testador, en ningún momento se había actualizado porque no se estuvo en necesidad real de acudir al albacea sustituto dado que la designada como tal aceptó y protestó su nombramiento, es decir, no faltó; aunado a que había venido desempeñando su cargo, esto es, que no estuvo imposibilitada. De ahí que no existiese falta ni imposibilidad y derivando de ello, que fuese improcedente el citado nombramiento sustituto porque no se ajustaba a las condicionante en mención. En este orden de ideas, no le asiste razón a la quejosa para sostener que la responsable pasó por alto el análisis de la condicionante que refiere, pues contrario a ello, del fallo reclamado se advierten las razones por la cuales se estimó que no se actualizaba la condición de imposibilidad en mención. Máxime que incluso refirió que no demeritaba que el motivo por el que la albacea había sido separada, derivaba del incumplimiento de las obligaciones propias de su encargo, sin embargo que el análisis de ese incumplimiento de obligaciones como tal, era irrelevante porque no había sido materia de agravio. Consideraciones que en forma alguna vulneran los preceptos que refiere la quejosa, dado que denotan que la Sala responsable no sólo atendió los planteamientos que se hicieron valer en la contestación de los agravios, sino que además lo hizo en forma congruente con la integración de la litis de segunda instancia. En efecto, del análisis de la resolución reclamada se aprecia que una vez que la responsable estimó fundado el agravio por lo que se refería al nombramiento de albacea sustituto, y al considerar que no se actualizaban los supuestos establecidos claramente por el testador, estimó que resultaba improcedente el nombramiento de Tomás Quiroz Gutiérrez como albacea sustituto y por tanto analizó la designación del albacea que debería suceder a la quejosa Angelina Gutiérrez Ferreyra. Ello, destacando que el artículo 6.259 del Código Civil en vigor para el Estado de México establecía que el cargo de albacea concluid entre otras causales por revocación, y que el diverso 6.260 de dicha legislación establecía que la revocación del albacea podría hacerse en cualquier tiempo por los herederos y que en el acto debería nombrarse sustituto de éste. Por lo que al analizar las constancias que integraban dicha incidencia, estimó que la designación de Araceli Lubina Quiroz Valdés como albacea de la sucesión a bienes de Tomás Aurelio Quiroz Gutiérrez se ajustaba a lo establecido en los preceptos en mención, destacando que la apelante Sonia Quiroz Valdés, promovía por sí y en su carácter de representante común de María Cristina Gonzala, Araceli Lubina, María Guadalupe, Maribel, Cecilia y Tomas de apellidos Quiroz Valdés, razón por la cual tenía la mayoría de entre el número de los coherederos reconocidos en el testamento materia de dicho juicio. De ahí que no asista razón a la impetrante para estimar que el considerando cuarto de la resolución reclamada, le causa perjuicio porque los magistrados de la Sala responsable pasaron por alto su calidad de albacea, los derechos y facultades que la ley sustantiva y adjetiva le envistieron. Finalmente es inoperante su planteamiento en el sentido de que las hipótesis contenidas en los artículos 6.250 y 6.260 de la ley adjetiva son contradictorias y aplicadas al caso, la dejaron en estado de indefensión irreparable porque al no expresar la ley sustantiva ni adjetiva un razonamiento o hipótesis más concreta respecto al tiempo con el que cuenta un albacea para desempeñar su cargo y el tiempo que tienen los herederos para revocarlo, así como las causas de revocación, se violenta su derecho a la legalidad, seguridad jurídica y audiencia, toda vez que no existen elementos con los cuales se pueda defender para estar en posibilidad de responder a las acusaciones de su contraparte, insistiendo en que los preceptos en mención son contrarios y no existe medio de defensa contra ello. Lo anterior es así porque del contexto en que plantea dicha inconformidad se aprecia que tiene como finalidad controvertir las razones por las cuales, en el caso se estimó que con motivo del incumplimiento de sus obligaciones resultaba procedente revocarla de su encargo; sin embargo, como precisó la Sala responsable dicha cuestión, es decir, el incumplimiento de las obligaciones propias de su encargo como causa de separación, no fue materia de agravio y, por ende, en el fallo reclamado ni siquiera se entró al estudio de ese tópico. De ahí que tales argumentos resulten inoperantes dado que al no ser materia de la litis de segunda instancia, la Sala responsable no estaba obligada a estudiarlas. Lo que además es acorde con la Jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. J/11, Página: 700, Registro: 195762, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Aunque el tribunal de apelación indebidamente haya resuelto al contestar los agravios propuestos por el recurrente, sobre determinado aspecto que no fue materia de la litis de primera instancia, los conceptos de violación que en el amparo directo se enderecen en contra de tal pronunciamiento son inoperantes, tomando en consideración que en términos de lo prescrito en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la sentencia sólo debe ocuparse de estudiar y dirimir sobre las acciones deducidas y las defensas y excepciones opuestas en el procedimiento de origen." Lo que también acontece por lo que se refiere a su planteamiento en el sentido que los resolutivos primero y segundo de la sentencia reclamada carecen de toda lógica y coartan su garantía de ser oída y vencida en juicio, bajo el argumento de que tiene derecho a que se le administre justicia en los términos que establece la ley, dado que además de no proponer algún planteamiento dirigido a cuestionar un argumento de la autoridad responsable, del contexto en el que los plantea, se aprecia que lo hace depender del argumento descartado con anterioridad, es decir, de las razones por las cuales se estimó que incumplió con las obligaciones propias de su encargo y con motivo de ello se estimó procedente revocarla de dicho encargo. En esas condiciones, dado lo inoperante e infundado del reclamo, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Angelina Gutiérrez Ferreyra, por propio derecho y en defensa de su calidad de albacea de la sucesión a bienes de Tomas Aurelio Quiroz Gutiérrez, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuesto en el diverso sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria que da fe, Carolina Denysee Villagrán Salinas. Doy fe. L´CDVS
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VII) Toluca, Estado de México; veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Magistrada Presidenta de la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, solicita copia certificada del testamento de veintisiete de junio de dos mil once, que adjuntó al informe justificado. Atento a lo anterior, conformidad en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del citado código adjetivo federal civil, remítase a la oficiante la copia que solicita para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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VII) Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Gerente Integral Área Toluca de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, a través del cual informa sobre el requerimiento formulado en auto de seis de los corrientes; atento a lo anterior, agréguese a los autos sin mayor proveído toda vez que el siete de marzo del año en curso, se emplazó a la tercera interesada Angélica Aurelia Quiroz Gutiérrez. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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