Angelina Graciela Cordero Tapia

Expediente 737/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
737/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Angelina Graciela Cordero Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión contra el auto del treinta y uno de julio de este año; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme, infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en atención a que se sobreseyó fuera de audiencia. Por otra parte, en cumplimento a lo establecido en el multicitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, en su momento se procederán a su glose y tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de *****************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita la devolución de los documentos que se adjuntaron a la demanda de amparo. Al efecto, dígase al promovente que una vez que se declare firme el acuerdo mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este asunto, se ordenará la devolución de los mismos. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó notificar por lista electrónica a la parte quejosa la determinación del treinta y uno de julio pasado; en consecuencia, se ordena su notificación vía electrónica, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. *Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que en proveído del dieciocho de julio pasado, se dio vista a la quejosa con los oficios con registros internos 9331 y 9348 del Titular de la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género y representante legal de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y del representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México y del Secretario General de Gobierno del Estado de México. Por tanto, toda vez que se advierte un hecho superviniente ocurrido el catorce de julio del dos mil veintitrés, consistente en: La publicación del "DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO POR EL QUE SE MODIFICA LA DECLARATORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SUJETA A CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN JOAQUÍN, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" EL 16 DE AGOSTO DE 1994, PARA DENOMINARSE PARQUE ESTATAL BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN JOAQUÍN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN Y NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" EL 24 DE ABRIL DE 2023." en el periódico oficial del Estado de México "gaceta del gobierno". Lo cual se corrobora con la publicación de dicho decreto, el cual entró en vigor el mismo día de su publicación, esto es el catorce del mes y año en curso. En este contexto, cabe destacar que en el presente juicio de amparo, se señaló como acto reclamado destacado el "Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de Huixquilucan, publicada en el periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez, Estado de México" publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México", con motivo de su mera entrada en vigor. Así como la "aprobación y expedición del artículo 177 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México, publicado el 22 de mayo de 2007 en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno' del Estado de México, contenido en el Decreto reclamado, publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno' del Estado de México", como uno de los fundamentos para modificar el área natural protegida", es decir, un numeral con base en el cual la parte quejosa aduce se emitió el Decreto reclamado, precisado en el párrafo que antecede. De lo expuesto, se colige que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos el acto tildado como inconstitucional, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia en comento, es necesario que quede sin efectos el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la lítis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaron destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ahí que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se trastocara su esfera jurídica, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En ese sentido, considerando que el acto reclamado de manera destacada por la parte quejosa consiste esencialmente en el "Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de Huixquilucan, publicada en el periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez, Estado de México" publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México", con motivo de su entrada en vigor, respecto del cual alegó medularmente tener interés legítimo, en relación con su derecho a un medio ambiente sano, en virtud de que, desde su perspectiva, estima aquél -su derecho a un medio ambiente sano- se vio afectado con el referido Decreto. Ello, porque conforme al aludido Decreto reclamado, se modificó la declaratoria del ejecutivo estatal por el que se estableció el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de Huixquilucan, publicada en la "Gaceta del Gobierno" el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez, Estado de México; modificación que, la parte quejosa estima se traduce en una menor protección ambiental. Sin embargo, como ya se refirió en párrafos precedentes, al haberse abrogado el aludido Decreto, reclamado como norma autoaplicativa, sus efectos ya cesaron, por lo que dejaron de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, en cuanto al interés legítimo con base en el cual promovió el presente juicio constitucional. En la medida en que no lo reclamó con motivo de acto de aplicación alguno, respecto del cual tuviere que valorarse si subsiste o no efecto alguno; sino que, como ya se indicó, lo cuestionó a partir de su inicio de vigencia, a partir de la cual estimó agraviados los servicios medio-ambientales generados por el ecosistema que adujo ser su entorno adyacente. Sin embargo, en el supuesto de que el referido Decreto, efectivamente, hubiere adolecido de vicios, ya sea acontecidos durante su proceso legislativo o bien porque su contenido hubiere eliminado y/o disminuido y/o afectado los servicios medio-ambientales del entorno adyacente correspondiente, tales vicios han desaparecido al haberse abrogado todo el Decreto. De ahí que se desprende que cesaron totalmente los efectos de los actos reclamados en el presente asunto y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (Noviembre de 1997), visible en la página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". Así como la tesis 1a. XI/2022 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1134, registro digital: 2024383, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL CONTRA NORMAS GENERALES. SU RELACIÓN CON LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EN EL TRÁMITE DEL JUICIO SE ABROGAN DICHAS NORMAS Y SE SUSTITUYEN POR OTRAS QUE CONTIENEN MEDIDAS DIRIGIDAS A ABORDAR RIESGOS DE ESA NATURALEZA. Hechos: Un conjunto de productores nacionales del tubérculo papa acudieron al juicio de amparo para impugnar un acuerdo por el cual el Gobierno Federal permitió la importación de ese mismo producto sujeto al cumplimiento de determinadas medidas fitosanitarias, al que acusaron de vulnerar el medio ambiente por suprimir el estado cuarentenario anterior; sin embargo, durante el trámite del juicio el referido acuerdo fue abrogado y sustituido por una nueva regulación en el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; posteriormente, ante la concesión del amparo solicitado, se interpuso recurso de revisión, en el que debe determinarse si los quejosos siguen resintiendo una afectación relevante mientras no se restablezca la referida cuarentena. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se acude con interés legítimo a impugnar una norma por violación al derecho humano al medio ambiente sano, la cual es suprimida y sustituida por otra que contiene medidas medio ambientales para contener riesgos en esta materia, debe sobreseerse en el juicio por falta de afectación, pues a diferencia de aquellos casos en los cuales se acude con interés jurídico, no es necesario que la autoridad acredite que la supresión de la norma ha destruido todas sus consecuencias jurídicas, como sí se requiere cuando se acude al juicio con interés jurídico. Justificación: Cuando el amparo se promueva por un quejoso contra actos y/o normas respecto de los cuales no es destinatario directo, sino que acude como un tercero con interés legítimo, la causal de cesación de efectos se ajusta a un estándar menos exigente que el aplicable a un acto reclamado impugnado con interés jurídico. En este supuesto, existe una presunción de que sus efectos han cesado completamente si el acto o norma impugnada han sido derogados o abrogados y no existen actos de aplicación subsistentes. Esto no cambia por el hecho de que la violación constitucional aducida sea al derecho al medio ambiente, pues conforme a los precedentes de esta Primera Sala, la afectación requerida subsiste mientras el acto reclamado genere un agravio a un servicio medio-ambiental generado por el ecosistema, sin embargo, esta afectación cesa cuando el acto reclamado, combatido por omisivo, sea destruido y sustituido completamente, al ser evidente que el Estado Mexicano ha tomado medidas que deben ser valoradas en sus méritos, sin que quepa alegar que los quejosos tengan un derecho adquirido a una medida ambiental específica anterior, como podría ser una cuarentena absoluta. Como lo ha determinado esta Sala, los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a una regulación legal específica sobre cierto mercado. Por tanto, si no puede tenerse una regulación emitida en un momento inicial como parámetro de control de una regulación emitida en un momento posterior, menos podría sostenerse que una regulación abrogada y sustituida por una nueva no ha cesado en sus efectos mientras aquellas originales no sean restablecidas por preferirse los resultados de dicha regulación anterior. Ciertamente, una regulación posterior puede compararse con una anterior para los efectos de determinar si existe una violación al principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, sin embargo, para que ello sea técnicamente viable es necesario que el juicio constitucional se interponga contra la regulación vigente. En mérito a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada en autos; háganse las anotaciones y comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023, del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que en proveído del dieciocho de julio pasado, se dio vista a la quejosa con los oficios con registros internos 9331 y 9348 del Titular de la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género y representante legal de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y del representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México y del Secretario General de Gobierno del Estado de México. Por tanto, toda vez que se advierte un hecho superviniente ocurrido el catorce de julio del dos mil veintitrés, consistente en: La publicación del "DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO POR EL QUE SE MODIFICA LA DECLARATORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SUJETA A CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN JOAQUÍN, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" EL 16 DE AGOSTO DE 1994, PARA DENOMINARSE PARQUE ESTATAL BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN JOAQUÍN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN Y NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" EL 24 DE ABRIL DE 2023." en el periódico oficial del Estado de México "gaceta del gobierno". Lo cual se corrobora con la publicación de dicho decreto, el cual entró en vigor el mismo día de su publicación, esto es el catorce del mes y año en curso. En este contexto, cabe destacar que en el presente juicio de amparo, se señaló como acto reclamado destacado el "Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de Huixquilucan, publicada en el periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez, Estado de México" publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México", con motivo de su mera entrada en vigor. Así como la "aprobación y expedición del artículo 177 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México, publicado el 22 de mayo de 2007 en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno' del Estado de México, contenido en el Decreto reclamado, publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno' del Estado de México", como uno de los fundamentos para modificar el área natural protegida", es decir, un numeral con base en el cual la parte quejosa aduce se emitió el Decreto reclamado, precisado en el párrafo que antecede. De lo expuesto, se colige que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos el acto tildado como inconstitucional, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia en comento, es necesario que quede sin efectos el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la lítis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaron destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ahí que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se trastocara su esfera jurídica, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En ese sentido, considerando que el acto reclamado de manera destacada por la parte quejosa consiste esencialmente en el "Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de Huixquilucan, publicada en el periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez, Estado de México" publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México", con motivo de su entrada en vigor, respecto del cual alegó medularmente tener interés legítimo, en relación con su derecho a un medio ambiente sano, en virtud de que, desde su perspectiva, estima aquél -su derecho a un medio ambiente sano- se vio afectado con el referido Decreto. Ello, porque conforme al aludido Decreto reclamado, se modificó la declaratoria del ejecutivo estatal por el que se estableció el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de Huixquilucan, publicada en la "Gaceta del Gobierno" el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez, Estado de México; modificación que, la parte quejosa estima se traduce en una menor protección ambiental. Sin embargo, como ya se refirió en párrafos precedentes, al haberse abrogado el aludido Decreto, reclamado como norma autoaplicativa, sus efectos ya cesaron, por lo que dejaron de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, en cuanto al interés legítimo con base en el cual promovió el presente juicio constitucional. En la medida en que no lo reclamó con motivo de acto de aplicación alguno, respecto del cual tuviere que valorarse si subsiste o no efecto alguno; sino que, como ya se indicó, lo cuestionó a partir de su inicio de vigencia, a partir de la cual estimó agraviados los servicios medio-ambientales generados por el ecosistema que adujo ser su entorno adyacente. Sin embargo, en el supuesto de que el referido Decreto, efectivamente, hubiere adolecido de vicios, ya sea acontecidos durante su proceso legislativo o bien porque su contenido hubiere eliminado y/o disminuido y/o afectado los servicios medio-ambientales del entorno adyacente correspondiente, tales vicios han desaparecido al haberse abrogado todo el Decreto. De ahí que se desprende que cesaron totalmente los efectos de los actos reclamados en el presente asunto y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (Noviembre de 1997), visible en la página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". Así como la tesis 1a. XI/2022 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1134, registro digital: 2024383, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL CONTRA NORMAS GENERALES. SU RELACIÓN CON LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EN EL TRÁMITE DEL JUICIO SE ABROGAN DICHAS NORMAS Y SE SUSTITUYEN POR OTRAS QUE CONTIENEN MEDIDAS DIRIGIDAS A ABORDAR RIESGOS DE ESA NATURALEZA. Hechos: Un conjunto de productores nacionales del tubérculo papa acudieron al juicio de amparo para impugnar un acuerdo por el cual el Gobierno Federal permitió la importación de ese mismo producto sujeto al cumplimiento de determinadas medidas fitosanitarias, al que acusaron de vulnerar el medio ambiente por suprimir el estado cuarentenario anterior; sin embargo, durante el trámite del juicio el referido acuerdo fue abrogado y sustituido por una nueva regulación en el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; posteriormente, ante la concesión del amparo solicitado, se interpuso recurso de revisión, en el que debe determinarse si los quejosos siguen resintiendo una afectación relevante mientras no se restablezca la referida cuarentena. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se acude con interés legítimo a impugnar una norma por violación al derecho humano al medio ambiente sano, la cual es suprimida y sustituida por otra que contiene medidas medio ambientales para contener riesgos en esta materia, debe sobreseerse en el juicio por falta de afectación, pues a diferencia de aquellos casos en los cuales se acude con interés jurídico, no es necesario que la autoridad acredite que la supresión de la norma ha destruido todas sus consecuencias jurídicas, como sí se requiere cuando se acude al juicio con interés jurídico. Justificación: Cuando el amparo se promueva por un quejoso contra actos y/o normas respecto de los cuales no es destinatario directo, sino que acude como un tercero con interés legítimo, la causal de cesación de efectos se ajusta a un estándar menos exigente que el aplicable a un acto reclamado impugnado con interés jurídico. En este supuesto, existe una presunción de que sus efectos han cesado completamente si el acto o norma impugnada han sido derogados o abrogados y no existen actos de aplicación subsistentes. Esto no cambia por el hecho de que la violación constitucional aducida sea al derecho al medio ambiente, pues conforme a los precedentes de esta Primera Sala, la afectación requerida subsiste mientras el acto reclamado genere un agravio a un servicio medio-ambiental generado por el ecosistema, sin embargo, esta afectación cesa cuando el acto reclamado, combatido por omisivo, sea destruido y sustituido completamente, al ser evidente que el Estado Mexicano ha tomado medidas que deben ser valoradas en sus méritos, sin que quepa alegar que los quejosos tengan un derecho adquirido a una medida ambiental específica anterior, como podría ser una cuarentena absoluta. Como lo ha determinado esta Sala, los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a una regulación legal específica sobre cierto mercado. Por tanto, si no puede tenerse una regulación emitida en un momento inicial como parámetro de control de una regulación emitida en un momento posterior, menos podría sostenerse que una regulación abrogada y sustituida por una nueva no ha cesado en sus efectos mientras aquellas originales no sean restablecidas por preferirse los resultados de dicha regulación anterior. Ciertamente, una regulación posterior puede compararse con una anterior para los efectos de determinar si existe una violación al principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, sin embargo, para que ello sea técnicamente viable es necesario que el juicio constitucional se interponga contra la regulación vigente. En mérito a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada en autos; háganse las anotaciones y comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023, del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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