Angelina González Quintero
Expediente 560/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 42 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Angelina González Quintero
- Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Admnistrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan.
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Los Reyes, Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, devuélvase al Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, las copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 527/2015, de su índice, por ser innecesaria su retención. Finalmente intégrese a lo actuado el escrito de cuenta signado por Miriam Leticia Rivas Martínez en cuento apoderada jurídica de la parte quejosa, atento a su contenido y como lo solicita téngasele autorizando a Francisco Téllez Ruiz y Christian Adrián Salado Gil, paras oír y recibir todo tipo de notificaciones; Asi tambien, la parte quejosa solicita se autorice a las personas antes precisadas la reproducción de medios electrónicos para la obtención de registros del presente asunto, en ese sentido, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Notifíquese.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución interlocutoria de nueve de enero de dos mil diecinueve, se concedió, por una parte, la suspensión provisional de los actos reclamados; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible, toda vez que por resolución de cinco de abril del año en curso se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Principal
En razón de que la parte quejosa MIRIAM LETICIA RIVAS MARTÍNEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; cuatro de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico en contenido de la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, referente a que dentro del término de veinte días acreditara haber realizado la publicacion de los edictos a efecto de emplazar a la moral con carácter de tercero interesada LOZA MAX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE*, bien, que efectuó las gestiones tendientes a ello, ya que únicamente compareció a recoger los mismos el nueve de los actuales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo; asimismo, en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento la que se refiere el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes. Sirve de apoyo al anterior criterio por identidad jurídica la tesis de jurisprudencia número 1I3°.C. J/42, consultable en la página 1463, del tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: *EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: *EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO., se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un sólo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término. Igualmente, tiene aplicación la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: *SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial*. Sin que obste decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, la existencia de la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro *EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO*. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca el Máximo Tribunal del país, es de observancia obligatoria para los juzgados de Distrito, también lo es que en el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se brindó a la parte quejosa el término de veinte días para que compareciera a recoger los edictos, para luego acreditar su publicación, o bien, manifestara el impedimento que tuviera para ello. Sin embargo, la parte quejosa no recogió los edictos ordenados y por consecuencia no acreditó su publicación dentro del plazo concedido; así como tampoco manifestó el impedimento que tuviera para ello, para que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de tomar en cuenta las particularidades del caso, así como los indicios que demostraran dicho impedimento, para de tal manera aplicar al caso concreto la jurisprudencia antes mencionada, por lo que, como se dijo con anterioridad procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. En tales condiciones, resulta innecesario diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y la misma se deja sin efectos. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Por otra parte glósense a los autos lo escritos de cuenta que suscribe Miriam Leticia Rivas Martínez en cuanto apoderada jurídica de la quejosa, atento a su contenido, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Luis Martínez Cruz, lo anterior toda vez que a dicho ocurso se anexo copia certificada de la cedula profesional número 11122246, expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, pasada ante la fe del notario público número 129, con ejercicio en Zamora Michoacán. Ahora, respecto al segundo de los ocursos de cuenta, dígasele a la ocursante de referencia que sus manifestaciones resultan infundadas respecto a que a la moral * LOZA MAX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE*, no le resulta el carácter de tercero interesado, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso a) y b) última parte de la Ley de Amparo, si le atañe el carácter de tercero interesada, toda vez que tomando en consideración que la moral de referencia fue demanda en la vía civil en el juicio ejecutivo mercantil 527/2015, en la cual la quejosa Angelina González Quintero, compareció como garante hipotecaria y obligadora solidaria, y a quien se le embargaron bienes con motivo de la misma; resulta inconcuso que a la citada * LOZA MAX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE*, tiene intereses contrarios a los de la quejosa, en cuanto que es de su conveniencia que subsista el embargo señalado como acto reclamado, pues en tanto dichas medias surtan efectos, la moral en cuestión no se vería afectada en su patrimonio; por tanto, se insiste, que de conformidad con la Ley de Amparo en los artículos referidos, le resulta el carácter de tercero interesada a la multicitada *LOZA MAX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE*, lo que se asienta para constancia y efectos legales. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que en auto de dieciséis de octubre pasado se tuvo por recibido escrito signado por Miriam Leticia Rivas Martínez en cuento apoderada jurídica de la parte quejosa, en el cual realizo diversas manifestaciones respecto los edictos que fueron ordenados en autos, así mismo, autorizaba en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a José Luis Martínez Cruz, siendo el caso que no se hizo pronunciamiento, respecto a dicha autorización, por tanto subsanese dicha omisión y provéase lo conducente sobre a dicha petición. Al respecto, y como se advierte de la certificación secretarial que antecede, téngase a José Luis Martínez Cruz, únicamente autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciados en derecho Notifíquese.
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