Angelina Godoy Martinez
Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angelina Godoy Martinez
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental.**** Destino del expediente, es destruible en tres años.*** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase recibido el escrito firmado por la quejosa**** mediante el cual cumple con la prevención realizada el dieciséis de mayo pasado, precisa que la etapa de la carpeta de investigación de origen es la inicial. Actos reclamados. Los actos reclamados se hacen consistir en: Orden de presentación para las quince horas del veintiuno de abril de dos mil veintidós; y, Orden para exhibir el vehículo automotor marca ****, modelo ****, serie ****, placas ****. Actos emanados de la carpeta de investigación ***. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Agravio personal y directo. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela.*** Análisis del caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo, así como de la documental que se adjuntó, se desprende que los actos reclamados son con motivo de obtener datos para la integración de la causa penal, no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el ordinal 6 de la ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal. Lo anterior, en virtud de que el citatorio que emite el Ministerio Público investigador dentro de una carpeta de investigación -en el que no se contiene apercibimiento para la quejosa, que de no presentarse al desahogo de la diligencia de carácter penal o llevar el vehículo de motor aludido en el citatorio, se hará uso de la fuerza pública- no trasgrede el derecho sustantivo a la libertad, por el hecho de que constituye un mandato emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Lo anterior en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona. Asimismo, el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar, por medio de la policía, la presentación de aquella persona que habiendo sido debidamente citada, no hubiere comparecido sin causa justificada; es decir, en ese caso se estaría en presencia de una orden de presentación, supuesto en el que sí es factible hablar de una afectación al derecho sustantivo relativo a la libertad, pues dados los efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al gobernado, se limita temporalmente su derecho a la libertad y se asevera que esa afectación es temporal, dado que una vez ejecutada esa orden de presentación, la limitación de la libertad finaliza cuando se desahoga la diligencia que motiva la presencia del individuo, instante en que el citado puede retirarse del lugar. En ese sentido, la cita -en los términos que se anota, sin apercibimiento- se dirige a una persona para que ésta acuda ante el Ministerio Público en una fecha predeterminada por el propio órgano investigador y lleve un vehículo de motor, de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo- o que le genera algún agravio personal y directo, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual dicha persona fue citada. Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en dicho citatorio se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio; es decir, el estudio de la legalidad o constitucionalidad del acto, sólo puede realizarse una vez establecida la procedencia del juicio de amparo, la cual indefectiblemente debe determinarse en un análisis previo en el que se revisen si se actualizan o no, las hipótesis previstas en el artículo 61 de la ley de la materia. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Visto lo de cuenta, téngase recibido el escrito firmado por la quejosa**** mediante el cual cumple con la prevención realizada el dieciséis de mayo pasado, precisa que la etapa de la carpeta de investigación de origen es la inicial. Actos reclamados. Los actos reclamados se hacen consistir en: Orden de presentación para las quince horas del veintiuno de abril de dos mil veintidós; y, Orden para exhibir el vehículo automotor marca ****, modelo ****, serie ****, placas ****. Actos emanados de la carpeta de investigación ***. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Agravio personal y directo. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela.*** Análisis del caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo, así como de la documental que se adjuntó, se desprende que los actos reclamados son con motivo de obtener datos para la integración de la causa penal, no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el ordinal 6 de la ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal. Lo anterior, en virtud de que el citatorio que emite el Ministerio Público investigador dentro de una carpeta de investigación -en el que no se contiene apercibimiento para la quejosa, que de no presentarse al desahogo de la diligencia de carácter penal o llevar el vehículo de motor aludido en el citatorio, se hará uso de la fuerza pública- no trasgrede el derecho sustantivo a la libertad, por el hecho de que constituye un mandato emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Lo anterior en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona. Asimismo, el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar, por medio de la policía, la presentación de aquella persona que habiendo sido debidamente citada, no hubiere comparecido sin causa justificada; es decir, en ese caso se estaría en presencia de una orden de presentación, supuesto en el que sí es factible hablar de una afectación al derecho sustantivo relativo a la libertad, pues dados los efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al gobernado, se limita temporalmente su derecho a la libertad y se asevera que esa afectación es temporal, dado que una vez ejecutada esa orden de presentación, la limitación de la libertad finaliza cuando se desahoga la diligencia que motiva la presencia del individuo, instante en que el citado puede retirarse del lugar. En ese sentido, la cita -en los términos que se anota, sin apercibimiento- se dirige a una persona para que ésta acuda ante el Ministerio Público en una fecha predeterminada por el propio órgano investigador y lleve un vehículo de motor, de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo- o que le genera algún agravio personal y directo, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual dicha persona fue citada. Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en dicho citatorio se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio; es decir, el estudio de la legalidad o constitucionalidad del acto, sólo puede realizarse una vez establecida la procedencia del juicio de amparo, la cual indefectiblemente debe determinarse en un análisis previo en el que se revisen si se actualizan o no, las hipótesis previstas en el artículo 61 de la ley de la materia. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad: Agente del Ministerio Público Investigador de Cortázar, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 514/2022-V. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Orden de presentación para las *** horas del **** de dos mil veintidós; y, Orden para exhibir el vehículo automotor ****. Actos emanados de la carpeta de investigación ****. Consideraciones previas. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al quejoso para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, para así tener oportunidad de subsanarlas en tiempo. En ese sentido, en atención al ordinal 114 de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse.*** Así, al advertirse tal irregularidad, resulta procedente imponer la siguiente: Prevención. Con fundamento en lo establecido en la fracción II, del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción V, de la ley de la materia, requiérase a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad; y en atención a lo establecido en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: Único. Indique la etapa de investigación en la que se encuentra, esto es, si es inicial o complementaria. Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento con el punto descrito de la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la solicitante deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su poderdante y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral les confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional.*** Consulta del expediente físico previa cita que se genere en el sistema.Domicilio y autorizados.
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