Angelina Castillo Molina
Expediente 95/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Angelina Castillo Molina
Actuaciones
- Principal
"Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio número 3370/2017, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la queja número 56/2017 civil de su índice, cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO: Es infundado el recurso de queja interpuesto por Angelina Castillo Molina, contra la determinación de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio de amparo 95/2017, por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes; acúsese recibo vía fax a la superioridad; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva). En su oportunidad, conforme al citado acuerdo, remítase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Notifíquese. " (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Angelina Castillo Molina, en contra del proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado por este juzgado de distrito en el juicio de amparo 95/2017-3, mismo que quedó registrado con el número de queja 56/2017 civil. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa ***************** ******, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde el informe relativo a la materia de la queja interpuesta, manifestando la certeza del acto impugnado, cuya legalidad se sostiene por sus propios y legales fundamentos. Como justificación de lo anterior, se remite el escrito original de interposición del recurso, una copia del mismo para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción del Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, así como el juicio de amparo número 95/2017-3; por lo tanto, fórmese legajo de antecedentes. Sin que haya lugar a proceder en términos del numeral 101 de la ley de la materia, en razón de que en el presente asunto, se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese. (3)
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA: Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Angelina Castillo Molina, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 3°, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo; fórmese expediente y regístrese con el número 95/2017-3, que es el que cronológicamente le corresponde. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo o su ampliación y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, a la ampliación, en su caso, y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se sustenta dicha improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido; por ende, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de su ampliación, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren. En sentido opuesto, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio; de ahí que en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso concreto, la parte promovente del amparo señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable su resolución de fecha 27 de Marzo del 2017 pronunciada dentro del Juicio de Divorcio Necesario tramitado bajo el número 728/2013 promovido en mi contra por el actor tercero interesado JAVIER VEGA CÁRDENAS, mediante la cual declara procedente el recurso de revocación que éste hizo valer en contra del auto de fecha 10 de Marzo del 2017; así como sus consecuencias que son el haber procedido el propio Juzgador a levantar el desahogo de la prueba confesional a mi cargo en 28 de Marzo del 2017 declarándome confesa de todas las posiciones que calificó de legales." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: a) Actos ejecutados fuera de juicio medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria; b) Ejecutados después de concluido el juicio -aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución-; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-, así como los procedimientos de remate. Así, de lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. En conclusión, aun tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, que se llevan a cabo a través de un procedimiento instrumental el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución con que se resuelva ese procedimiento (definitividad horizontal), pudiendo reclamarse en dicho juicio las violaciones procesales que la parte quejosa estime acontecieron durante la cadena procedimental y que trascendieron al resultado de la resolución. En efecto, atendiendo al sistema del juicio de amparo, tratándose de procedimientos judiciales tramitados después de concluido el juicio, el amparo sólo será procedente en contra de la determinación que resuelva en definitiva la cuestión debatida, excepto en aquellos casos en que el acto reclamado afecte materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada. Lo anterior encuentra justificación en el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos emitidos dentro de procedimientos que se tramiten después de concluido el juicio, ya que se rigen de igual manera por el principio de definitividad. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual se declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por Javier Vega Cárdenas, en contra del auto de diez de marzo de año en curso, mediante el cual el propio juzgador levantó la diligencia del desahogo de la prueba confesional a cargo de Angelina Castillo Molina, declarándose confesa de todas las posiciones que calificadas de legales dentro del expediente 728/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado con residencia en esta ciudad. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es menester destacar algunos de los antecedentes narrados por el promovente, bajo protesta de decir verdad: El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se radicó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, el Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario al que le correspondió el número de expediente 728/2013, promovido por el quejoso Javier Vega Cárdenas, en contra de Angelina Castillo Molina, en el cual, entre otras cosas, se solicitó la disolución del vínculo matrimonial en forma unilateral. Se tuvo a la promovente Angelina Castillo Molina, promoviendo incidente de convenio de divorcio. Luego, se tuvo a la garante por desahogando la vista respecto al incidente y se ordenó abrir a pruebas. Inconforme con dicho acuerdo, Javier Vega Cárdenas (demandado incidentista) interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete. Mediante diligencia de desahogo de la prueba confesional de veintiocho de marzo de la presente anualidad, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, declaró procedente el recurso de revisión hecho valer por la parte actora en e juicio de origen, declarándola confesa de todas las posiciones calificadas de legales (demandado incidentista). De los antecedentes citados se tiene que el acto reclamado en este juicio constitucional es la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, determinación que se emitió en el recurso de revocación interpuesto dentro del recurso de revocación hecho valer por Javier Vega Cárdenas. Entonces, el acto reclamado no constituye la conclusión del citado recurso de revocación, ya que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en que se haya declarado confesa de todas las posiciones calificadas de legales mediante el cual las partes puedan aportar sus medios probatorios a fin de acreditar sus acciones y defensas dentro de dicho recurso de revocación; sin embargo, en caso de que la resolución del medio de convicción sea favorable a sus intereses se repararían las posibles violaciones procesales y, en caso contrario, podrá impugnar dicha resolución y hacer valer como violación procesal lo resuelto en el incidente de convenio de divorcio. Entonces, la resolución reclamada no es impugnable de manera inmediata, pues se trata de una cuestión intermedia que podrá hacer valer hasta el amparo que se intente contra la resolución final sin ulterior recurso con la que culmine dicho procedimiento; por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.278 K, de rubro y texto siguientes: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: 'AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.', Tomo XVII, junio de 2003, página 11, tesis 1a./J. 29/2003; 'RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.', Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; 'AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.', Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; 'AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.', Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; 'EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.', Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y 'VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.', Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Asimismo, resulta aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia por Contradicción de tesis P./J. 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, página 5, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda promovida por Angelina Castillo Molina. Notifíquese personalmente." (3)
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