Angelina Carreño Mijares
Expediente 711/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2017
Partes del expediente
- Angelina Carreño Mijares
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda remitida por este órgano de control constitucional; asimismo, que la registró con el número de juicio de amparo 688/2017-V; por tanto, archívese como concluido, previas las anotaciones respectivas. Finalmente, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un asunto que carece de relevancia documental en el que se declaró la incompetencia para conocer del juicio de amparo.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO. Visto el escrito de demanda promovida por ***, por propio derecho, regístrese bajo el número 711/2017-II-A. INCOMPETENCIA. Ahora, en primer lugar se deber señalar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A), se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B), se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C), prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la promovente señala como actos reclamados: ".IV. ACTO RECLAMADO: Acuerdo de fecha 3 de marzo del 2017. . 4.9 En fecha 3 de marzo del 2017 la responsable dictó acuerdo en el cual señala que se concede un términos de veinte días hábiles a partir de la fecha en la que se notificado (sic) el presente acuerdo, para que comparezca (sic.); el cual es violatorio de garantías del quejoso ya que del mismo en su párrafo III.- se desprende lo siguiente: III.- Por otra parte, toda vez que a la fecha en que se actúa la parte demandada no ha realizado acción tendiente a liquidar a la actora el crédito laboral a que fue condenado mediante el laudo de referencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de fecha diez de noviembre del dos mil dieciséis consistente en la suspensión del presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México, un término de cinco días sin goce de sueldo, lo anterior con fundamento en el artículo número 253 fracción III de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en virtud de lo anterior gírese atento oficio a la LIX legislatura del Estado de México, con domicilio en PLAZA HIDALGO SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las funciones de este H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México haga efectiva la SUSPENSIÓN TEMPORAL POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS SIN GOCE DE SUELDO A LA C. ANGELINA CARREÑO MIJARES, en su carácter de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás romero, Estado de México. ." Entonces, se puede concluir que la promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados deberán tener ejecución material en el lugar en que la quejosa ejerce su función pública como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, perteneciente al municipio de Naucalpan de Juárez; lo anterior, en virtud de que es donde físicamente, en su caso, se ejecutará la suspensión temporal que reclama e indica afecta su esfera jurídica; por tanto, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción donde se traten de ejecutar los actos reclamados. Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio en que se actúa y los traslados de la demanda adjuntados por la quejosa, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada y acuse recibo. Finalmente, se precisa que éste Juzgado no se pronuncia sobre la suspensión; toda vez, que no se actualiza alguno de los supuestos que prevén los artículos 126, de la Ley de Amparo y 22, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA DE INICIALES A.C.M., EL ACUERDO DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: "RADICACIÓN Y REGISTRO. Visto el escrito de demanda promovida por ***, por propio derecho, regístrese bajo el número 711/2017-II-A. INCOMPETENCIA. Ahora, en primer lugar se deber señalar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A), se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B), se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C), prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la promovente señala como actos reclamados: ".IV. ACTO RECLAMADO: Acuerdo de fecha 3 de marzo del 2017. . 4.9 En fecha 3 de marzo del 2017 la responsable dictó acuerdo en el cual señala que se concede un términos de veinte días hábiles a partir de la fecha en la que se notificado (sic) el presente acuerdo, para que comparezca (sic.); el cual es violatorio de garantías del quejoso ya que del mismo en su párrafo III.- se desprende lo siguiente: III.- Por otra parte, toda vez que a la fecha en que se actúa la parte demandada no ha realizado acción tendiente a liquidar a la actora el crédito laboral a que fue condenado mediante el laudo de referencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de fecha diez de noviembre del dos mil dieciséis consistente en la suspensión del presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México, un término de cinco días sin goce de sueldo, lo anterior con fundamento en el artículo número 253 fracción III de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en virtud de lo anterior gírese atento oficio a la LIX legislatura del Estado de México, con con domicilio en PLAZA HIDALGO SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las funciones de este H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México haga efectiva la SUSPENSIÓN TEMPORAL POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS SIN GOCE DE SUELDO A LA C. ANGELINA CARREÑO MIJARES, en su carácter de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás romero, Estado de México. ." Entonces, se puede concluir que la promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados deberán tener ejecución material en el lugar en que la quejosa ejerce su función pública como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, perteneciente al municipio de Naucalpan de Juárez; lo anterior, en virtud de que es donde físicamente, en su caso, se ejecutará la suspensión temporal que reclama e indica afecta su esfera jurídica; por tanto, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción donde se traten de ejecutar los actos reclamados. Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio en que se actúa y los traslados de la demanda adjuntados por la quejosa, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada y acuse recibo. Finalmente, se precisa que éste Juzgado no se pronuncia sobre la suspensión; toda vez, que no se actualiza alguno de los supuestos que prevén los artículos 126, de la Ley de Amparo y 22, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. "
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