Angelina Álvarez González

Expediente 272/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
272/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Angelina Álvarez González
  • Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. ...

  2. Principal

    En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se da por enterado que el Secretario Adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, conminó como superior jerárquico del Diligenciario adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla, para que cumpla con el fallo de mérito. Sin que haya lugar a requerir nuevamente a la autoridad responsable para que dé cabal cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto, habida cuenta que mediante auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, se proveyó lo conducente, por lo que se encuentra transcurriendo el término concedido para ello, máxime que aún no obra en autos la constancia de notificación correspondiente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, por el que solicita se que se le indique el monto que le debe pagar a la quejosa "Proveedora de Abarrotes Rivera" Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de derecho de alumbrado público respecto al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, para estar en aptitud de cumplir con la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, y toda vez que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, por tanto, este órgano jurisdiccional, está facultado para realizar las gestiones necesarias para lograr el cabal cumplimiento al fallo protector, en consecuencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase como autoridad vinculada al Agente Comercial en Coronango de la Comisión Federal de Electricidad, para que en el plazo de tres días informe a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, las cantidades exactas relativas al pago de derecho de alumbrado público que efectuó la quejosa "Proveedora de Abarrotes Rivera" Sociedad Anónima de Capital Variable, debiendo remitir las constancias que así lo acredite; además, deberán remitir a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, a efecto de resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; requiérase a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, para que en el plazo de cinco días, contados a partir de la legal notificación, de cumplimiento al fallo protector, es decir, deje de cobrar a la quejosa "Proveedora de Abarrotes Rivera" Sociedad Anónima de Capital Variable, el derecho por concepto de servicio de alumbrado público y, proceda a la devolución de la cantidad que por dicho concepto hubiera pagado, únicamente por lo que hace al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, o en su caso, informen las gestiones que se encuentran realizando para ello. Apercíbase a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a Humberto Julián Pestaña Salazar, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, así como al Agente Comercial en Coronango de la Comisión Federal de Electricidad, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 3°, 4° y 5°de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 3°, 4° y 5°de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de las autoridades responsables mencionadas. En aras de una pronta y expedita administración de justicia estatuida en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 28 fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda, para que notifique el presente auto al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Coronango, Puebla y Agente Comercial en Coronango de la Comisión Federal de Electricidad, lo anterior, toda vez que el domicilio en el que tienen su residencia las citadas autoridades pertenece a la zona conurbada respectiva a la sede de este órgano jurisdiccional, de ahí que sea legalmente procedente la notificación en los términos que se ordena. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 43/2010, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, que a la letra dice: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica el auto de presidencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual da trámite al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa "****************", sociedad anónima de capital variable, en contra de la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, este órgano jurisdiccional queda debidamente enterado del trámite dado al recurso de revisión hecho valer en contra de la resolución interlocutoria referida, el cual quedó registrado con el número R-64/2018.

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