Angélica Yamel Faisal Castro

Expediente 2003/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2003/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Angélica Yamel Faisal Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo, por el que remite el oficio que suscribe el Secretario General de Asuntos Colectivos, en ausencia de la Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el que pretende rendir informe justificado; únicamente agréguese a los autos en razón de que el veintiuno de agosto del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2877/2017, promovido por el quejoso, contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de garantías. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tales: [se omite transcripción] En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: [se omite transcripción] Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182529, de título: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, Constitucional, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En los términos expuestos, se NIEGA a la quejosa, la medida cautelar solicitada para el efecto de que no se ejecute ningún acto oral o escrito por el que le sea privada o se le despoje de la posesión de su pensión por jubilación, así como de otros derechos o servicios a que tiene derecho derivados de la misma, puesto que, se trata de un acto de naturaleza negativa respecto de lo cual no es procedente otorgar una medida cautelar, en razón de que con ello se otorgarían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Es aplicable la tesis I.3o.C.25 K, con registro, 187375, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS". Por otra parte, es necesario establecer que en este momento no es dable estimar la inconstitucionalidad de los actos para conceder la suspensión, pues para realizar ese análisis más que un asomo a su posible inconstitucionalidad se realizaría una labor interpretativa de los mismos y un estudio profundo de la cuestión debatida. No pasa inadvertido que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora; sin embargo, para su otorgamiento debe realizarse un estudio simultáneo de esos elementos con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 165659, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Asimismo, de concederse dicha medida cautelar en esos términos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que constituye el acto reclamado, según se advierte del escrito de ampliación de demanda, y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo en el juicio de garantías, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa e implican alguna violación de garantías, y esa amplitud de estudio no es necesaria tratándose del incidente de suspensión. Ello es así, porque en todo caso, será materia del fondo de la cuestión planteada en esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior, cabe citar los siguientes criterios: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". (Época: Novena Época. Registro: 204894. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I. Junio de 1995. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/12. Página: 368). "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo". (Época: Octava Época. Registro: 213289. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994. Materia(s): Común. Tesis: XXI.1o.61 K. Página: 497). En el entendido que en el presente incidente, no se prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados que la parte agraviada considera violatorios de sus derechos fundamentales, ya que dicho estudio se deberá hacer en el juicio principal de donde emana la presente incidencia. Se afirma lo anterior, ya que atendiendo a los actos reclamados y a los conceptos de violación, se advierte que el tema que se tendrá que dilucidar en el juicio de amparo indirecto principal, consiste precisamente en determinar si la orden contenida en el oficio que se indica por la que se solicita la cancelación del pago de "nómina ordinaria de pensionado" de la quejosa es legal. De ahí que, abordar dicha cuestión en el incidente de suspensión sería tanto como substituirse en las funciones de la autoridad administrativa, pues no debe soslayarse que la falta de pago de la pensión por jubilación que se reclama, fue suspendida mediante la orden contenida en el oficio que se indica, sustentada en que la impetrante, se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones para los Trabajadores sujetos al Décimo Transitorio del Decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que dicha determinación goza de la presunción de legalidad y validez para su ejecutoriedad inmediata. Además que, con dicha medida no se deja a la quejosa, en un estado de indefensión o necesidad, pues del informe justificado que obra en el principal, así como de las constancias que fueron allegadas en apoyo al mismo, se advierte que la quejosa, se encuentra activa como trabajadora, por estar prestando sus servicios en la Secretaría de Salud, como lo demuestran las impresiones de los reportes de pago de la pensionada. Razones por las cuales, la inconstitucionalidad o constitucionalidad, de la suspensión de pago de pensión por jubilación contenida en el oficio que se indica, tendrá que ser materia de estudio en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión, en la sentencia definitiva que en su caso llegue a emitirse. Notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado del escrito de ampliación de demanda en este órgano jurisdiccional. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el cual devuelve los autos del juicio de amparo número 1379/2017 y remite testimonio de la resolución pronunciada en el toca de revisión principal 424/2017 de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para sus efectos, que dicho recurso fue resuelto por ese órgano colegiado en los siguientes términos: "ÚNICO. Se confirma la sentencia recurrida, que concedió para efectos el amparo y protección de la justicia Federal solicitado". Acúsese recibo de estilo y por lo que ve al cuaderno de antecedentes que se formó por tal motivo, se ordena glosar a los presentes autos las constancias originales que obren en el mismo. Ahora bien, al verificar el contenido de la ejecutoria dictada por la Superioridad, se advierte que se declararon ineficaces los agravios de la autoridad responsable vertidos en el recurso de revisión interpuesto; en consecuencia, la sentencia emitida en autos HA CAUSADO EJECUTORIA; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad antes citada, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede. A fin de que la autoridad vinculada pueda dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, remítasele copia simple del escrito de demanda, así como de la sentencia dictada en autos.

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