Angélica Vidal Aguilar
Expediente 324/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Angélica Vidal Aguilar y Otros.
- Angélica Vidal Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 324/2020; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. ANGÉLICA VIDAL AGUILAR y JULIO GONZÁLEZ PÉREZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia de este juzgado de Distrito, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos y autoridades: Actos que estiman violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecinueve de mayo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, concedió la suspensión de plano para que las responsables proporcionaran a los quejosos los insumos, material y equipo de protección necesarios y suficientes para el desempeño de sus funciones como enfermeros para atender pacientes sospechosos y confirmados de SARS-Cov-2 (COVID 19); de igual forma, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. El subdirector de Área adscrito a la oficina de la abogada general de la Secretaría de Salud, en representación de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud del Gobierno Federal, y del Director General de Epidemiología, y el delegado del Director General del Instituto de Salud para el Bienestar, con sede en la ciudad de México, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguno en contrario. Negativa que se admite en sus términos, pues la falta de abastecimiento de los insumos, material y equipo de protección que requieren los quejosos para el desempeño de su labor como enfermeros adscritos al Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, corresponde a los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de sus instituciones de salud, no así a las autoridades antes mencionadas, ya que entre éstas y los quejosos no existe relación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto a dichas autoridades. TERCERO. Previo a determinar si el acto reclamado al Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, Director General de los Servicios de Salud y Director del Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, es existente o no, conviene precisar si les reviste la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por otra parte, es pertinente precisar que no basta estimar que los actos reclamados violenten derechos fundamentales, para estimar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para estimar realizado un acto de autoridad, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Conforme a lo anterior, resulta evidente que la relación existente entre los quejosos y el Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, Director General de los Servicios de Salud y Director del Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado lo constituye en esencia, la falta de abastecimiento de los insumos, material y equipo de protección que requieren para el desempeño de su labor como enfermeros adscritos a ese hospital, lo que evidentemente no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XIX Bis, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: (.) XIX Bis Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; (.)" Como se aprecia del transcrito numeral, las omisiones que reclaman los quejosos de las dependencias de salud que tilda de responsables, son cuestiones inherentes a sus derechos como trabajadores, por tanto, esa relación no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que tengan celebrado, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública. Así, es evidente que la falta de abastecimiento de los insumos, material y equipo de protección para el desempeño de su trabajo, atribuido a los referidos entes de salud, incide en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadores; por lo que no se está en el caso de tener a aquél como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión, se reitera, de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 324/2020, promovido por ANGÉLICA VIDAL AGUILAR y JULIO GONZÁLEZ PÉREZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos se advierte, el Director del Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no ha dado cumplimiento a los requerimientos de veinte de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, consistente en informar el cumplimiento al requerimiento de la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante oficio 4C/4C.3/1823/2020 de veinte de mayo de dos mil veinte, es decir, informar los términos en los cuales dio cumplimiento al referido oficio, qué actos posteriores al mismo efectúo para su atención, así como indicar en qué área del hospital a su cargo están adscritos los quejosos ANGÉLICA VIDAL AGUILAR y JULIO GONZÁLEZ PÉREZ. Asimismo, no obra constancia que acredite que haya quedado notificado de su petición. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Administrador de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita a este juzgado el acuse de recibo de la pieza postal número MN6801 19533MX, registrada en la factura de treinta de noviembre de dos mil veinte, correspondiente al siguiente oficio y autoridad: 17472/2020 DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, DEPENDIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Apercibido que de no hacerlo así en el lapso indicado, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, en específico en su artículo 2, se levanta la suspensión de los plazos y términos en este expediente, decretada del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en sesión extraordinaria de veinte de diciembre pasado, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, e informada mediante la circular CAP/3/2020. Por consiguiente, se prosigue con el trámite del presente asunto en la etapa procesal en que se encontraba, previo a la suspensión indicada en el párrafo que antecede. En consecuencia, tomando en consideración que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las trece horas con quince minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno; por tanto se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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