Angélica Verónica Martinez Barrientos

Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
302/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Angélica Verónica Martinez Barrientos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito del presidente, secretario y tesorero, integrantes del comisariado ejidal del Ejido San Lucas Patoni, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de veintiuno de mayo del presente año, manifiestan que Héctor Guzmán Ferrer y Cuauhtémoc Correa Noguez, pretenden sorprender la buena fe de este juzgador, puesto que su autorización fue revocada desde el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, y solicitan se le vista al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este juzgado. Asimismo, se tiene por recibido el escrito de Héctor Guzmán Ferrer y Cuauhtémoc Correa Noguez, quienes se ostentan mandatarios del ejido San Lucas Patoni, lo cual, refieren, se acredita con el instrumento notarial exhibido con su promoción acordada en proveído de veintiuno de mayo pasado, a través del cual solicitan que a efecto de mejor proveer en el desarrollo del procedimiento y no vulnerar derechos de ninguno de los intervinientes se ordene una comparecencia entre ellos y los representantes del núcleo ejidal San Lucas Patoni, para que sean expuestos y deducidos los derechos de las partes y que quede aclarada toda duda; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los escritos de cuenta tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, atento a lo manifestado por quienes dicen ser mandatarios del ejido quejoso, así como lo señalado por los integrantes del comisariado ejidal San Lucas Patoni; se ordena se presenten en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las trece horas con treinta minutos, a efecto de dilucidar sus pretensiones y poder continuar con el trámite de cumplimiento de la ejecutoria; apercibidos que de ser omisos se les impondrá una multa a cada uno por el equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero dos mil dieciséis. Ahora bien, para que puedan acceder a este juzgado, deberán exhibir el siguiente Q.R.: Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por quien se ostenta como representante legal de la parte quejosa por medio del cual, pretende desahogar las prevenciones que le fueron realizadas en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y solicita se realicen las notificaciones que deriven del presente asunto vía electrónica por conducto del usuario que proporciona. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Del contenido del ocurso de mérito, se desprende que el promovente no atendió a cabalidad las prevenciones decretadas en el proveído citado por las razones siguientes. En principio, es necesario destacar que en la prevención de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la marcada con el inciso a), se requirió al promovente para que aclarara su demanda en los siguientes términos: "a) Gabriel Díaz Mirones, deberá exhibir el instrumento notarial que refiere en su demanda de amparo, del que se advierta que cuenta con las facultades para actuar como representante legal de todos y cada uno de los quejosos en cuya representación promueve; lo anterior, debido a que fue omiso en exhibir dicho documento, motivo por el cual no puede considerarse satisfecho dicho requisito que para tales efectos exigen los artículos 5, fracción I, y 6, en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, en tanto que la personalidad, al ser un presupuesto procesal, debe acreditarse de manera fehaciente." (.) Esto es, se requirió al promovente para que exhibiera el instrumento notarial al que hizo alusión en su demanda de amparo, del cual se advirtiera que cuenta con las facultades para actuar como representante legal de cada uno de los quejosos. Ahora bien, en el escrito que se atiende, el promovente refirió ".a fin de acreditar la personalidad con la que me ostento y debido al volumen del documento respectivo, exhibo en la memoria usb que se adjunta, el archivo electrónico de la copia certificada de la escritura notarial correspondiente." en ese tenor, de la revisión realizada al dispositivo de almacenamiento que se hace alusión, se advierte que contiene noventa y seis fotografías en formato "jpg", cuyo contenido no guarda continuación?????????????? entre si, además, del contenido de múltiples de las imágenes del supuesto instrumento notarial, carecen de sello y rubrica, y existe ausencia de numeración entre las páginas que permita advertir el consecutivo del mismo. Asimismo, se advierte que las fotografías corresponden a un instrumento notarial pasado ante la fe del Notario Público número diecinueve en la Ciudad de Durango, Estado de Durango, en el cual da fe y certifica fuera de protocolo una carta poder de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, a través de la cual, el referido Fedatario precisó que "según decir de los comparecientes" Gabriel Díaz Morones y Lluvia Patricia Rodríguez Vela, les fue otorgada la facultad para representar a diversos poderdantes a través de cinco mil veintinueve de éstos documentos privados, documentales que certificó el Notario Público el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, no ha lugar a tener por cumplida la prevención descrita con el inciso a) del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que es un documento que adquirió fecha cierta con posterioridad a la presentación de la demanda y por ende el otorgamiento de los supuestos poderes que señala no cumple con los requisitos que fueron descritos en el inciso a que se hace referencia. Lo anterior es así, en razón que si bien de las fotografías que exhibe se advierte que el supuesto otorgamiento de poderes se realizó el veintiuno de diciembre de dos mil veinte en un documento privado, ésta documental adquirió la calidad de fecha cierta hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno en la que se presentó ante un fedatario público, y que es posterior a la presentación de la demanda de amparo, en razón que la misma se recibió el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, como se corrobora del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Máxime que el supuesto otorgamiento de poderes no fue realizado ante fedatario público, sino que fue realizado en forma privada y posteriormente dichos documentos fueron certificados por el multicitado Notario, de ahí que el propio Fedatario al hacer la certificación precisó que los poderes otorgados era según dicho de los solicitantes; en consecuencia, no exista plena certeza de que los supuestos representados otorgaron poder a los promoventes para instar el juicio de amparo en que actúa, toda vez que no se realizó ante el Notario Público. Por lo anterior, no es factible tener por cumplida la prevención descrita en el inciso a) del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno pues claramente es contrario a las directrices que le fueron señaladas en el auto aludido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del contenido literal siguiente: DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él. (Época: Novena Época, Registro: 164080, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 33/2010). Así como la tesis de jurisprudencia P/J.91/2000, que es del rubro siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- (No. Registro: 191,109, Novena Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Septiembre de 2000, página: 9). Aunado a lo anterior, éste órgano de control constitucional estima que la exhibición del instrumento notarial en fotografía al tratarse de un medio de prueba contenido en un medio electrónico y en la forma en que se presentó, carece de valor probatorio pleno, toda vez que es sucesible de ser alterado o modificado; de ahí que no se puede tener certeza de la veracidad de su contenido; aunado a que no se encuentra adminiculado con ninguna otra prueba; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra establecen: ARTÍCULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta. ARTÍCULO 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que establece: FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena. Época: Sexta Época, Registro: 266749, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXII, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 22. Sin que pase desapercibido que el promovente aduzca bajo protesta de decir verdad, que los documentos insertos en el dispositivo USB, coinciden íntegramente con su original, sin embargo, cabe destacar que el escrito de cuenta y anexos, fueron presentados de manera física en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no a través del Portal de Servicios en Línea, por lo que no se actualiza en supuesto previsto en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y por tanto, no se les concede valor probatorio. De igual manera, no pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que la razón por la que exhibe la documental por medio de un dispositivo usb, es atendiendo al volumen de éste documento, motivo por demás insuficiente para exceptuarla de su obligación legal de acreditar fehacientemente la personalidad con que se ostenta en el presente asunto, pues es una hecho notorio y conocido que diariamente se reciben en este Juzgado Federal demandas con anexos, cuyo volumen y cantidad de fojas, supera en exceso la documental de referencia. Por lo que no es factible considerar que un instrumento notarial integrado por noventa y seis fojas, represente una imposibilidad material del promoverte para exhibirlo. Por lo expuesto, no se tiene por desahogada la prevención formulada al promovente, en el inciso a) del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis II.1o.22 K (10a.), del rubro que a continuación se cita: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO A TENER POR NO PRESENTADA UNA DEMANDA O DESECHARLA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCURAR SUBSANAR O REPARAR EL DEFECTO POR MEDIO DEL DESAHOGO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO NO SEA CONTUMAZ O NEGLIGENTE Y NO SE DAÑE LA REGULARIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL O A OTRAS PARTES. La prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo se orienta, esencialmente, a que el quejoso dé cuenta en el desahogo del requerimiento del artículo 108 del propio ordenamiento, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos. Ello se debe a que la ley de la materia tiene una serie de reglas formales a fin de lograr la seguridad jurídica, a través de la legalidad; sin embargo, ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo, pues debe cumplirse con el derecho de acceso a la justicia. Así, desde la perspectiva de la constitucionalidad no son admisibles obstáculos producto de un formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, que en todo caso deben ser adecuados a los derechos humanos, para cumplir con el principio pro actione, pues los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto a que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer los derechos necesarios para las partes y el objeto del proceso. En consecuencia, el Juez de Distrito, previo a tener por no presentada una demanda de amparo o desecharla por no haberse cumplido con un requerimiento para su aclaración, debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, siempre que el quejoso no sea contumaz o negligente y no se dañe la regularidad del proceso constitucional o a otras partes, pues los requisitos formales deben interpretarse y aplicarse de modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables de acuerdo con el mencionado artículo 114, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, si la parte requerida los cumple desde el inicio del proceso o los subsana, porque la finalidad del requisito procesal es establecer el objeto del proceso constitucional, pero no constituirse en mecanismos o tecnicismos que hagan del proceso constitucional un medio de defensa inaccesible." (No. Registro: 2012349, Tesis Aislada, Materia(s): Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Agosto de 2016, Tesis: II.1o.22 K (10a.), Página: 2672) Aunado a lo anterior, el promovente también es omiso en desahogar la prevención descrita con el inciso d) del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que le fue requerido lo siguiente: "d) Por otra parte, a manera de antecedentes del acto reclamado, por cada uno de los quejosos y en el orden en que se asentaron sus nombres en el proemio del escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad: ? Deberá indicar la fecha exacta en que les fue concedida la pensión a cada uno de los promoventes, debiendo exhibir las constancias que así lo acrediten. ? Deberá indicar la fecha exacta en que se realizó el ajuste y cálculo de las pensiones, es decir, la fecha en que a cada uno de los quejosos se les dejó de aplicar como base de cálculo el salario mínimo y se comenzó a aplicar la unidad de medida actualizada, debiendo exhibir las constancias con las que acredite su dicho. ? En concordancia con la prevención que antecede, deberán narrar, de manera detallada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que cada uno de los quejosos tuvo conocimiento de que les fue aplicada la unidad de medida actualizada para el cálculo de su pensión y exhiban las constancias que así lo acrediten, o bien, de no contar con ellas, deberán precisar por qué consideran que les fue aplicada dicha unidad de cálculo. ? Aunado a lo anterior, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado en la Ciudad de Durango, Estado de Durango, deberán de manifestar el lugar en que cada uno de los promoventes cobra la pensión cuyo indebido cálculo y pago reclama en éste sumario. (.) En relación a dicha prevención, el promovente señaló ".respecto de los antecedentes del acto reclamado, se estima que éstos quedaron precisados en el capítulo correspondiente de la demanda inicial, en el entendido que la prevención en la que se requiere al quejoso para que narre cronológicamente los antecedentes del acto reclamado, es injustificada y contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva.", no obstante lo señalado por el promovente del amparo, éste Juzgado realizó dicha prevención a fin de allegarse de mayores elementos para mejor proveer en el presente asunto y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y que contrario a lo señalado por el ocursante, no fueron señalados en la demanda de amparo. Asimismo, y de manera concreta por lo que hace al requerimiento que se le realizó a efecto de que proporcionara el lugar en que cada uno de los quejosos cobra su pensión, se precisa que el suscrito lo requirió, tomando en consideración que para determinar la competencia de los jueces de distrito uno de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo se surte en favor de aquel en el lugar en que se ejecute el acto reclamado, pues tal y como se refirió en el auto de veintinueve de marzo pasado, generaba a incertidumbre a éste Juzgado dicha circunstancia en razón que el domicilio para oír y recibir notificaciones se encontraba señalado en la Ciudad de Durando, Estado de Durango, aunado a que, contrario a lo señalado por el ocursante, dicho requerimiento fue realizado en aras de una impartición de justicia pronta y expedita al indagar sobre el domicilio de los quejoso a fin de facilitar su acceso a los órganos jurisdiccionales que se encuentren más cerca de ellos. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. (No. Registro: 237,105, Tesis aislada, Materia(s): Común, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 217- 228 Tercera Parte, Página: 73) En suma de lo anteriormente expuesto, se hacen efectivos los apercibimientos contenidos en el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Atento a lo anterior, se procede a hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en atención a la solicitud del autorizado de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "EVenegasV1206", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria para la consulta del expediente electrónico. Finalmente, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tengan inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio recibido vía electrónica del Actuario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo de los recursos de revisión interpuestos por las responsables en contra de la resolución de veintidós de mayo de dos mil veinte e informa que han quedado registrados con el número de toca R.A. 41/2021; asimismo, solicita diversas constancias de notificación. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Por lo que hace a dicha solicitud, verifíquese que estén integradas al expediente electrónico las constancias que refiere la superioridad y remítanse mediante oficio que se gire para tales efectos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en atención a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca de revisión R.A. 375/2019, conviene destacar lo siguiente: [.] 60. Máxime que, de las constancias de autos no se advierte que exista documental alguna con la cual se corroboré que a los quejosos se les depositó la cantidad total $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), porque sus viviendas fueron dictaminadas con daño parcial ni por qué se les depositó tal cantidad y no $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), aun cuando se considerara daño parcial. [.] 78. En tal sentido, las autoridades responsables Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Presidente de la República, al rendir su informe justificado manifestaron que los quejosos tuvieron como diagnóstico de sus inmuebles "daño parcial", por lo que, no tenían derecho a acceder a un monto mayor que el equivalente a $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional). 79. Lo que dijeron, se obtenía de la búsqueda realizada al padrón de beneficiarios final, conciliado y actualizado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) y aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003, del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales el día 25 de octubre de 2018. 80. Luego, como se ha dicho, dada la manifestación de los quejosos de autoadscribirse como integrantes de la población índigena zapoteca, el juez de amparo estaba obligado a suplir la deficiencia de la queja y realizar todas aquellas diligencias que los beneficiaran para no dejarlos en estado de indefensión incluso, recabar de oficio las pruebas pertinentes a efecto de verificar si en efecto, en dicho patrón, o bien derivado del procedimiento de validación de daños correspondiente, la vivienda de los quejosos fue diagnosticada con daño parcial y no total. [.] Consecuencias del fallo. 88. Precisado lo anterior, este tribunal, siguiendo los parámetros antes descritos, y atendiendo a la directriz o deber de implementar y conducir procesos sensibles a las particularidades de dichos grupos, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de amparo, debe reponerse el procedimiento con el propósito de que el juez de Distrito, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, tomando en consideración que los quejosos se autodescribieron como integrantes de la población indígena zapoteca, adoptando una postura activa pro-derechos: (i) supla la deficiencia de la quejosa y (ii) realice todas aquellas diligencias que los beneficien para no dejarlos en estado de indefensión incluso, recabe de oficio las pruebas pertinentes a efecto de verificar si derivado del procedimiento de validación de daños correspondiente, la vivienda de los quejosos fue diagnosticada con daño parcial y no total y de ser diagnosticada con daño parcial, determine por qué le corresponden 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) y no $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). [.] En mérito de lo anterior, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Colegiado de cuenta, ante la necesidad de este Juzgador de allegarse de mayores elementos para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE al Director General del Fondo de Desastres Naturales; Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; así como las siguientes autoridades del Estado de Oaxaca: Secretario de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Coordinador Estatal de Protección Civil, Titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Presidente Municipal de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"), Regidor de Hacienda del Municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"),Tesorero del Municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña") y Titular de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"), dentro del ámbito de sus facultades legales, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación que se les haga del presente proveído, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, remitan copia certificada de las constancias legibles siguientes: 1. Diagnóstico, dictamen, constancia, cuantificación, evaluación o documental que demuestre la validación de daños correspondientes y la clasificación del daño causado a las viviendas de los quejosos Alejo López Ruíz y Roberto López Posada, ubicadas en el Municipio de Unión Hidalgo, Estado de Oaxaca, derivado del sismo ocurrido el siete de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Padrón de beneficiarios en que aparezcan los quejosos Alejo López Ruíz y Roberto López Posada y los montos de dinero asignados a cada uno de ellos. 3. Todo soporte técnico de arquitectura o ingeniería que demuestre fehacientemente la clasificación otorgada a cada vivienda de los quejosos Alejo López Ruíz y Roberto López Posada, esto es, todo estudio realizado para clasificar el tipo de daño que recibieron sus inmuebles, con motivo del sismo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, conforme con el apartado dos, "Consideraciones específicas de las modalidades dependiendo de la magnitud de afectación de las viviendas; se clasificaran cuatro tipos de daños", del anexo cuatro de los Lineamientos de Operación Especificos del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil once. 4. Constancia de la que se desprenda la cantidad autorizada a cada una de las viviendas de los quejosos Alejo López Ruíz y Roberto López Posada, según la clasificación de daños. 5. Constancia de la que se desprenda el pago realizado a cada uno de los quejosos Alejo López Ruíz y Roberto López Posada, por concepto de la afectación sufrida en sus viviendas con motivo del sismo ocurrido el siete de septiembre de dos mil diecisiete. Debiendo en su caso, manifestar el impedimento legal que tengan para remitir alguna de las citadas constancias, o bien deberán informar qué autoridad, dependencia o unidad administrativa es la competente para que proporcione dicha información y/o constancias. Asimismo, SE REQUIERE a los quejosos para que dentro del mismo plazo de tres días contado a partir de su legal notificación, exhiban copia certificada de toda constancias que tengan referente al daño ocasionado a sus viviendas con motivo del aludido sismo de siete de septiembre de dos mil diecisiete y documentos que demuestren la cantidad de dinero que tienen derecho a recibir con motivo de los daños sufridos en cada una de sus viviendas, derivado de tal sismo. Al respecto es aplicable la tesis número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. (No. Registro: 199454, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, Febrero de 1997, Página: 108). Apercíbase a las citadas autoridades responsables que en caso de ser omisas, se les impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México, y en caso de reiterar su conducta omisiva al respecto se duplicará dicha multa, hasta llegar a las mil veces la unidad de cuenta, con base en lo dispuesto en el numeral 259, de la Ley de Amparo. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Atendiendo a las cargas de trabajo se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. (No. Registro: 328587, Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXVI, página: 495) Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Alejo López Ruíz y Roberto López Posada, en el domicilio ubicado en Minerva número doscientos noventa y siete (297), Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal cero mil treinta (01030), en esta ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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