Angelica Verenice Gomez Mendez
Expediente 1565/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1565/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Angelica Verenice Gomez Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de diez de enero de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiera realizado; por tanto, se declara que ha causado estado dicha determinación para los efectos legales conducentes. En consecuencia, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21 inciso a) del acuerdo referido.
- Principal
Mexicali, Baja California, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, a través del cual en cumplimiento a lo requerido en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, al que anexa copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada en el expediente laboral ********************, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido. Ahora, conviene recapitular que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las responsables de agotar dentro del término y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, así como la falta de emplazamiento de la parte demandada. Luego, del análisis de las constancias remitidas por las responsables, es posible advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el caso concreto, de las copias certificadas remitidas por las responsables, se desprende que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio ********************, de la que destaca que compareció la parte demandada por conducto de apoderado legal, al encontrarse debidamente emplazada, como se advierte de las constancias de cuatro del citado mes y año. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia, pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -treinta de septiembre de dos mil veintidós-, la Junta responsable no había desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, el Actuario de la adscripción, no había emplazado a la parte demanda, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que la parte demandada fue debidamente emplazada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós y el veinticinco siguiente se llevó a cabo el desahogo de la audiencia trifásica antes citada; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y, por consecuencia, todos los efectos de los actos reclamados fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sin que sea el caso que realizar alguno en torno a las actuaciones de la responsable subsecuentes al acto reclamado, toda vez que debe delimitarse en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con doce minutos del once de enero de dos mil veintitrés; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, página trecientos ochenta y seis (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
se notifica a la parte quejosa el auto de fecha diez de enero de dos mil veintitres...diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, a través del cual en cumplimiento a lo requerido en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, al que anexa copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada en el expediente laboral ********************, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido. Ahora, conviene recapitular que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las responsables de agotar dentro del término y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, así como la falta de emplazamiento de la parte demandada. Luego, del análisis de las constancias remitidas por las responsables, es posible advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el caso concreto, de las copias certificadas remitidas por las responsables, se desprende que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio ********************, de la que destaca que compareció la parte demandada por conducto de apoderado legal, al encontrarse debidamente emplazada, como se advierte de las constancias de cuatro del citado mes y año. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia, pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -treinta de septiembre de dos mil veintidós-, la Junta responsable no había desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, el Actuario de la adscripción, no había emplazado a la parte demanda, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que la parte demandada fue debidamente emplazada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós y el veinticinco siguiente se llevó a cabo el desahogo de la audiencia trifásica antes citada; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y, por consecuencia, todos los efectos de los actos reclamados fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sin que sea el caso que realizar alguno en torno a las actuaciones de la responsable subsecuentes al acto reclamado, toda vez que debe delimitarse en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con doce minutos del once de enero de dos mil veintitrés; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Mexicali, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio ********************, de su índice, de las que se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, señalo la nueve horas del veinticinco de noviembre de este año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, remitió los emplazamientos de las partes demandadas realizadas el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, requiérase a la referida responsable para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice del presente auto, indique si se llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que fue señalada para el veinticinco de noviembre de este año, dentro del juicio ********************, de su índice y, en su caso remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de ser omisa a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha, de conformidad a lo previsto por el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar fijar las nueve horas con doce minutos del once de enero de dos mil veintitrés, como la nueva hora y fecha para su celebración.
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