Angélica Vargas Valencia

Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
983/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Angélica Vargas Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene recibido vía ordinaria, el escrito presentado por la quejosa ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales J.A.G.V., Q.G.V., D.B.G.V., P.E.G.V. y X.E.G.V., mediante el cual desahoga la prevención de cuatro de agosto de esta anualidad, dentro del plazo que le fue concedido. Ahora, se estima importante señalar que la parte quejosa señaló como actos reclamados de las autoridades responsables, los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: A LA JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD ORDENADORA, le reclamo: A). La orden de aplicar un descuento del 20% a mi salario que percibo como empleada del gobierno del Estado de Guerrero, por concepto de pensión alimenticia a favor de la aquí tercero interesada ANGÉLICA GARCÍA VARGAS, a pesar de que la referida tercero interesada ya promovió un primer juicio de alimentos en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde también se le fijó un total del 50% de alimentos a su favor, y en consecuencia la violación al derecho humano de recibir alimentos mis otros cinco hijos menores de edad, de identidad reservada con iniciales J.A.G.V¡ Q.G.V¡ D.B.G.V P.E.G.V y X.E.G.V., el primero de ellos vulnerable con Síndrome de Down, Y VIOLATORIOS DE LA DIGNIDAD HUMANA, toda vez que soy la única que le provee de los alimentos, y de ejecutarse el acto reclamado se les impediría recibir sus alimentos de modo compatible con la dignidad humana. A LA JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. CON CONOCIDO EN CUIDAD JUDICIAL. EN SU CALIDAD DE EJECUTORA, le reclamo lo siguiente: A). La inminente ejecución de la orden de aplicar un descuento del 20% a mi salario que percibo como empleada del gobierno del Estado de Guerrero, por concepto de pensión alimenticia a favor de la aquí tercero interesada ANGÉLICA GARCÍA VARGAS, a pesar de que la referida tercero interesada ya promovió un primer juicio de alimentos en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde también se le fijó un total del 50% de alimentos a su favor, y en consecuencia la violación al derecho humano de recibir alimentos mis otros cinco hijos menores de edad, de identidad reservada con iniciales J.A.G.V., Q.G.V, D.B.G.V, P.E.G.V, y X.E.G.V., el primero de ellos vulnerable con Síndrome de Down, Y VIOLATORIOS DE LA DIGNIDAD HUMANA, toda vez que soy la única que le provee de los alimentos, y de ejecutarse el acto reclamado se les impediría recibir sus alimentos de modo compatible con la dignidad humana. Asimismo, en el capítulo de hechos expuso: "1. Con fecha 22 de septiembre de 2020, mi ex cónyuge LORENZO GARCÍA MARTÍNEZ presentó en oficialía de partes común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito judicial de Tabares una demanda de alimentos en mi contra (en Acapulco), por propio derecho y en representación de mi hija ANGÉLICA GARCÍA VARGAS. (Este hecho lo demuestro con las fojas número 0009 a la 0012, del cuadernillo que anexo a la presente, certificado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito, en donde se aprecia la demanda de alimentos) (.) Con fecha 1 de octubre de 2020, el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tabares, le entregó el oficio número 282 a LORENZO GARCÍA MARTÍNEZ, en el cual se ordenó a mi fuente laboral (Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado), que se aplicara un descuento a mi nómina del 40% de todas mis prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibo como trabajadora del gobierno del Estado; sin embargo, además de ese 40% de alimentos el Juez Primero Familiar y el señor LORENZO GARCÍA MARTÍNEZ, realizaron actos ocultos y contrarios a derecho, dado que de manera verbal y/o escrita le ordenaron a mi fuente laboral que me aplicaran otro descuento del 10% adicional a mi nómina, por concepto de pago retroactivo de pensión alimenticia a favor de ANGÉLICA GARCÍA VARGAS; es decir, un total del 50%, por lo que desde el mes de octubre de 2020 se me aplicó un descuento del 50% de todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibo como trabajadora. (Este hecho lo demuestro con la foja 0017, del cuadernillo que anexo a la presente, certificado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito, en donde se aprecia la ejecución del 40% de descuento a mi nomina). (También demuestro este hecho, con el recibo original de mi nómina de fecha 16 de octubre de 2020, el cual anexo a la presente, en el que se aprecian dos rubros de descuento, el primero que corresponde al 40% de alimentos y el segundo que corresponde al 10% de alimentos retroactivos, es decir, un 50% de descuento de la totalidad de mis ingresos). 4. Seguida que fue la secuela procesal, el día 27 de junio de 2022, el Juez Primero Familiar dictó sentencia definitiva en el expediente 589-3/2020; por lo que, en su tercer punto resolutivo el citado Juez fijó el 20% por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de ANGÉLICA GARCÍA VARGAS; no omito decir a su señoría, que aun cuando en la sentencia no se mencionó que se me aplicara un 10% adicional como pago retroactivo de alimentos, de manera injustificada se continuó aplicando a mi salario ese 10% adicional, más el 40%, es decir, NO se ejecutó de inmediato esa sentencia definitiva que solo fijaba un 20%, dado que se me siguió descontando en total el 50% de mi salario, y la aquí tercero interesada siguió disfrutando de ese 50% de alimentos a pesar de que ella siempre ha tenido conocimiento que tengo bajo mi cuidado a mis otros cinco hijos menores de edad, los cuales son sus hermanos. (Este hecho lo demuestro con las fojas 0023 y 0024, del cuadernillo que anexo a la presente, certificado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito, en donde se aprecian los puntos resolutivos de la sentencia de 27 de junio de 2022, emitida por el Juez Primero Familiar). (También demuestro la parte final de este hecho, con el recibo de mi nómina del mes de julio del año 2022, en el que se aprecian dos rubros de descuento, el primero que corresponde al 40% de alimentos y el segundo que corresponde al 10% de alimentos retroactivos, es decir, un 50% de descuento de la totalidad de mis ingresos)." Ante lo antes transcrito, se determina que este Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, es incompetente para conocer del presente juicio, por las razones que se exponen a continuación. Para el conocimiento del caso en análisis, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que el acto que se reclama no requiera de ejecución material, para que conozca de aquél el juez del lugar donde se hubiere presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, se estén realizando o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, como se adelantó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que el promovente del amparo, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "1. ********************, JUEZ TERCERO DE LOS FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONA DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (escrito de desahogo)" Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad la quejosa refiere que desempeña sus labores como Defensora Pública, adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Sector Garita y la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Adolecentes del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, y que el día catorce de julio del año en curso, la Actuaria Judicial del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, la emplaza a juicio y se ordena el descuento de su salario de la aquí quejosa, orden judicial emitida por el Juez Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual fue del 20% de sus percepciones. También es pertinente mencionar que las autoridades designadas como responsables tienen sus respectivos domicilios en: 1.- ********************, JUEZ TERCERO DE LOS FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 2.- JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 3.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONA DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (escrito de desahogo) Ahora bien, dado la naturaleza del acto reclamado y toda vez que, se advierte que conllevan ejecución material; este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, resulta incompetente para conocer del presente juicio, como a continuación se explica. Del contenido de la demanda presentada por la quejosa ********************, se advierte que manifiesta que el Juez Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con domicilio en la Ciudad de México, emitió una orden para descontarle el 20% directamente de su salario, y dado las constancias que anexa a su escrito de desahogo en la cual la referida quejosa tiene su residencia y domicilio laboral en el puerto de Acapulco, Guerrero. Lo anterior, permite establecer que la determinación combatida indefectiblemente tiene ejecución material en Acapulco, Guerrero, toda vez que, tiene su domicilio en ese mismo lugar, toda vez que se encuentra adscrita a la Defensora Pública, adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Sector Garita y la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Adolecentes del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco; luego la materialización del acto, es indispensable para decidir quién será el Juez competente para conocer del presente asunto. Corrobora lo anteriormente dicho en la parte considerativa la tesis I.1o.A.44 A, publicada en la Página: 1299, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro 189167, Agosto de 2001, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así también, tiene aplicación por las razones que la sustentan, la Tesis 2ª./J. 68/2015, publicada en la página 916, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo 343/2021-IV, con todos sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se ejecuta materialmente el acto reclamado; por lo tanto, con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente.

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