Angélica Torres Lozano
Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angélica Torres Lozano
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se tuvo por no presentada la demanda. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 22 DE MARZO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, León, Guanajuato; veintidós de marzo de dos mil I. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término que se concedió en auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención de ahí decretada, transcurrió sin que se hubiese realizado. Por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y por consiguiente se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 05 DE MARZO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; cinco de marzo de dos mil diecinueve. I. Quejosa. Angélica Torres Lozano. II. Autoridad responsable. Directora General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de León, Guanajuato y otras autoridades. III. Registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 177/2019-II. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II, III y IV, en relación con el 108, fracciones I, III, IV y V de la Ley de Amparo; requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a. Indique con precisión quién solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, debido a que la demanda de cuenta la presenta y firma Angélica Torres Lozano por propio derecho, sin embargo del contenido de dicho ocurso se advierte que en algunas partes aduce ser representante legal de la persona moral "Casa de Recuperación para Adictos y Alcohólicos Renacer, Asociación Civil", mientras que en otras refiere ser representante legal de la moral "Casa de Recuperación para Drogadictos y Alcohólicos Renacer, Asociación Civil", generándose así incertidumbre respecto a si el presente juicio lo promueve por derecho propio, en representación de la persona moral "Casa de Recuperación para Adictos y Alcohólicos Renacer, Asociación Civil" o en representación de la persona jurídica "Casa de Recuperación para Drogadictos y Alcohólicos Renacer, Asociación Civil", o bien por sí y en representación de algunas de las citadas personas morales, de ahí la necesidad de la precisión requerida. b. Para el caso de que también promueva la demanda de amparo en representación de una persona moral, deberá allegar documento fehaciente con el cual acredite tal carácter. Acude en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE DE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROMOVER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO DE LO CONTRARIO EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la Tesis aislada número I.11o.C.1 K, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1269, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." c. Aclare el acto reclamado, esto es si reclama la diligencia de uno de marzo de dos mil diecinueve, por vicios propios o únicamente la clausura que refiere en la demanda de amparo, aclaración que resulta necesaria toda vez que si bien en el ocurso que se provee aduce reclamar la orden de clausura emanada del citatorio que acompaña a tal escrito, lo cierto es que de dicha documental no se advierte que se trate de una orden de clausura, sino de una diligencia derivada del expediente administrativo 326/2018-V, precisiones que resultan necesarias a fin de fijar adecuadamente la litis constitucional. d. En su caso, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Supervisor adscrito a la Dirección de Verificación Urbana, toda vez que de señalar la diligencia de uno de marzo del año en curso, dicha autoridad tuvo participación en el mismo. Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, número de registro 202853, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". e. Narre en forma clara, cronológica, pormenorizada y sucinta, los antecedentes del acto reclamado, esto es, efectúe una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolver el juicio; ello porque los que mencionan en el capítulo respectivo de la demanda resultan insuficientes y contradictorios. Lo dicho porque en una parte refiere que una persona quien dijo ser Supervisor de Verificación Urbana le dejó a Karla Alejandra Alba Castro, un citatorio diciéndole que el cuatro de marzo del presente año clausurarían la "Casa de Recuperación para Drogadictos y Alcohólicos Renacer, Asociación Civil", sin embargo del citatorio que anexa a la demanda que nos ocupa se advierte que contrario a lo aseverado por la promovente dicho citatorio le fue entregado a una persona diversa a la indicada por la ocursante, a saber, a Luis Adrián Juárez Martínez, aunado a que dicho citatorio se advierte que el mismo va dirigido a María del Rosario Ramírez Ramírez, y/o Angélica Torres Lozano y/o la persona jurídico colectiva denominada Casa de Recuperación para Drogadictos y Alcohólicos Renacer, Asociación Civil, además, de que el mismo atañe a una diligencia de carácter administrativo dictada en el expediente administrativo 326/2018-V. En el entendido que dicha narrativa de antecedentes deberá Indicar con qué calidad promueve el presente contradictorio constitucional, es decir, si es parte en el expediente administrativo 326/2018-V o como tercera extraña al mismo, para lo cual en caso de ser parte material en dicho expediente, deberá precisar de qué tipo de juicio se trata, en qué consiste es la litis y el estado procesal en el cual se encuentra. f. Precise bajo protesta de decir verdad si se llevó a cabo o no, la diligencia programada para el cuatro de marzo de dos mil diecinueve a las nueve horas con treinta minutos, para lo cual, en caso afirmativo, deberá señalar en qué consistió y anexar la documental que así lo demuestre. En el entendido de que la protesta de decir verdad deberá la realizarla la propia promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. Así como, la jurisprudencia de la Novena Época; Registro: 192843; Instancia: Pleno; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 127/99; Página: 32, que a la letra dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". También lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". g. Señale con precisión la denominación actual y correcta de la autoridad responsable que denominó como "LOS ELEMENTOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS Y QUE HA (sic) EFECTO SE DESIGNEN PARA LLEVAR A CABO EL ACTO RECLAMADO"; lo que genera incertidumbre respecto a qué autoridad o autoridades les atribuye los actos reclamados, máxime que con dicha prevención se garantiza el inicio y conducción adecuada del proceso constitucional, ya que al señalar de forma imprecisa la denominación de las responsables, este tribunal, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, sin mayor trámite suspenderá toda comunicación con las mismas y las tendrá por inexistentes. Para el caso particular es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS." Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Asimismo, se hace saber a la quejosa, que de acreditarse, con las constancias que remitan las autoridades responsables, que se aseveraron hechos falsos, se dará vista especial al fiscal de la federación, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio. Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para para oír y recibir notificaciones el que designa. VI. Autorizados. Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Valadez Ruiz, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Angélica Maldonado Mendoza1067/2018
- Angélica María López Torres121/2023
- Angélica María Pacheco Canchola823/2015
- Angélica María Rocha Castellanos471/2010
- Angelica Santoyo Arriaga277/2014
- Angelica Shulz Olivares564/2013
- Angie Elizabeth Y/O Gregorio Ángel Rodríguez Martínez762/2017
- Angie Nathalie Mejía Colmenares y Otros.536/2020
- Anibal Abraham Ramirez Ortiz61/2014
- Annuard Clímaco Montufar835/2022
- Anselma Hernandez Villasana1202/2014
- Antar Servín Hernández626/2023