Angelica Torres Galvan

Expediente 292/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
292/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Angelica Torres Galvan

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Sentencia Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el día hábil posterior, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra Notario Público número Uno para el Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: A) La falta de contestación al escrito presentado por la suscrita el día 03 de marzo del 2017, ante el Notarlo Público Número Uno (1) en ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, mediante el cual le solicité que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1501 del Código Civil vigente, 632 y 636 del Código de Procedimientos Civiles de 1974, cuyo contenido se reitera en los numerales 484 y 489 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se me tuviera presentando formal oposición al trámite extrajudicial de la testamentaria que se está llevándose ante esa Notaría de la sucesión a bienes de mi difunta abuela *******, esto en virtud de no habérseme llamado a la misma en calidad de descendiente de ulterior grado, máxime que mi finado padre en vida inició el correspondiente juicio sucesorio a bienes de mi difunta abuela, mismo que fue radicado ante el Juzgado Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, con el número de expediente *******. Solicitándole, así mismo, en el escrito de referencia, que se abstuviera de seguir interviniendo en la tramitación de la testamentaria a bienes de mi difunta abuela *******, y que por las razones expuestas, remitiera al expediente ******* del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, todo lo actuado por esa Notaría dentro de la testamentaria a bienes de mi difunta abuela ******* (sic). Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derecho fundamental vulnerado, el previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente *******, se solicitó informe justificado a la responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Notario Público número Uno para el Distrito Judicial Bravos, lo siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito que le presentó el dos de marzo de dos mil diecisiete, en que manifestó su oposición al trámite extrajudicial testamentario a bienes de ******* (abuela de la impetrante), que tiene a su cargo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Notario Público número Uno para el Distrito Judicial Bravos (foja 16), con sede en esta localidad, negó la omisión reclamada. No obstante, para los efectos del presente juicio de amparo, su negativa se encuentra desvirtuada, a través de la probanza que exhibió la quejosa, consistente en el escrito de tres de marzo de dos mil diecisiete, con sello de recibido por dicha autoridad, el dos del mismo mes y año (foja 6). Además, de las manifestaciones efectuadas por la responsable, se desprende su certeza, pues indica que no ha llevado trámite testamentario alguno a bienes de *******, que en razón de ello, no ha dado cumplimiento a la petición realizada, ni que la quejosa se presentó a recibirla. Por tanto, como tal autoridad lo indica, no ha realizado la contestación al escrito que le presentó la quejosa el dos de marzo de dos mil diecisiete, de tal suerte que, como ya se señaló, se desvirtúa su negativa y se tiene como cierta la omisión reclamada. Cuarto. Se actualiza causal de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a la primera de las citadas normas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la causal de improcedencia derive, además de alguno de los supuestos ahí descritos, de alguna norma diversa de la propia Ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la segunda disposición mencionada, señala como parte en el juicio de amparo, a la autoridad responsable, la cual se entiende (para efectos de tal juicio, con independencia de su carácter formal), como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita realizar tales acciones que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dicho precepto considera para efectos del juicio de amparo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos, en los términos indicados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Respecto a las características de las autoridades, para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época y número de registro 161133, determinó lo siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, que los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, se distinguen de otros, debido a lo siguiente: Relaciones de supra a subordinación: medularmente significa que un ente dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto, dotado de unilateralidad (es decir, sin el concurso de la voluntad del particular, sino sólo la del Estado) y obligatoriedad. Que a través de tales actos, afecten derechos (que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas). Que esa relación de supra a subordinación, tenga su nacimiento en la ley (norma general), lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales. Precisado lo anterior, es conveniente citar lo que el Notario Público número Uno para el Distrito Judicial Bravos, manifestó en su informe justificado: En primer término, no tengo la calidad de Autoridad Responsable, ya que el suscrito no soy servidor público, pues no trabajo en ninguna dependencia gubernamental, pues mi ejercicio como notario, es encomendado por delegación por parte del Gobernador del Estado, según se observa del artículo 4 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua. Además, tampoco tengo la calidad de Autoridad Responsable, debido a que en la Notaria a mi cargo, no llevó ni he llevado ningún trámite extrajudicial de juicio sucesorio a bienes de la señora ******* por lo tanto no es cierto el acto reclamado. Por lo que respecta al señalamiento de que la ahora quejosa presenta un escrito a la notaria a mi cargo, oponiéndose al trámite extrajudicial de testamentaria a bienes de la señora *******, a la misma no se le pudo dar cumplimiento, porque como lo señalé en el párrafo anterior, el suscrito no llevó ni he llevado, juicio sucesorio a bienes de la referida persona; además de que la solicitante, jamás se presentó a recibir la respuesta a su petición; por lo tanto se niega el acto reclamado. Medularmente, tal Notario señala lo siguiente: Que no posee el carácter de autoridad responsable en virtud de que no trabaja en ninguna dependencia. Que no ha llevado algún trámite extrajudicial testamentario a bienes de *******. Que en razón de lo anterior, se encuentra imposibilitado para cumplimentar lo peticionado por la quejosa. Respecto a lo mencionado por el Notario Público número Uno para el Distrito Judicial Bravos, primero, como ya se indicó, un particular puede tener el carácter de autoridad responsable, al verse colmadas las hipótesis que la propia ley de la materia, prevé. Sin embargo, en el caso, efectivamente, no le asiste el carácter de autoridad responsable, en virtud de que no ha llevado el trámite extrajudicial testamentario a bienes de *******. Lo anterior es así, pues el Notario señalado como responsable, al no tramitar el asunto ya indicado, no se encuentra en posibilidad de desplegar relaciones de supra a subordinación en relación con la aquí quejosa, ni tampoco, evidentemente, afectar los derechos fundamentales de ésta. Consideración que se sustenta, en sentido contrario, en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1291 del tomo II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 2010709, del rubro y texto: NOTARIO PÚBLICO. CUANDO TRAMITA UN PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO, ES AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, otorga a los particulares la calidad de autoridades responsables, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos: a) que realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; b) que a través de esos actos u omisiones afecten derechos; y, c) que sus funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el notario es un particular, profesional del derecho a quien el Estado ha otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias del notariado, investido de fe pública; así, cuando un notario público tramita un procedimiento sucesorio testamentario realiza actos equivalentes a los de autoridad, en este caso, de una autoridad jurisdiccional, pues actúa en auxilio del Poder Judicial y aplica preceptos normativos tanto del Código Civil como del de Procedimientos Civiles. En efecto, el notario al tramitar este tipo de procedimiento testamentario, a petición de parte, como ocurre con la autoridadjurisdiccional, inicia y radica la sucesión testamentaria, siempre y cuando conste el acta de defunción del autor de la herencia, califica que el testamento se haya otorgado con las formalidades de ley, solicita informe al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad respecto de la existencia de algún otro testamento, confiere el cargo de albacea, efectúa el reconocimiento de derechos hereditarios, inventario y partición hasta otorgar escritura pública de adjudicación. En ese sentido, es claro que el notario dicta, ordena y ejecuta actos que crean modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues se sustituye a una autoridad jurisdiccional, y si bien son las partes quienes acuden motu proprio ante el fedatario para solicitar sus servicios, lo mismo ocurre con el Juez civil o familiar. Por ello, si el notario advierte que no se cumplen con los requisitos legales, puede negarse a tramitar el referido procedimiento, pero si acepta conocerlo, a través de su intervención creará, modificará o extinguirá situaciones jurídicas concretas; de ahí lo unilateral de su actuación que, además, se materializa con la autorización que con su sello y firma valida los instrumentos que pasan ante su fe. Asociado a ello, al efectuar el reconocimiento de derechos hereditarios, inventario y partición del patrimonio del de cujus, estos actos quedarán firmes y serán obligatorios tanto para las partes como para terceros, lo que afectaría derechos tanto de posibles herederos como el de terceros. Finalmente, las funciones del notario están determinadas por una norma general, la Ley del Notariado, que lo faculta para conocer del procedimiento sucesorio testamentario, además de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, al no derivar el acto reclamado de un acto de autoridad, no puede ser estudiado a través del juicio de amparo y ello actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en relación la omisión reclamada y autoridad responsable precisada en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hasta el día de hoy, tres de mayo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado remitido por el Notario Público Número Uno en Ejercicio en el Distrito Judicial Bravos; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por *******; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo *******. No se tramite el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando sólo para tales efectos a *******, toda vez que no se encontró inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la legislación en comento. Ahora, en relación a las pruebas que anexa la parte quejosa a su demanda de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, ya que así lo permite su propia y especial naturaleza. Relaciónense dichos medios de convicción en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 124 del ordenamiento legal en comento. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

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