Angelica Sepulveda Stamatio

Expediente 331/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
331/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Angelica Sepulveda Stamatio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el cuadernillo respectivo es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva solicitadas. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Devuélvase al Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia, de la Ciudad de México, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 331/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexaron a sus informes la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, así como con las que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por las autoridades responsables y la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Angélica Sepúlveda Stamatio, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. En auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número de expediente 331/2021, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Posteriormente, en virtud de las constancias que las autoridades responsables acompañaron a su informe con justificación, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contado a partir de su notificación, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Atento lo anterior, en auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa señalando como nueva autoridad responsable a la antes mencionada, motivo por el cual se le tuvo ampliando su demanda y se solicitó a la referida autoridad su informe con justificación. Luego, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se reconoció carácter de tercera interesada a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por ser la parte actora en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento y se le tuvo apersonándose al presente juicio el diecisiete de septiembre siguiente. Finalmente, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; por lo que procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tiene consecuencias dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La orden emitida en el juicio ejecutivo mercantil 712/2020, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo contra el demandado Germán Oteiza Figaredo, en el domicilio ubicado en la calle Circuito del Campestre número 1673, lado del 1731, fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como su ejecución. Actos que atribuyó a las autoridades responsables siguientes: Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México; Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán; y, Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. Tercera. Existencia de los actos reclamado. Las autoridades Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, así como la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, manifestaron que son ciertos los actos reclamados; mientras que la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, pues refirió que en ese juzgado a su cargo no encontró expediente alguno registrado a nombre de la quejosa. Sin embargo, debe desvirtuarse la negativa de la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues también refirió que dentro del exhorto E-16/2021 derivado del juicio ejecutivo mercantil 712/2020, ordenó girar exhorto a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento de los diversos demandados [entre ellos, el de German Oteiza Figaredo, del cual se advierte fue señalado como su domicilio, el que la quejosa refiere es de su propiedad]; por tanto, procede tener por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil con sede en Ciudad de México, consistentes en copia certificada de los autos del juicio ejecutivo mercantil 712/2020 [dos tomos de pruebas], así como las remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil residente en Morelia, Michoacán, relativas al exhorto 16/2021 de su índice, mismas que obran agregadas al presente juicio. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar las causales de improcedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte tercera interesada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su escrito presentado ante este juzgado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, adujo que en el caso -entre otras-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa carece de interés jurídico para promover el presente amparo. Dicha causal es fundada, como se expone a continuación. En principio, es necesario precisar que el numeral y fracción invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional la promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Ahora bien, por principio de cuentas, debe señalarse que en el caso la parte quejosa se duele de la ejecución material del auto dictado por la juez responsable a efecto de verificar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el domicilio ubicado en calle Circuito del Campestre número 1673, fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad de Morelia, Michoacán, ordenada en el juicio de origen y del cual se ostenta propietaria. Luego, de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 712/2020 que remitió la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito, con residencia en Ciudad de México, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil promovió la parte tercera interesada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, entre otros, contra German Oteiza Figaredo, de quien reclamó entre otras prestaciones el pago de $645,812,105.52 (seiscientos cuarenta y cinco millones ochocientos doce mil ciento cinco pesos 52/200 M.N.), por concepto de suerte principal. Asimismo, se aprecia que en la propia fecha la juez responsable ordenó girar exhorto a esta ciudad de Morelia para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como el emplazamiento de los demandados, por lo que atento a ello, el doce de abril de dos mil veintiuno la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, a quien por razón de turno correspondió conocer de la citada comunicación oficial, dentro del exhorto 16/2021 de su índice, se constituyó en el domicilio señalado para emplazar a German Oteiza Figaredo, ubicado en la calle Circuito del Campestre número 1731, fraccionamiento Club Campestre, lugar en el que entendió la diligencia con la aquí quejosa Angélica Sepúlveda Stamatio, quien le indicó que el demandado tenía otro domicilio y se negó a firmar el citatorio que al efecto dejó la fedataria judicial para que el demandado la esperara al día siguiente. Posteriormente, de las constancias de referencia se desprende que la parte actora del juicio natural proporcionó diverso domicilio donde fue emplazado el demandado en cita, y mediante oficio 1230/2021 de cinco de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Segundo Civil de esta ciudad, devolvió el exhorto a su lugar de origen. Ahora, para acreditar la titularidad del derecho que dice violado, la quejosa exhibió los siguientes documentos: Escritura pública número 741, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, celebrada ante el Notario Público Número Ciento Treinta y Seis de Morelia, Michoacán, relativa al contrato de donación gratuita de inmueble que celebraron en cuanto donante, Germán Oteiza Sepúlveda, con el consentimiento de diversos copropietarios, y en cuanto donataria Angélica Sepúlveda Stamatio, respecto del lote tres ubicado en la calle Circuito Campestre, antes calle sin nombre, manzana "C", del fraccionamiento Club Campestre de Morelia. Una constancia de residencia expedida por el director de Gobernabilidad del Municipio de Morelia, Michoacán, en la que se hace constar que la casa ubicada en la calle Circuirto del Campestre número 1673, colonia Club Campestre, corresponde al domicilio de Angélica Sepúlveda Stamatio desde hace cuatro años a la fecha; Diversos recibos del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia (OOAPAS), de Teléfonos de México (TELMEX) y del servicio de energía eléctrica (CFE) respecto del domicilio ubicado en la calle Circuito Campestre número 1673, Club Campestre de esta ciudad, a nombre de Angélica Sepúlveda Stamatio; y, Copia cotejada del pasaporte expedido a nombre de Angélica Sepúlveda Stamatio. Ahora bien, a efecto de resolver la pretensión planteada en esta instancia constitucional, es necesario remitirnos a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 257/2013, en la que señaló, principalmente, que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen (como en la especie la quejosa) tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad. Para arribar a esa decisión, primeramente, hizo referencia a las instituciones jurídicas que consideró importantes para la solución de dicha contradicción de tesis, a saber: El interés jurídico; La persona extraña al juicio; y, La inviolabilidad al domicilio. Por lo que hace al interés jurídico, lo definió como la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Además, señaló que el interés jurídico guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Indicó que el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho y que tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por cuanto hace a la persona extraña al juicio indicó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que se considera como tal a aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; además, que quedaba incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre esa base, que si la persona que se ostenta extraña al juicio estima que existe una afectación en su esfera jurídica por un acto de autoridad, debe demostrar su interés jurídico fehacientemente, es decir, que es titular del derecho subjetivo que estima afectado por el acto de autoridad, para hacer procedente el juicio biinstancial. Por lo que hace a la inviolabilidad del domicilio, la definió como el derecho fundamental que impide que se efectúe ninguna entrada y registro en el domicilio salvo que exista una orden judicial en los términos previstos por el artículo 16 constitucional, o se actualice algún caso de excepción. También indicó que el acto de molestia domiciliaria, se debe limitar constitucionalmente como algo que merece ser inviolable a menos que se trate de actuaciones públicas realizadas bajo condiciones muy estrictas, en torno a un elemento muy claro: la intimidad o privacidad de las personas. Señaló que el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada; asimismo, que el domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa. Indicó que lo que protege la Constitución Federal es el acceso arbitrario o abusivo al domicilio del gobernado, como parte de la protección al derecho de privacidad de las personas. Asimismo, en la propia ejecutoria citó como casos concretos de ejemplo dos supuestos. El primero, en el que consideró que la orden de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, con la finalidad de garantizar el adeudo contraído, constituye un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. Por tanto, en este caso concluyó, que el que se ostenta extraño al juicio carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación judicial, al no existir afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. El segundo supuesto que consiste en la materialización del apercibimiento consistente en el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras en el inmueble del que el quejoso (también tercero extraño a juicio) dice ser propietario y tener su domicilio, y que corresponde con aquel en que se habrá de llevar a cabo la diligencia de embargo sobre bienes del demandado, SÍ afecta a la persona que se ostenta extraña al juicio; ello, porque los derechos fundamentales que se vulneran con tal determinación judicial son, tanto el de la inviolabilidad del domicilio, como parte del derecho a la privacidad, de quien se ostenta extraño al juicio, como el derecho de propiedad. Es decir, que cuando se pretende llevar a cabo el acto de autoridad en el domicilio de quien no es parte en el juicio, respecto del cual acredita ser el propietario y tener ahí su domicilio, constitucionalmente protegido, porque ahí es en donde desarrolla libremente su vida privada, es evidente que la posible fractura de cerraduras y la eventual intromisión a su espacio privado son susceptibles de generar alguna afectación a sus derechos fundamentales de propiedad y de inviolabilidad del domicilio, pues el hecho de que se quebranten las cerraduras de la casa en donde se pretende llevar a cabo la diligencia de embargo de bienes muebles del demandado y se ingrese a su domicilio para sustraer los bienes que se lleguen a embargar, dan cuenta de ello. Entonces, que si la persona extraña al juicio aduce la afectación a sus derechos humanos en virtud de la intromisión al inmueble donde tiene su domicilio y que es de su propiedad, como consecuencia de la resolución en la que se hace efectivo el apercibimiento de la fractura de cerraduras y prueba que ese lugar es donde desarrolla libremente su vida privada y, además, demuestra ser propietario del bien, es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto, pues existe una afectación en su esfera jurídica (su propiedad y su domicilio, como parte del derecho a la privacidad) por un acto de autoridad (la autorización de llevar a cabo la fractura de cerraduras y el uso de la fuerza pública) y que demostró ser el titular del derecho afectado por el acto de autoridad (propiedad e inviolabilidad de domicilio). Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 581, registro 2005231, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Bajo el anterior panorama, quien esto resuelve considera que la quejosa carece de interés jurídico porque el acto respecto del cual las autoridades responsables aceptaron la existencia, consistente en la orden de requerimiento de pago, embargo y en su caso emplazamiento, en el domicilio que defiende la quejosa ubicado en la calle Circuito del Campestre número 1673, fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad de Morelia, Michoacán, no se encuentra dirigido a la peticionaria de amparo. En efecto, de acuerdo a lo resuelto en la citada ejecutoria por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclama la orden de embargo a ejecutarse en un domicilio del quejoso, que se ostenta tercero extraño a juicio, se considerará que éste tiene interés jurídico en el juicio de amparo indirecto, cuando dicha orden de embargo se encuentre autorizada del rompimiento de cerraduras; ya que en este caso, lo que se pondera es el derecho de propiedad, de inviolabilidad en el domicilio y de privacidad. En cambio, se considerará que no asiste interés jurídico al peticionario de amparo, cuando lo que reclame consista únicamente en el mandamiento que si bien ordena que se verifique en el domicilio que el quejoso (tercero extraño a juicio) defiende, dicho mandamiento se encuentre dirigido a persona distinta a él. En ese orden de ideas, se considera que la quejosa carece de interés jurídico, en primer término, porque si bien es cierto que en autos quedó acreditada la existencia de un mandamiento de requerimiento de pago y embargo, en el domicilio que defiende, más lo es, que el mismo no se encuentra dirigido a su persona, sino a German Oteiza Figaredo, quien figura como demandado en la contienda natural. De modo que, atendiendo a las consideraciones anotadas anteriormente, sería a éste a quien, en todo caso, perjudicaría tal determinación, por ser quien figura como parte en el juicio de origen y por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. Y en segundo término, porque siguiendo las líneas establecidas en la ejecutoria señalada en los párrafos precedentes, en todo caso, la determinación que podría irrogar un perjuicio a la aquí peticionaria de amparo, sería aquella que autorizara el rompimiento de cerraduras del inmueble que habita, pues sólo hasta ese momento se podría establecer con entera certeza que pudiera ocasionarse una violación al domicilio y privacidad de la quejosa, en su carácter de tercera extraña al procedimiento; sin embargo, como de las constancias que remitió la autoridad no se advierte la existencia de determinación que autorice el empleo de dicho medio de apremio, se considera que la quejosa carece de interés jurídico. Sin que sea inadvertido que el juicio exhortado, a efecto de verificar la diligencia encomendada, autorizó el uso de la fuerza pública; sin embargo, ello lo fue únicamente para el efecto de que los elementos de seguridad de la caseta de vigilancia permitieran el acceso a fraccionamiento y áreas comunes del fraccionamiento Club Campestre. En conclusión, como Angélica Sepúlveda Stamatio no acreditó tener interés jurídico para reclamar el acto del que se duele; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Cabe precisar, que no se analizarán las diversas causales de improcedencia hechas valer por el apoderado jurídico de la tercera interesada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, ya que al quedar demostrada la causal en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". De igual forma, al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Angélica Sepúlveda Stamatio, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los motivos que quedaron precisados en la consideración cuarta de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. QQQQQQQQQALEAA Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio 3506/2021 el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia al Titular de este Juzgado Federal los días seis y siete de octubre del año en curso, quedando como encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Oscar Hernández García, secretario de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en atención a dicho numeral, el encargado del despacho únicamente puede practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 43 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3506/2021 de veintiuno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de ********************en cuanto apoderado jurídico de la parte tercera interesada ******************** ********************por el cual realiza diversas manifestaciones y ofrece pruebas documentales presuncional legal y humana e instrumental. Por tanto, de conformidad con los artículos 124 y 119 ambos de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos y por ofrecidas y admitidas en razón de su especial naturaleza las probanzas mencionada en párrafos anteriores y hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 43 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3506/2021 de veintiuno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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