Angélica Sánchez Martínez

Expediente 734/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
734/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
18/07/2016

Partes del expediente

  • Angélica Sánchez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    I.-Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo, conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en su oportunidad archívese este sumario como asunto concluido. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental.

  2. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha; sin embargo, del estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que mediante proveído de veinte de los actuales, se requirió a la Presidente de la Junta responsable a efecto de que remita las notificaciones a las partes del proveído de veintidós de abril del año en curso, para resolver el expediente en que se actúa, sin que las mismas obren en autos. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior y evitar alguna violación procesal en relación con las reglas esenciales que norman el procedimiento, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    Del estado procesal de autos, se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, precisó que el veintidós de abril de la presente anualidad, emitió el auto de admisión de pruebas, sin que remitiera las constancias de notificación realizada a las partes de tal proveído. Por tanto, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que en el improrrogable término de tres días contados legalmente a partir de que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, remita a este órgano jurisdiccional la notificación a las partes del proveído de veintidós de abril del año en curso, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de diez a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como segundo y tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación, en lo conducente, por haber interpretado disposición de contenido similar, la jurisprudencia 363, visible en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que dentro del plazo concedido, la quejosa no compareció ante este Juzgado de Distrito a ratificar y reconocer como suya la firma estampada en su escrito presentado el ocho de los cursantes (fojas 20-21); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en el acuerdo de nueve de junio de la presente anualidad (fojas 22-23) y no se hace mayor proveído en cuanto al contenido del ocurso de referencia.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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