Angelica Sanchez Garcia

Expediente 1350/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1350/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Angelica Sanchez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales, el escrito signado por **, tercero interesado en el presente asunto, como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa, la copia certificada de las constancias que indica y téngase por autorizado para su recepción a las personas que refiere. Sustenta lo anterior la Tesis: IX.1o.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Noveno Circuito, de la Décima Época, visible en la página 2387, Libro 10, septiembre de 2014, tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Asimismo, se hace del conocimiento que por el momento no se cuenta con el servicio de fotocopiado, sin tener una fecha aproximada para su servicio; sin embargo, dígaseles que pueden obtener la impresión correspondiente que solicitan, publicado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la cual contiene las firmas electrónicas de los funcionarios públicos que lo suscribieron, la cual para efectos jurídicos es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita, que da por validado el contenido del acuerdo correspondiente, ya que es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que son utilizados como medio de identificación del firmante. De igual forma, para su entrega de las copias obtenidas del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación deberá tramitar la cita correspondiente, en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, en los días lunes, martes o jueves en horario de 9:15 am a 2:15 pm horas, de no ser así no podrá realizarse dicho trámite, lo anterior en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito inicial de demanda que promueve *** por propio derecho, contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de la Investigación y Litigación Poniente con sede en Tepeji del Río Ocampo, Hidalgo y otra autoridad; y, REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1350/2022-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La promovente ***, como se advierte del escrito inicial de demanda, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE. COMO ORDENADORAS: Mabel Félix Covarrubias, agente del Ministerio Público de la Dirección General de la Investigación y Litigación Poniente con sede en Tepeji del Río Ocampo, Hidalgo. C. Comandante de la Policía de Investigación Poniente de la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Hidalgo. Procurador General de Justicia para el Estado de Hidalgo. ACTO RECLAMADO. De las Ordenadora la orden de restricción de fecha 13 de marzo de 2022 dentro de la NUC: 17-2022-00309; Del Ejecutor el exceso del cumplimiento de la notificación de dicha orden de restricción. SEGUNDO. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 17 y 18, todos ellos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o 0resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Antes de exponer las razones que corroboran la actualización de la causa en comento, conviene precisar que en relación a las tres distinciones establecidas en el transcrito artículo 18 respecto al momento en que debe comenzarse a computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, las mismas son excluyentes entre sí en virtud de la posición que la parte quejosa guarde respecto al acto reclamado. En efecto, del texto del mencionado precepto legal se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En ese orden de ideas, la notificación del acto reclamado a la parte quejosa o el conocimiento que ésta tenga de aquél, son dos medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, ya que mientras la notificación es una actuación procesal que requiere de ciertas formalidades en relación con las partes que intervienen en un determinado procedimiento, el propio conocimiento se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece dicha notificación, así como a las personas que no hayan sido parte y quienes por esa sola circunstancia no podrían ser notificadas. Finalmente, por cuanto hace al tercer supuesto, cabe señalar que el mismo entraña una confesión por parte del gobernado de la existencia y conocimiento de un acto que, desde su punto de vista, transgrede sus derechos públicos subjetivos. Al respecto resulta aplicable, en la parte conducente, la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Tomando como base la anterior distinción, y de la lectura integra de la demanda de garantías se advierte que la quejosa se sitúa en el segundo de los supuestos antes descritos a efecto de iniciar el cómputo del término de quince días para la interposición de su demanda. Se afirma de ese modo, toda vez que de la demanda de derechos se desprende que la ahora promovente Angélica Sánchez García, señaló como acto reclamado: "orden de restricción de fecha 13 de marzo de 2022 dentro de la NUC: 17-2022-00309", y de igual forma, como autoridad responsable, al "Agente del Ministerio Público de la Dirección General de la Investigación y Litigación Poniente con sede en Tepeji del Río Ocampo, Hidalgo". Debiendo destacarse, inclusive, que al narrar sus antecedentes del acto reclamado, menciona que "que sin mediar palabra los agentes investigadores que dieron cumplimiento al a notificación de dicha orden de protección acudieron a mí domicilio el día 13 de marzo del año en curso no solamente a notificarme la orden sino, que con exceso de violencia sacaron algunas de mis pertenecías de mí domicilio y me dijeron que me tenía que largar de ese lugar porque había una orden del MP la cual si me entregaron", circunstancia que para este Juzgador constituye un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, ya que sus antecedentes los realiza bajo protesta de decir verdad, expresión que se debe tener por acreditada y es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, el cual goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 199 y 200 de la Legislación invocada, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En tales condiciones, si como lo manifiesta en su demanda desde el trece de marzo de dos mil veintidós, los Agentes Investigadores acudieron su domicilio para ejecutar la orden de restricción, la ahora quejosa ya tenía conocimiento del acto que ahora reclama en el presente asunto, resulta indudable que el cómputo del plazo de los quince días establecidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda respectiva, correrá a partir del día siguiente al en que se estima, precisamente, se enteró y tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, el trece de marzo de dos mil veintidós. Así las cosas, si la demanda que dio origen al presente amparo fue presentada hasta el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es evidente que entre esta fecha y aquélla en que se ostentó sabedor del acto "orden de restricción" que reclama, transcurrió en exceso el término de quince días hábiles a que se refiere el citado ordinal 17 para interponer la demanda de amparo, toda vez dicho término comenzó a correr, como se dijo, del quince de marzo al cuatro de abril siguiente, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de marzo, dos y tres de abril de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles. En esas condiciones, si la presentación del escrito de demanda resultó extemporánea por no haberse promovido dentro de los quince días posteriores a aquél en que el ahora promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, tal acto reviste el carácter de consentido tácitamente. Resultan aplicables, en la especie, las jurisprudencias números 13 y 14 emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visibles en la página 11 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presume así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativos, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora que en el caso también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo anterior es así, toda vez que la orden de restricción por sesenta días de fecha trece de marzo de dos mil veintidós, reviste el carácter de consumado de un modo irreparable, pues a la data ya transcurrió en exceso dicho término, tal y como la misma quejosa lo narra en el inciso 6) del capítulo de antecedentes, "Es el caso que una vez cumplidos los 60 días me acerqué a mí domicilio para ingresar a el"; lo que pone de manifiesto que quedó consumado de manera irreparable, ante lo cual resulta ocioso analizar la constitucionalidad de la orden referida, dado que su finalidad se realizó en todos sus efectos, en el caso, a haberse ejecutado la periodicidad de la citada orden de restricción en su totalidad. Sirve de a poyo a lo expuesto, el precedente relevante 14, publicado en la página 12, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 917-2000, que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Es aplicable a lo anterior, la tesis I. 3o. A. 150 K, publicada la página 325, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Y la tesis publicada en la página 14, volumen 163-168 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Angélica Sánchez García por propio derecho, contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de la Investigación y Litigación Poniente con sede en Tepeji del Río Ocampo, Hidalgo y otra autoridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, esto es, las listas que se publiquen en los estrados de este Juzgado y en términos amplios del artículo 12 de la misma Ley al profesionista que cita, toda vez que no se localizó registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, así como a las demás personas que señala en términos restringidos del mismo artículo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos promovida por *** Notifíquese.

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