Angélica Saavedra Vallejo
Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angélica Saavedra Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo 656/2022-IV del índice de este juzgado, promovido por Jo*************************, se celebró la audiencia constitucional el veintisiete de octubre de dos mil veintidós y se turnaron los autos para dictar sentencia. Ahora, constituye un hecho notorio el oficio SECNO/STCCNO/291/2023 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el proveído recaído a su contenido dictado el tres de los actuales en el cuaderno de varios, donde se advierte que el presente expediente está en la lista de asuntos que fueron seleccionados del "Programa para el turno aleatorio de asuntos a los órganos jurisdiccionales auxiliares", a fin de que sean remitidos al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, con el propósito de dictar el fallo correspondiente. En consecuencia, remítanse los autos de este expediente al citado Juzgado auxiliar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las actuaciones que se generen a partir del presente acuerdo, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el expediente original, toda vez que se encuentran integradas en el expediente electrónico visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. En el entendido de que acorde con lo dispuesto por el artículo único, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, dicha remisión deberá realizarse de manera directa al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Conforme lo dispone el último párrafo del artículo único del citado Acuerdo General, inclúyase el presente asunto en el acta circunstanciada que para efectos de remisión se levante. En caso de que se reciban promociones posteriores a este envío, siempre y cuando impliquen trascendencia para el sentido de fallo, se ordena, desde ahora, acordarlas en este expediente y remitirlas al órgano jurisdiccional de mérito.
- Incidental
Visto el escrito signado por ********************, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que desahoga la prevención formulada en proveído de tres de marzo del actual. Al respecto, no ha lugar a tener cumplida la prevención de mérito, en virtud de que el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención, pues es un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, no así el autorizado. Además, los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización, no pueden equipararse a un mandato judicial, y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación, no antes. Es así, pues la fracción I del artículo 107 constitucional dispone que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, en el titular de la acción recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien le constan los hechos ocurridos y narrados. De suerte que el autorizado de la promovente no está facultado jurídicamente para realizar tal tópico, dado que son cuestiones personalísimas que deben provenir directamente de la voluntad de la directa quejosa, pues influyen en la configuración de la litis constitucional. Sobre el particular, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161909, que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Lo destacado es propio). Criterio que se considera aplicable al caso, pues en nada se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, de conformidad a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. De igual manera, por las razones sustanciales que la exponen, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007285, cuyo rubro y texto es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.
- Incidental
agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngase rendido su informe previo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Sin que se haya recibido la impresión de pantalla de su sistema (SIPE) a que hace alusión en el oficio de cuenta. Por otra parte, el oficiante refiere lo siguiente: (.) Segundo.- Cabe abundar que, la C. Angélica Saavedra Vallejo, actualmente, su estatus en el Sistema Integral de prestaciones Económicas (SIPE), sistema implementado en el área de Afiliación y Vigencia; en el cual el quejoso tiene el estatus como posible deudo de la finada Martha Sonia Borja Saavedra (se anexa impresión de panta de SIPE); a lo cual, es necesario que esta acuda a realizar su incorporación y cambiar su estatus en vigencia a beneficiario, a lo cual tendrá que ser incorporado como beneficiario de la pensión por ascendencia; y una vez incorporado, este será acreedor a todos los servicios médicos de este Instituto de Salud Pública". (.) Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efecto legales conducentes; asimismo, que la autoridad responsable señaló las once horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés para la valoración médica de la quejosa en las instalaciones de la clínica del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en el área de subdirección médica.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Adela Pelagio Bravo, contra el acto y la autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, y por las razones expuestas en el considerado último del presente fallo.-
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