Angélica Noemí Canché Poot
Expediente 892/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 24/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angélica Noemí Canché Poot
- Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado.
- Angélica Noemí Canché Poot y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 1239/2018, del índice de este Juzgado, con el que se devolvió el cuaderno auxiliar formado con motivo de las constancias que remitió junto con su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO: Mérida, Yucatán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Devuélvase a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cuaderno auxiliar II, formado con motivo de las constancias que remitió junto con su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento a la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo será destruido junto con el expediente. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 892/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del Despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. El Secretario encargado del Despacho declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría relacionó las constancias del expediente, entre ellas: el escrito de demanda, acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho que admitió a trámite la demanda, constancias de notificación y emplazamiento a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y a la parte tercero interesada. Acto seguido, el Secretario encargado del Despacho acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas: la secretaría da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda y su memorial de catorce de agosto del año en curso, así como con las documentales que anexaron a sus informes justificados las autoridades responsables. El Secretario encargado del Despacho acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas; con lo anterior se da por terminado este período. Enseguida se abre la fase de alegatos: en el que la secretaría hace constar que las partes no hicieron uso de su derecho; con lo que se concluye el período de referencia. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 892/2018-V, promovido por Angélica Noemí Canché Poot en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Angélica Noemí Canché Poot solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Mercantil, Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Coordinador de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, todos del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Posteriormente, se ordenó y realizó el emplazamiento de la parte tercero interesada. Tercero. Inexistencia de autoridad. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se dejó de tener como autoridad responsable al Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ante su inexistencia y se suspendió toda comunicación con el mismo. Cuarto. Separación de juicios. Mediante resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se decretó la separación de juicios y se determinó que en el presente asunto se resolvería únicamente respecto de los actos reclamados derivados del juicio ejecutivo mercantil 572/2018 atribuidos a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y al Coordinador de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, así como de los actos atribuidos a las diversas autoridades Juez Tercero Mercantil y Jueces Segundo y Tercero de lo Civil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado. Quinto. Requerimiento y apercibimiento. Por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la quejosa para que dentro del término de quince días hábiles manifestara si señalaba como autoridad responsable al Actuario de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares adscrito al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al advertirse la participación de dicha autoridad en los actos reclamados; sin embargo, la parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto dentro del término concedido, por lo que en diverso auto de doce de diciembre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto señalado en primer término y no se tuvo al Actuario referido como autoridad responsable, determinándose que el presente juicio se resolvería únicamente por las autoridades señaladas con tal carácter de manera primigenia; finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: - La falta o el ilegal emplazamiento que le fue realizado en algún procedimiento instaurado ante su potestad, así como todo lo actuado en consecuencia, en especial, la orden de desposesión, entrega o cualquier otro acto tendiente a despojar a la quejosa de los derecho de posesión o propiedad que aduce tener sobre el predio marcado con el número doscientos nueve de la calle ciento nueve, entre treinta y ocho y cuarenta de la colonia Canto de esta ciudad. Tercero. Actos Inexistentes. Los Jueces Segundo y Tercero de lo Civil, la Juez Tercero Mercantil y el Coordinador de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, todos del Primer Departamento Judicial del Estado, en sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Ello, sin prueba en contrario por la parte quejosa que desvirtuara tal negativa, por lo que debe tenerse como inexistentes los actos que de esas autoridades se reclaman y por ende, debe sobreseerse en el juicio respecto de los mismos de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos Existentes. La Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que sí son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, los cuales señaló derivan del juicio ejecutivo mercantil 572/2018 promovido por la persona moral Impulsarte para Crecer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, en contra de la aquí quejosa y otras personas. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil antes referido, que la Juez responsable mencionada remitió junto con su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que tales actos deban considerarse existentes. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se realizará el análisis de las causales de improcedencia, previamente a estudiar el fondo de este asunto, en atención al contenido del artículo 62 de la ley de la materia. De oficio, se advierte que en relación con el emplazamiento reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)". Para estar en condiciones de sustentar la afirmación de improcedencia de este juicio, es menester precisar que conforme a la fracción II, del artículo 5°, de la Ley de Amparo aplicable, es parte la autoridad o autoridades responsables; que tendrán tal carácter quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; y, conforme al artículo 108 del mismo ordenamiento legal, las autoridades que realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. De lo antes expuesto, es evidente que si la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación e impugna el emplazamiento que le fue practicado en el mismo, en este caso, por el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a éste le resulta el carácter de autoridad responsable y, por tanto, debió señalarse como autoridad responsable a dicho funcionario. Sirve de sustento, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 29/94, emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." También es útil para sustentar la consideración antes precisada, la parte conducente de la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 4105 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXXII, Quinta Época, Materia Civil, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES, CUÁLES LO SON, EN CASO DE EMBARGOS EN BIENES DE PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. Si el actuario, al cumplimentar el auto de exequendo dictado en un juicio, embargó bienes pertenecientes a un tercero extraño, los intereses jurídicos de éste resultan afectados con los actos de los Jueces titular y ejecutor, mediante los cuales ordenaron el secuestro, sin que obste que este secuestro hubiera sido ordenado respecto de bienes de la parte demandada en el juicio, pues es incuestionable que esos actos de las autoridades ordenadoras, dieron lugar a la molestia sufrida por el tercero; por tanto, no podría sostenerse que los repetidos actos no deben ser considerados como reclamados en el amparo que el tercero interponga, ni que las autoridades ordenadoras, no tienen el carácter de responsables en ese juicio de amparos, ya que la diligencia de embargo efectuada por el actuario, reconoce como origen las órdenes de que se ha hecho mérito, y como este último funcionario actuó como delegado de las autoridades ordenadoras, éstas pudieron aceptar, o no, los actos de aquél, de manera que si expresa o tácitamente los aceptan o ratifican, las propias autoridades son responsables, como lo es el actuario que ejecutó tales actos. Así no sólo es autoridad responsable la que ejecuta un acto o una ley, sino también, conforme el artículo 11 de la Ley de Amparo, la que dicta el expresado acto y expide tal ley. Además, en el caso de que se concediera el amparo, la autoridad meramente ejecutora, no podría ordenar el levantamiento del secuestro." Igualmente apoya las anteriores consideraciones la Jurisprudencia 3ª./J. 33/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, Materia Común, de texto siguiente: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Y la Jurisprudencia P./J.5/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 96 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia Común, con rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Lo anterior es así, ya que las autoridades como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, pues de lo contrario, las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos, e inclusive para alegar causales de improcedencia del juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69 del Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si en la demanda de amparo, no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo aplicable, les revista el carácter de responsables, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas. De ahí que, cuando el juzgador advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable, a efecto de no incurrir en violaciones al procedimiento, debe prevenir a la parte quejosa para que haga la regularización correspondiente. Sirve de sustento, identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, bajo el siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE AMPAROS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.", ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo un acto que emitió o ejecutó una autoridad y ésta no es llamada como autoridad responsable, se hace nugatorio el derecho que le asiste para defender la legalidad de tal acto y, por consiguiente, el juzgador estaría impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del propio acto reclamado y la de aquéllos que de él derivan, más aún cuando durante la substanciación del procedimiento, se colma la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señale como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación en los actos reclamados y el impetrante del amparo no la designa con tal carácter, dicha circunstancia trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En el caso, según se vio, del análisis integral de la demanda, se advirtió que la parte quejosa impugnó el emplazamiento que le fue practicado a la demandada Angélica Noemí Canché Poor en el señalado juicio de origen y como consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio; asimismo se advierte que en la demanda de amparo únicamente se señaló como autoridad responsable, de entre las que intervinieron en los actos reclamados, a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Con motivo de lo anterior, al imponerse este Juzgado de los autos del juicio natural y advertir que la parte quejosa impugnó el emplazamiento que le fue realizado en el juicio de origen, el cual según dichas constancias fue practicado por el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si señalaba al nombrado Actuario como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, no se tendría como autoridad responsable al mismo y se resolvería el juicio únicamente respecto de la diversa autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo. No obstante, la parte quejosa omitió dar cumplimiento a la citada prevención, pese a la notificación que le fue realizada de la misma, el dieciocho de septiembre del presente año, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; por lo que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso acuerdo de trece de septiembre último, y no se tuvo como autoridad responsable en estos autos al Actuario antes nombrado que practicó el emplazamiento de la quejosa en el juicio natural. Es por ello que, ante la omisión de señalar al Actuario que practicó el emplazamiento reclamado, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del esa actuación. Es así, en razón de que no es posible analizar en esta instancia constitucional un acto ejecutado por una autoridad que no tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de la legalidad de su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razonamiento la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis XI.2º.9K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 765 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTUARIO. SI NO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMBARGO QUE REALIZO, DEBE TENERSE POR CONSENTIDO EL ACTO. Si el actuario que llevó a cabo el embargo no fue señalado por el quejoso ni llamado al juicio constitucional a efecto de que en su carácter de responsable, defendiera tal acto que se le atribuye, es evidente que el mismo se considera consentido y torna improcedente el juicio de amparos planteado contra ese acto de embargo." Así como la tesis VII.A.T. J/6 sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible a página 738 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el emplazamiento que le fue realizado en el juicio ejecutivo mercantil 572/2018 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, localizada en la Página 49 del Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, registro 239006, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de amparos individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen con posterioridad al emplazamiento aludido, al no haberse impugnado dichos actos por vicios propios, sino como consecuencia del citado emplazamiento. Lo anterior, sin que en el caso sea procedente suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos para ello, aunado a que la suplencia de la queja sólo opera tratándose de los conceptos de violación, no así del señalamiento de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a esta consideración en lo conducente, la tesis visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que se lee: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. ALCANCE DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. No puede considerarse que la falta de designación de alguna autoridad responsable en el juicio de amparo en materia administrativa deba ser subsanada a través de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, puesto que las violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa al quejoso o al particular recurrente, deben haber sido cometidas precisamente por la autoridad cuyos actos habrá de calificar el juez federal. El precepto no se refiere, pues, a deficiencias de la demanda de amparo que no guarden relación directa con la inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual por lo demás resulta manifiesto en el encabezado de la propia disposición, que únicamente prevé la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios." Cabe destacar que similar criterio sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 30/2015. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Angélica Noemí Canché Poot, respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del Despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de trece de septiembre del año en curso, respecto al requerimiento que se le formuló para el efecto de que precisara si señalaba como autoridades responsables a los Actuarios de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares adscritos a los Juzgados Primero y Segundo Mercantil y al Juzgado Primero Civil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado, y en su caso el acto que se les reclama, sin que a la presente fecha hubiera hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto, por lo que no se tienen como autoridades responsables en este asunto a las antes citadas y en consecuencia, únicamente se resolverá por lo que respecta a las autoridades señaladas inicialmente con ese carácter. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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