Angélica Nevarez Velázquez
Expediente 89/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Angélica Nevarez Velázquez
- Luis Morales Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de diecinueve de mayo del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, presentó pedimento. A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, y en vista de que las partes no expresaron alegatos ni la representación social exhibió pedimento, se cierra dicho período. En vista de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 89/2016, promovido por Angélica Nevárez Velázquez y Luis Morales Castillo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, turnado en la misma data a este órgano jurisdiccional (fojas 02 a 08), por Angélica Nevárez Velázquez y Luis Morales Castillo acudieron en demanda del amparo y la protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda de amparo en contra del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar. Ambos con residencia en esta ciudad, Sinaloa; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado Ricardo Moreno Zamudio; se dio la intervención legal al representante social de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Adscripción de nuevo titular en este órgano jurisdiccional. A partir del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José Israel Hernández Tirado, fue adscrito como titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en términos del oficio SEADS/692/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se ordenó por lista hacer del conocimiento de las partes, el catorce de abril del citado año, sin que se formulara recusación al respecto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 48, 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito de competencia territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se contraponga con lo dispuesto en la nueva ley de la materia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia número 55/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En principio, debe decirse que para la fijación de los actos reclamados no se tendrán en consideración las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que la peticionaria del amparo expuso en dicho apartado, con apoyo en la Jurisprudencia 9, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, tomo VI, página 11, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que componen el presente sumario constitucional, se aprecia que la parte quejosa reclama: La falta de llamamiento al juicio sumario civil de desahucio número 681/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con asiento en esta ciudad, por lo comparece al presente sumario constitucional con el carácter de tercera extraña. La sentencia definitiva dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en el juicio sumario civil de desahucio número 681/2015, así como su ejecución, consistente en la desocupación del inmueble dado en arrendamiento ubicado en calle Juan Belmonte 125, Fraccionamiento El Toreo, de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, puesto que así lo manifestaron las autoridades responsables al momento de rendir su respectivo informe justificado (fojas 17 y 20). Situación que se corrobora con las constancias remitidas por el Juez responsable, como apoyo a su informe de ley consistentes en copias certificadas del expediente 681/2015; documentales que por tratarse de documentos públicos, revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Con lo anterior queda demostrada la existencia cierta y necesaria del acto reclamado, cobrando aplicación la tesis de jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Apéndice 1917, Septiembre 2011, Tomo II, procesal constitucional, página 830, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro ius 1002815, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, cobra vigencia la jurisprudencia número 226, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, conforme lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, así como por la establecida en la fracción XXIII de dicho dispositivo legal, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;.." El primer precepto transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o como lo señala el propio numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los actos relacionados con el orden penal especificados en ese precepto, o bien, tratándose del tercero extraño. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Sentado lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con asiento en esta ciudad, en el juicio sumario civil de desahucio número 681/2015, así como su ejecución, consistente en la desocupación del inmueble dado en arrendamiento ubicado en calle Juan Belmonte 125, Fraccionamiento El Toreo, de esta ciudad. Al respecto, se advierte que en contra de la determinación reclamada, procede el recurso de apelación, previsto en los artículos 481, 683 y 693, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que a la letra establece: "Art. 481. La sentencia que decrete el desahucio será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará siempre que el actor otorgue fianza que comprenderá la devolución de la cosa o cosas que deba percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca la sentencia. La que lo niegue será apelable en ambos efectos, si lo permite la cuantía del juicio." "Art. 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada." "Art. 694. Sólo se admitirá el recurso de apelación en los juicios cuyo interés exceda de doscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado, en la fecha de presentación de la demanda. " De la interpretación gramatical de dicha disposiciones, se advierte que procede el recurso de apelación, entre otros, contra las sentencias definitivas de primera instancia en las que se decrete el desahucio, asimismo, que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, revoque o modifique la resolución impugnada y dicho ordinario de defensa sólo se admitirá cuando el valor del negocio exceda del importe de doscientos días de salario mínimo. Por tanto, la quejosa, en cuanto parte procesal estuvo en posibilidad legal de hacer valer el recurso de apelación, dentro del plazo concedido para tal efecto. Consecuentemente, la sentencia definitiva de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que constituye el acto reclamado en este procedimiento, es apelable, y a través de este recurso pudo ser revocada, modificada o nulificada, por lo que la parte quejosa al ser demandada, debió agotar este recurso, pues en contra del acto reclamado en estudio procede un medio ordinario de defensa previsto por la legislación procesal civil estatal, razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia invocada. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia I.6º.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187016, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativa a la libertad bajo caución, la quejosa no es tercera extraña a juicio, ni tampoco la procedencia del recurso está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En efecto, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que los quejosos Angélica Nevárez Velázquez y Luis Morales Castillo, son la parte demandada en el juicio sumario civil de desahucio número 681/2015, mismos que se integraron formalmente a la relación jurídico-procesal de dicho contradictorio mediante escritos de tres de diciembre de dos mil quince, cuando contestaron respectivamente la demanda interpuesta en su contra (fojas 48 a 54), de ahí que no les surta le carácter de terceros extraños. Por analogía y en atención a su contenido cobra vigencia al caso concreto la jurisprudencia P./J. 39/2001 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo, XIII, Abril de 2001, página 93, correspondiente a la Novena Época, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En ese tenor, al proceder el recurso de apelación en contra de la determinación reclamada que declaró procedente el desahucio en contra de la parte demandada - aquí quejosa-, medio de defensa ordinario que tiene por objeto revocar o modificar el acto reclamado; en consecuencia, previamente a acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso de apelación en contra de la resolución reclamada, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XVIII del artículo 61, así como por la establecida en la fracción XXIII de dicho dispositivo legal, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades precisados. En mérito de lo expuesto, toda vez que se ha decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo se estima innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues una vez actualizada dicha figura, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. En ese tenor, es conducente señalar la jurisprudencia: VI. 1o J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página doscientos cincuenta y dos, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos reclamados a la autoridad ejecutora, pues su ilegalidad se hace depender del reclamado a la ordenadora y no se combaten por vicios propios. QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por las partes en cuanto a la publicación de esta resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública, dígase a las partes que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Angélica Nevárez Velázquez y Luis Morales Castillo, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en los considerandos cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, ante Omar Auseigesd Benítez Olmos, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de abril de dos mil dieciséis. Vistos los autos, en virtud que mediante oficio SEADS/692/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de seis del presente mes y año, determinó la primera adscripción del licenciado José Israel Hernández Tirado, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de abril del año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes con tal circunstancia por el término de tres días a fin de que puedan realizar las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; vista que se ordena notificar por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, SE DIFIERE y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito firmado por el tercero interesado Ricardo Moreno Zamudio, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizados. En atención a lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta; y como autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a Miguel Ángel Lizárraga Zatarain y José Luis Arce Tapia; asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con los dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la citada disposición legal a Blanca Estela Ledezma Olivarria, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrados en este juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.
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