Angélica Morales Salazar
Expediente 939/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Angélica Morales Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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Apizaco Tlaxcala cinco de junio de dos mil diecinueve. Se admite recurso de revisión Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado el Actuario Judicial Adscrito al Primer Tribunal Colegiado de este circuito por el cual hace del conocimiento de esta instancia el contenido del proveído de tres de junio de dos mil diecinueve por el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa por propio derecho en contra de la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve en el presente juicio mismo que quedó registrado con el número 163/2019; lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
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Apizaco, Tlaxcala, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Quejosa manifiesta fecha de notificación Agréguese el escrito y anexo signado por la quejosa ********************, mediante el cual aclara la fecha en que le fue notificada la sentencia dictada en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que hay lugar.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve: Quejoso interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 180 a 193), dictada en el presente expediente. Se da trámite a recurso de revisión En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; con copia del escrito de agravios córrase traslado a las partes y, una vez integrado debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el original del presente expediente, así como original y copia simple del escrito por el que se interpone el citado recurso y agravios, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Cuaderno de antecedentes Por otra parte, con diversa copia del escrito de expresión de agravios fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta de abril de dos mil diecinueve: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 939/2018-I, promovido por Angélica Morales Salazar, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Angélica Morales Salazar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Titular de la Contraloría del Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto a otra autoridad y acto reclamado (fojas 73 a 78), en diverso auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve se tuvo nuevamente a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto a nuevos conceptos de violación (fojas 157 a 159). II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de diez de octubre de dos mil dieciocho la registró con el número 939/2018-I, y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Finalmente la audiencia constitucional, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O III COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de un órgano ubicado en esta entidad federativa. IV FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo y ampliación, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala: La resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Titular de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, dentro del recurso de revocación 05/2017/DJ/DRA, de su índice, que confirmó la diversa de veintidós de junio de dos mil quince, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 01/2014/DJ/DRA., instaurado en contra de la quejosa. De la Encargada de la Dirección Jurídica de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, así como de Verónica Sánchez Delgado, servidora pública adscrita a la Dirección Jurídica del Ejecutivo: La notificación de la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de revocación R.REV. 05/2017/DJ/DRA. V INEXISTENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así pues, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la Encargada de la Dirección Jurídica de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, consistente en la notificación de la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de revocación R.REV. 05/2017/DJ/DRA, ello es así, en virtud de que al rendir su informe justificado negó su existencia; además, de las constancias del expediente de origen, se advierte que dicha notificación se efectuó por la diversa autoridad responsable, Verónica Sánchez Delgado, servidora pública adscrita a la Dirección Jurídica del Ejecutivo. VI CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Se debe tener como cierto el acto reclamado, pues así lo refirieron las autoridades responsables, 1) Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, y 2) Verónica Sánchez Delgado, servidora pública adscrita a la Dirección Jurídica del Ejecutivo, al rendir sus informes justificados (foja 27 a 30 y 172 y 173). Además, lo anterior se corrobora con las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del oficio CE-122018/DJ-3194, así como la copia certificada del oficio CE-122018/DJ-3194. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". VII OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA La aquí quejosa refiere que fue notificado del acto reclamado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 2); sin embargo de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, le fue notificada a la parte quejosa el diecisiete del citado mes y año (foja 72 vuelta). Notificación que surtió efectos el mismo día, toda vez que ni la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, que rige el procedimiento de origen, ni el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria al primero, establecen en qué momento surten efectos las notificaciones. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 7, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho al ocho de octubre de la misma anualidad; sin contar el veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre de dos mil dieciocho seis, siete, trece y catorce de octubre de la misma anualidad por inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el uno y dos de noviembre por disposición de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Federal y veinte del mismo mes por no correr términos. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: SEPTIEMBRE DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 17 Notificación del acto reclamado y surte efectos. 18 19 20 21 22 Día inhábil 23 Día inhábil 24 25 26 27 28 29 Día inhábil 30 Día inhábil OCTUBRE DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 Día inhábil 7 Día inhábil 8 Presentación de la demanda y fenece plazo 9 10 11 12 13 VIII ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA En el caso no se actualizan causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al análisis de los conceptos de violación. IX ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA NOTIFICACIÓN Pues bien, por cuestión de claridad, en primer término se estudiarán los conceptos de violación relacionados con el acto reclamado consistente en la notificación de la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de revocación R.REV. 05/2017/DJ/DRA. Así pues, en su único concepto de violación esgrimido contra dicho acto reclamado, vía ampliación de demanda, la parte quejosa sostuvo que la autoridad responsable viola el debido proceso porque dejó de observar lo previsto en el numeral primero de la Carta Magna ya que notificó ilegalmente la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación número R.REV.05/2017/DJ/DRA por el Contralor del Ejecutivo, ya que presuntivamente se constituyó en mi domicilio para notificar esa resolución, empero, no dejó citatorio con persona alguna para esperarla el día y hora que me debería de notificar y porque dicha servidora pública carece de facultades legales para notificar esta clase de resoluciones. Refiere que en la notificación que efectúo impuso el nombre de dos personas Edith Palacios Morales y María del Carmen Ramírez Mena, como testigos, empero, no dice testigos de qué ni tampoco obra en dicha razón los domicilios de esos testigos ni su identificación y por esa razón se le impidió conocer correctamente el contenido de la resolución para poder defenderse adecuadamente. Pues bien, a consideración del suscrito juzgador, dichos motivos de disenso son inoperantes. Lo anterior es así, en virtud de que, de conformidad con el artículo 592 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y de redacción idéntica al artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación se debe tenerse por hecha correctamente, en virtud de que la quejosa se mostró sabedora de la providencia, por tanto, aun cuando existiesen las deficiencias alegadas por la parte quejosa la notificación debe tenerse por hecha adecuadamente. En efecto, la referida disposición legal establece: "Artículo 592.- Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código previene, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación." En el caso, la parte quejosa manifestó en su escrito inicial de demanda, lo siguiente: "Reclamo de la C. Titular de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la resolución dictada el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, notificada el dieciocho del mismo mes y año, dentro del recurso de revocación número R. REV 05/2017/DJ/DRA." Como se puede advertir, la parte quejosa se hizo sabedora de la notificación que ahora pretende impugnar, por lo que, aun cuando existan deficiencias, se debe tener por hecha de manera correcta; máxime que la aquí quejosa impugnó la resolución dentro del plazo legal que establece la Ley de Amparo, lo que evidencia que tuvo pleno conocimiento de la misma. De ahí que resulten inoperantes sus motivos de disenso. X ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN DICTADA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO DENTRO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN NÚMERO R. REV 05/2017/DJ/DRA. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, sin que proceda realizar suplencia en la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Por cuestión de técnica y orden, se analizarán los conceptos de violación formulados en un orden diverso al propuesto por los impetrantes, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". En los motivos de disenso alegados por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, en primer término explica la diferencia entre falta e indebida fundamentación y motivación, y precisa que dicha resolución no está fundada y motivada. Dicho motivo de disenso es infundado, pues basta con remitirse a la resolución reclamada para advertir que dicho acto reclamado se fundó en diversas disposiciones legales de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, así como de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y se expresaron las razones por las que se consideró se debía confirmar el acto impugnado a través del recurso de revocación, de ahí lo infundado de dicho argumento. En otro orden de ideas, la parte quejosa expresó como motivos de disenso, que se violan sus derechos humanos, porque la responsabilidad directa del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico Ciclo Primavera-Verano 2012, fue del Director de Agricultura, como se observa del contenido de los artículos 7, 8 y 17 de las Reglas de Operación. Asimismo, señaló que la Dirección de Agricultura es quien tiene la facultad de ser el órgano rector, porque ahí es donde se controla y opera, además que tiene a su cargo la regulación de los expedientes que se generen por cada uno de los beneficiarios, por lo que todo cae dentro de su competencia y responsabilidad. Al respecto, este juzgador estima que dichos motivos de disenso son inoperantes, en virtud de que en éstos únicamente se repiten los agravios que sustentó la parte quejosa en el recurso de revocación, sin que se controviertan la razones que expuso la autoridad responsable al dar respuesta a los mismos. En efecto, del escrito a través del cual la aquí quejosa interpone el recurso de revocación en el expediente de origen, se advierte, en lo que aquí interesa, que expresó: "IV. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PRIMERO: (.) .En efecto, resulta infundada la resolución que por este medio se combate, violando en mi perjuicio lo señalado por los artículos 14 y 16 Constitucionales, al señalar que dejé de actuar con diligencia en el servicio que se me encomendó al no tomar en cuenta que los recursos públicos deben ejercerse con base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y evaluación, requisitos señalados en los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria dos mil doce y en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil doce. Lo anterior es así pues como se desprende de los argumentos que vertí y justifiqué en el desarrollo del procedimiento citado al rubro, la responsabilidad directa del control del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico Ciclo Primavera - Verano dos mil doce, era del Director de Agricultura, según se desprende los artículos 7, 8 y 17 de las Reglas de Operación de dichas Reglas, de los cuales sobresalen el artículo 17 que señala literalmente lo siguiente: (.) transcripción (.) Como se observa, es la Dirección de Agricultura que tiene la facultad de ser el órgano rector en el Programa de referencia, ya que lo controla y opera, así como también regula los expedientes que se generen por cada uno de los productores beneficiarios, por lo que entonces cae dentro de su competencia el que las propuestas por cada uno de los beneficiarios sea en base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y evaluación, requisitos señalados en los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria dos mil doce y en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil doce. Lo anterior se confirma por el hecho de que no existe dispositivo legal que faculte a la Dirección a mi cargo, auditar las solicitudes presentadas por la Dirección de Agricultura, por lo que es de insistir que la obligación de estudiar y valorar la procedencia de las solicitudes de este Programa, son del Director de Agricultura, por lo que es su obligación el de verificar que se cumplan con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y evaluación, al ser quien los integra; por ello debe tenerse en cuenta que mi carácter de Directora y conforme a la normatividad administrativa aplicable, debe considerarse las obligaciones y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en los procedimientos de su competencia, atendiendo a las actividades que realizan, de las cuales la suscrita evidencie no son vinculantes a la Dirección a mi cargo, toda vez que sus funciones son directivas y no operativas - administrativas cuya responsabilidad cuya responsabilidad se encuentran a cargo de otra Dirección.". (Fojas 1142 a 1149 del segundo tomo de pruebas). Por su parte, la autoridad responsable dio respuesta a dicho motivo de disenso, en los siguientes términos: En suma si bien refiere la recurrente que no existe dispositivo legal que faculte a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, auditar o fiscalizar las solicitudes de cada uno de los productores beneficiarios del programa, responsabilidad que es directa del Director de Agricultura, según se desprende del artículos 17 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, no menos cierto es, que la naturaleza de las funciones que desempeñaba la recurrente como Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, la obligaban a verificar o supervisar que se cumplieran con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil doce, tomando en cuenta el artículo 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, textualmente dispone que: "ARTÍCULO 22. En las Dependencias serán responsables de la administración y del ejercicio presupuestal, el titular de la misma y el titular del área administrativa; y en las entidades, los integrantes de los órganos de gobierno o su equivalente y el titular del área administrativa; así mismo, se sujetarán a las disposiciones normativas que emita la Secretaría y la Función Pública; para tal efecto, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos en sus respectivos programas operativos anuales." Luego entonces, en el caso que nos ocupa, los recursos públicos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera - Verano dos mil doce, fueron transferidos a la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, siendo la Dirección de Agricultura la responsable del control y operación del programa, teniendo bajo su responsabilidad la evaluación de las solicitudes de los beneficiarios, el manteniendo y resguardo de la documentación generada, pero la inconforme Angélica Morales Salazar, en su carácter de Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, fue responsable de firmar o autorizar las solicitudes de pago al proveedor del fertilizante químico, de ahí que ambas Direcciones integrantes de la estructura orgánica de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, se encuentren obligadas a la comprobación de los recursos públicos, además lo manifestado por la recurrente en su escrito de contestación y las pruebas para acreditar su dicho, resulta incongruente que Angélica Morales Salazar, autorizada la liberación de los recursos correspondiente al programa en mención, sin verificar por ningún medio que los recursos estuvieran debidamente ejercidos en los términos que prevén las reglas de operación del programa, tan es así que menciona que solo le bastaba que el Director de Agricultura le solicitara el pago correspondiente al cierre del cotejo de los vales por medio de los cuales se otorgaba el subsidio a los productores agrícolas del Estado, para poder generar el trámite de pago ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, empero la recurrente al desempeñarse como Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, tenía la obligación de vigilar que los recursos públicos se ejercieran con base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas, como lo señala el artículo 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, así como los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria dos mil doce, específicamente en su cláusula sexta que corresponde al mismo ejercicio presupuestario, que nos menciona que el ejercicio del gasto se efectuará con estricto apego a la ley, normas, criterios de austeridad, así como con transparencia y rendición de cuentas, además que todos los gastos se registrarán conforme a las reglas de contabilidad gubernamental y con el comprobante oficial correspondiente, que cumpla con los requisitos fiscales establecidos, resultando una falta de cuidado de parte dela presunta infractora, haber avalado el pago por la cantidad de $20´505,850.00 (veinte millones quinientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cuando de éste importe se encontraba una parte comprobada con los vales blancos expedidos por el infractor Misael Palafox Pimentel, que suman la cantidad de $19´975,935.00 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), tomando en cuenta que autorizaba los vales que se manejaron en la entrega de fertilizantes del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera - Verano dos mil doce, y que sin la firma o autorización de la inconforme Angélica Morales Salazar, en su carácter de Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, no habría pagado el total de dichos vales al proveedor, además, la recurrente tiene la capacidad y la instrucción suficiente para poder atender las funciones que desempeñaba por haber cursado la Licenciatura en Contaduría Pública, por lo que siendo una profesional en el manejo de la información contable y financiera, resulta indiscutible que aun cuando no se encuentren detalladas sus obligaciones en un catálogo normativo, debiendo ser cumplidas con la máxima diligencia y abstenerse de cualquier acto u omisión que afectara el servicio, como lo señala el criterio Jurisprudencial, que a continuación se transcribe: (.) Transcripción. En dicho contexto, se sigue aseverando que existe falta de diligencia por parte de la hoy recurrente Angélica Morales Salazar, en el desempeño de sus funciones, al manifestar que únicamente como Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, solicitaba y autorizaba el pago al proveedor del fertilizante químico, una vez que el Director de Agricultura, mediante oficio le señalara el cotejo con el proveedor de los vales expedidos por concepto de subsidio otorgado a los productores agrícolas del Estado, pero sin verificar la veracidad de los datos de cada vale para su autorización, lo que es lo mismo a dejar de atender sus obligaciones que le fueron conferidas como servidor público enfocadas estrictamente a realizar con diligencia el servicio público que desempeñaba, en el sentido de que omitió verificar o supervisar que los Recursos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, ejercidos por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, a través de la Dirección de Agricultura, se ejecutaran legalmente en apego a las Reglas de Operación de dicho programa, no obstante a que fuera el Director de Agricultura el encargado directo de la operación del Programa, quien si bien es cierto tuvo la responsabilidad de integrar cada uno de los expedientes de los beneficiarios, también es cierto que la obligación de la hoy recurrente consistía en vigilar y controlar que la administración de los recursos públicos asignados al programa de referencia se realizara bajo los principios de eficiencia, eficacia, equidad, honestidad, corresponsabilidad y transparencia, que las propias reglas de operación del programa establecen, en tal virtud la hoy recurrente debió solicitar la documentación generada por cada uno de los productores beneficiados, a efecto de verificar que cumplieran con los requisitos establecidos en las reglas de operación, ya que la intervención que tuvo la recurrente Angélica Morales Salazar, en el desempeño de sus funciones como Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, fue la de autorizar las solicitudes de pago correspondientes a los vales expedidos por concepto de subsidio otorgado a los productores agrícolas del Estado, que han quedado mencionadas en líneas anteriores, de los cuales se detectaron deficiencias en la revisión documental practicada a ochocientos quince expedientes de beneficiarios a quienes se les entregó fertilizante a través de vales blancos que fueron autorizados por el Ingeniero Misael Palafox Pimentel, entonces Director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, constatándose además que estos vales carecen de la fecha de su expedición, firma de conformidad del beneficiario de haber recibido el fertilizante, sello oficial de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, así como del comprobante del proveedor que justifique la entrega del fertilizante, por lo que, la forma y datos faltantes que presentan estos comprobantes, se presumen apócrifos, como quedó establecido en la observación número uno: así también, se desprende que dichos expedientes no están debidamente integrados, pues no se encontraron alguno de los documentos establecidos en el artículo 8 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, como se precisó en la cédula de observación número dos; y finalmente en la cédula de observación número seis, se concluyó que los documentos con los que se integraron los ochocientos quince expedientes, fueron tomados de los entregados por los productores para solicitar apoyos de otros programas que ejerce la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, como son Activos Productivos, Maíz Híbrido, Trigo, Avena, Cebada, Helada Atípica y con ellos soportar el pago realizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, del veinticinco por ciento de subsidio autorizado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, equivalente a $19´975,935.00 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), deficiencias que contravienen las disposiciones normativas de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, luego entonces, resulta una falta de cuidado de parte de la presunta infractora, haber avalado el pago por la cantidad de $20´505,850.00 (veinte millones quinientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cuando de éste importe se encontraba una parte comprobada con los vales blancos expedidos por el infractor Misael Palafox Pimentel, que suman la cantidad de $19´975,935.00 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), quien como encargada de la correcta administración de los recursos conferidos a la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, se reitera debió garantizar que los recursos públicos se ejercieran con base a los principios que establece el artículo 1, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, que precisa lo siguiente: "ARTÍCULO 1. Este programa se rige en base a los principios de eficiencia, eficacia, equidad, honestidad, corresponsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos por las partes que intervienen."; tomando en cuenta que su intervención fue la de autorizar los vales que se manejaron en la entrega de fertilizantes del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera - Verano dos mil doce, por lo que independientemente de que no manejó u operó directa y físicamente el programa, es cierto que no cumplió en sus funciones como Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, al no verificar y/o supervisar que el subsidio del fertilizante, cumpliera con los requisitos que exigen las Reglas de Operación del citado Programa, vulnerando con su actuar lo estipulado en el artículo 59 fracciones I, II, IV y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, como en seguida se precisa: Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión total o parcial o la deficiencia de dicho servicio."; la hoy recurrente Angélica Morales Salazar, dejó de cumplir con diligencia el servicio en razón de que, durante su gestión como Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, incurrió en una conducta de acción al momento en que autorizó las solicitudes de pago siguientes: a) La número cincuenta y siete, de fecha veintiuno de julio de dos mil doce, que corresponde a la factura con número de folio mil ciento ochenta (1180), por un importe de $12´000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); b) La número ciento ocho, de fecha cinco de octubre de dos mil doce, asociada con la factura mil trescientos sesenta y uno (1361), por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y c) La número uno, de fecha dieciocho de enero de dos mil trece, de la factura número mil trescientos sesenta y dos (1362) por la cantidad de $8´005,850.00 (ocho millones cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidades que suman un importe total de $20´505,850.00 (veinte millones quinientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cual resultó que el importe de $19´975,935.00 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), no cumple con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce; asimismo, cometió una conducta de omisión, toda vez que siendo responsable de la correcta administración de los recursos conferidos a la mencionada Entidad, no se percató que los recursos públicos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, se ejercieran con base a los principios de eficiencia, eficacia, equidad, honestidad, corresponsabilidad y transparencia que establece el artículo 1, de las Reglas de Operación del mencionado programa, y no obstante a ello solicitó y autorizó pagos al proveedor de fertilizante químico, sin percatarse de la veracidad de los datos de cada vale para su autorización y sin constatar que los expedientes de los beneficiarios estuvieran debidamente integrados con los documentos que exigen las reglas de operación del programa, pues del importe que se reportó comprobado con vales blancos apócrifos, además se precisó que algunos de los expedientes no están debidamente integrados con los documentos requeridos y que incluso fueron tomados de otros programas que ejerce la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, irregularidades que constan en las observaciones uno, dos y seis, resultado de la auditoría número TLAX/FERTILIZANTES/SEFOA/13, practicada por personal de esta Contraloría del Ejecutivo a los Recursos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, ejercidos por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala a través de la Dirección de Agricultura, con los cuales se acredita que la hoy recurrente causó deficiencia de su servicio pues avaló el pago por la cantidad de $20´505,850.00 (veinte millones quinientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del cual resultó un importe irregular por $19´975,935.00 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Así también, existe falta de diligencia por parte de la presunta infractora Angélica Morales Salazar, en el desempeño de sus funciones, con respecto a las tres observaciones que corresponden al faltante por $8´005,850.00 (ocho millones cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que se refiere al convenio de ampliación al contrato inicial por un monto en subsidio de dicha cantidad, faltante de bitácoras en el consumo de combustibles por $250,573.32 (doscientos cincuenta mil quinientos setenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional) y recursos destinados a fines distintos a los autorizados por $468,191.93 (cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento noventa y un pesos 93/100 Moneda Nacional), observaciones que quedaron solventadas en su momento, pero cabe aclarar a la recurrente, que su conducta omisa estaba consumada desde el momento en que se llevó a cabo la revisión de la información y se corroboró que no se encontraba, tan es así que generó una recomendación y una omisión atribuible a la recurrente por falta de diligencia en el servicio encomendado, lo que transgrede flagrantemente los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza, veracidad y eficacia, que rigen el servicio público, debiendo ser sancionada en la magnitud de las faltas que cometió. "II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, cumpliendo las leyes y normas que determinen el manejo de recursos públicos."; la hoy recurrente Angélica Morales Salazar, no vigiló que los recursos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, ejercidos por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala a través de la Dirección de Agricultura, se ejecutarán en observancia a los principios de eficiencia, eficacia, equidad, honestidad, corresponsabilidad y transparencia, que señala las Reglas de Operación del mencionado Programa, debiendo ser sancionada pues siendo Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, incurrió en faltas administrativas por su deficiente desempeño durante el ejercicio, comprobación y justificación de los recursos del citado programa, en específico por la inobservancia de los artículos 1, 8, 9 y 20 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día trece de marzo de dos mil doce. "IV. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales o municipales, o por irregularidades en el ejercicio, pago, recaudación o concentración de los recursos públicos del Estado o municipios, transferidos por el Gobierno Federal o de los recursos públicos del Estado o municipios, transferidos por el Gobierno Federal o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus municipios."; la hoy recurrente Angélica Morales Salazar, dañó económicamente al erario público estatal al autorizar las solicitudes de pago al proveedor del fertilizante químico, sin verificar los datos contenidos en cada vale e incluso sin constatar cada uno de los expedientes que se formaron con las solicitudes de los beneficiados, que si bien no era su facultad integrarlos, debió inspeccionarlos en estricta diligencia con el afán de constar que los vales estuvieran debidamente llenados con la fecha de su expedición, firma del beneficiario de haber recibido el fertilizante, sello dela Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, así como el comprobante del proveedor que justificara la entrega del fertilizante, datos que no se reportaron en los vales blancos que fueron autorizados por el Director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, además de que los expedientes de los beneficiados estuvieron indebidamente integrados, pues no contienen los documentos que exigen las reglas de operación del programa, incluso algunos fueron integrados con expedientes de otros programas que ejerce la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, por lo que, de haberlos inspeccionado, se pudo percatar de las mencionadas deficiencias, para no autorizar el pago de los vales en mención, lo que además debió realizar en su carácter de Directora Administrativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, para garantizar que los recursos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, ejercidos por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala a través de la Dirección de Agricultura, se ejecutaran en observación a los principios de eficiencia,eficacia, equidad, honestidad, correspondabilidad y transparencia, que señalan las Reglas de Operación del mencionado Programa, debiendo ser sancionada pues siendo Directora Administrativa dela secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, incurrió en faltas administrativas por su deficiente desempeño en el ejercicio, comprobación y justificación de los recursos del programa, al autorizar las solicitudes de pago siguientes: a) La número cincuenta y siete, de fecha veintiuno de julio de dos mil doce, que corresponde a la factura con número de folio mil ciento ochenta (1180), por un importe de $12´000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); b) La número ciento ocho, de fecha cinco de octubre de dos mil doce, asociada con la factura mil trescientos sesenta y uno (1361), por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/10 Moneda Nacional) y c) La número uno, de fecha dieciocho de enero de dos mil trece, de la factura número mil trescientos sesenta y dos (1362) por la cantidad de $8´005,850.00 (ocho millones cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidades que suman un importe total de $20´505,850.00 (veinte millones quinientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales la cantidad de $19´975,935.00 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponden a los vales apócrifos que fueron autorizados por el Ingeniero Misael Palafox Pimentel, entonces Director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, quedando plenamente probado el daño económico causado por el deficiente desempeño de la hoy recurrente, en la comprobación de los recursos del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, que debiendo ser destinados enteramente a los productores del Sector Agrícola en el Estado de Tlaxcala, pues el programa fue creado especialmente a la población dedicada a ésta actividad, para que pudiera incrementar sus ingresos, generar empleos y mejorar el nivel de vida en el Estado; luego entonces, resulta justificada una sanción acorde a la magnitud de la falta cometida. "XXII. Las demás que le impongan las leyes, disposiciones reglamentarias y administrativas correspondientes"; se reitera que existe falta de diligencia por parte de la presunta infractora Angélica Morales Salazar, en el desempeño de sus funciones, en contravención a lo estipulado en los numerales 21 y 22 tercer párrafo del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil doce, cláusula sexta fracciones I y IV de los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad presupuestaria dos mil doce, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día cuatro de mayo de dos mil doce, así como por la inobservancia de los artículos 1, 8, 9 y 20 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola Fertilizante Químico y Orgánico, Ciclo Primavera Verano dos mil doce, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día trece de marzo de dos mil doce, debiendo ser sancionada para evitar ulteriores deficiencias. Así las cosas, este Órgano Estatal de Control determinó fincar la responsabilidad administrativa y una sanción administrativa a la hoy recurrente Angélica Morales Salazar, tal y como lo prevé el numeral 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, estimando procedente imponerle la sanción administrativa consistente en una INHABILIACIÓN para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, por un plazo de CINCO AÑOS, sanción que se estableció en observancia a lo estipulado en los artículos 66 y 68 del citado ordenamiento Legal, que a la letra establecen lo siguiente: (.) Transcripción. Lo expuesto evidencia que los argumentos aducidos vía de conceptos de violación, son similares a las manifestaciones vertidas vía agravio; el motivo de disenso de la quejosa debió orientarse a controvertir las consideraciones a través de las cuales se desestimaron dichos argumentos, por lo que al no hacerlo así, los conceptos de violación son inoperantes puesto que se limita a reproducir el planteamiento originario que se esbozó ante la autoridad de origen. Resulta aplicable, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, de agosto de 2009, página 77, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA". Misma calificación de inoperancia debe dársele al argumento sustentado en el segundo concepto de violación, toda vez que, el mismo es similar al expresado vía agravio en el recurso de revocación, lo que a continuación se evidencia en la siguiente tabla: AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO TERCERO: El acto reclamado es ilegal considerando que se dictó en notoria contravención al marco jurídico estatal, por lo tanto se trasgrede en mi perjuicio la garantía de legalidad en cuando a la debida fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto por los artículos 3 y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 582 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, conforme lo dispuesto en el artículo 9 de ésta; toda vez que en el acto reclamado la autoridad responsable no fundamenta ni motiva debidamente al no precisar la supuesta gravedad de la responsabilidad en que supuestamente incurrí, pues lo que al respecto se asienta resulta insuficiente al referirse a actos imputables del entonces Director de Agricultura, incluido en que la aplicación de los recursos públicos debe ser en base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y evaluación, pues como ya se dijo, dichos criterios son de observancia al momento de integrar los expedientes y las solicitudes respectivas, al ser parte de las Reglas de Operación del multicitado Programa. "SEGUNDO.- Se me causa este concepto de violación con la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada en el expediente P.R.A.01/20I4/DJ/DRA., al no estar fundada y motivada porque se imponen sanciones administrativas en mi contra, sin haber analizado cada uno de los elementos que son necesarios para la individualización de la sanción, porque no basta que se mencione que para pronunciar esa sanción se tuvo en cuenta que la gravedad de la responsabilidad es grave, sino necesariamente de acuerdo con el artículo 16, de la Carta Magna, todo acto de autoridad debe estar FUNDADO Y MOTIVADO, lo que no ocurre en el presente caso. Independientemente de ello la autoridad sólo puede hacer lo que la Ley le permite, por ello, indebidamente se consideró que mi responsabilidad es grave, sin destacar o concretar cuáles son las pruebas que justifican esa gravedad, porque como lo he dicho anteriormente dentro de las facultades y obligaciones que tuve como Directora Administrativa de la Secretaría de fomento agropecuario del Estado de Tlaxcala, no se encuentran las acciones u omisiones que se me atribuyen, por ser precisamente la dirección de agricultura quien tiene la obligación y la facultad de ser el órgano rector en el programa de referencia; pues injustamente se estima que hay un latente daño causado a la Hacienda Pública Estatal sin justificar previamente que el manejo irregular de los pagos autorizados, fueron por parte de la suscrita, en razón de ello, solicito se conceda el amparo de la Justicia Federal." Lo expuesto evidencia que los argumentos aducidos vía de conceptos de violación, son similares a las manifestaciones vertidas vía agravio y si bien, de la interlocutoria reclamada no se advierte que la responsable se haya pronunciado al respecto; el motivo de disenso de la quejosa debió orientarse a controvertir que la autoridad del conocimiento soslayó emitir pronunciamiento respecto de cada una de las manifestaciones que hizo valer vía agravio, al no hacerlo así, los conceptos de violación son inoperantes puesto que se limita a reproducir el planteamiento originario que se esbozó ante la autoridad de origen. Resulta aplicable, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, de agosto de 2009, página 77, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA". En esas circunstancias, si la parte quejosa tiene la obligación de mediante los conceptos de violación desvirtuar la legalidad del acto reclamado y, como en el caso, aduce argumentos en donde no se controvierten de manera específica las consideraciones que la responsable tomó en cuenta en el acto combatido, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes. Cobra aplicación en ese sentido la Jurisprudencia I.6o.C. J/21, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." En las relatadas circunstancias ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación propuestos y al no existir causa o motivo alguno por el cual haya de suplir alguna deficiencia de la queja, como dispone el artículo 79, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa contra el acto consistente en la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Controlador del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en el recurso de revocación R.REV.05/2017/DJ/DRA de su índice. Finalmente, no se estudian los alegatos que Agente del Ministerio Público Adscrito (foja 19 a 23), porque de acuerdo con su naturaleza, sólo constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, consecuentemente no es obligación para el suscrito juzgador de amparo entrar al estudio de los razonamientos expresados en los indicados alegatos. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205449, publicado en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, cuyo rubro y texto imponen: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Angélica Morales Salazar, en contra del acto y autoridades precisados en el inciso b), del considerando IV, por los motivos expuestos en el diverso V, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Angélica Morales Salazar, en contra de los actos precisados el considerando IV, por los razonamientos establecidos en los diversos IX y X, de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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