Angélica Matilde Moreno Arellano
Expediente 1301/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1301/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Angélica Matilde Moreno Arellano
- Juez Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial En San Luis Potosi
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por ********************, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en San Luis Potosí, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1301/2022-IV-P. Examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De los términos del escrito de demanda se advierte que la parte promovente del amparo reclama del Juez Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en San Luis Potosí, el acto que precisó de la siguiente manera: ".la admisión del juicio ordinario civil por la acción reivindicatoria ********************.". Asimismo, como antecedentes de dicho acto señala, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el día tres de junio de dos mi veintidós, se presentó ante el domicilio de la parte quejosa, el ubicado en ********************, una persona quien dijo ser actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, preguntando por ******************** para hacerle de su conocimiento de la demanda que había sido instaurada en su contra, respecto al juicio ordinario civil por acción reivindicatorio ******************** del índice del juzgado responsable. A lo anterior, la aquí quejosa le manifestó que la persona buscada no habitaba en ese domicilio y que desconocía de quien se trataba, por lo que el citado servidor público dejó en su poder las copias relativas a la demanda. La quejosa manifiesta ser arrendataria del inmueble antes descrito, pues aduce contar con un contrato de arrendamiento con ******************** desde el año de mil novecientos ochenta y tres. Que el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa se presentó en las instalaciones del Juzgado Tercero Civil solicitando el acceso al expediente ********************, pero al no ser parte de este juicio, le negaron el acceso a éste. Por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo en comento establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en mención establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los dispositivos en comento prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo del mismo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, resulta pertinente destacar que la quejosa reclama lo actuado en el juicio ordinario civil por la acción reivindicatoria ********************, promovido por ********************, a través de su apoderada legal, ********************, de cuya existencia tuvo conocimiento el tres de junio de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia en análisis, ya que de las manifestaciones que ella misma realiza, es factible considerar que la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del juicio desde el cuatro de junio de dos mil veintidós. Tomando en consideración lo anterior, el término de quince días para instar la acción constitucional en contra de la falta de llamamiento a juicio, transcurrió indefectiblemente, al menos al veintisiete de junio de dos mil veintidós; por tanto, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el seis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común respectiva, según sello de recibido que obra en la parte superior derecha del ocurso de amparo, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto ya existente a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía reclama la parte quejosa, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. Efectivamente, no pasa por alto que la quejosa aduce que el diecinueve de septiembre del año en curso acudió al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad con el fin de conocer más del procedimiento de origen; sin embargo, a criterio de este juzgado, se estima que desde el momento que atendió directamente al actuario judicial adscrito al citado juzgado, es que tuvo pleno conocimiento de la existencia del mismo, el cuatro de junio de dos mil veintidós., y por ende, estaba en posibilidad de interponer oportunamente la demanda de protección a sus derechos fundamentales. Con independencia de que hubiese optado por acudir al Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, al tener pleno conocimiento de la existencia de un juicio ordinario civil por acción reivindicatorio, es que se insiste, debía haber intentado la acción constitucional en defensa del acto reclamado, traducido en el ilegal emplazamiento a juicio. En este orden de ideas, al estimar que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ********************, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la diversa persona que señala, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado; no obstante, del contenido de los anexos que remite, no se advierte la fecha concreta en que le fueron notificados a la perito oficial ********************, los oficios de dieciocho de agosto y trece de septiembre del año en curso, emitidos por su superior jerárquico, con la finalidad de que la aludida facultativa rinda el dictamen que le fue solicitado por este Juzgado; lo anterior, toda vez que los sellos de recepción que constan en los oficios que le fueron girados, no resultan del todo legibles, ni tampoco se advierte algún dato adicional, como podría ser su firma autógrafa o alguna leyenda de recibido que proporcione certeza a este Juzgado de que la citada experta recibió personalmente los oficios mencionados. En consecuencia, con fundamento en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la Dirección de Servicios Periciales de la Vicefiscalia Científica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, informe si la perito ya citada recibió los oficios mencionados y en qué fecha, asimismo, remita de manera legible las constancias que acrediten tal circunstancia; lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, al demeritar la pronta y completa administración de justicia, le será impuesta una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley en cita. Notifíquese.
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