ANGELICA MARÍA TORRES REVELES y otros
Expediente 1639/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1639/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2018
Partes del expediente
- ANGELICA MARÍA TORRES REVELES y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, mediante el cual en atención a la solicitud formulada en autos, remite dos constancias de notificación, las cuales no corresponden a algunas de las pedidas, que son las siguientes: OFICIOS Auto en el que se libraron los oficios, todos dictados en los cuadernos principal e incidente de suspensión, relativos al juicio de amparo 27/2017 del índice del órgano auxiliado. 999/2017 y 1001/2017 Doce de enero de dos mil diecisiete (cuaderno principal). 10656/2017 Veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (cuaderno principal). 984/2017, 986/2017 y 987/2017 Doce de enero de dos mil diecisiete (cuaderno incidental). 1690/2017 Diecinueve de enero de dos mil diecisiete (cuaderno incidental). 3968/2017 Ocho de febrero de dos mil diecisiete (cuaderno incidental). En virtud de lo remitido por el juzgado de origen, glósense las constancias de notificación, para que surtan sus efectos legales, y en razón de que no obran las referidas en la tabla que antecede, con copias de los autos correspondientes, gírense atentos oficios a las autoridades responsables, en los siguientes términos: Autoridad a notificar Auto que se notifica Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. Doce de enero, dictado en el cuaderno principal. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Doce de enero de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno principal. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. Veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno principal. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. Doce de enero de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno incidental. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Doce de enero de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno incidental. Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doce de enero de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno incidental. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno incidental. Comisión Reguladora de Energía Interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno incidental. Lo anterior, únicamente para la debida integración del expediente en que se actúa, en virtud de que en proveído de catorce de julio de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo de este asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda este asunto se desprende que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el expediente 27/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; y de una revisión de autos se aprecia que a la fecha no se cuenta con las constancias de notificación de los oficios 999/2017 y 1001/2017 librados en proveído de doce de enero, 10656/2017 librado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictados en el juicio 27/2017 del índice del órgano auxiliado, asimismo las constancias de notificación relativas al incidente de suspensión de los oficios 984/2017, 986/2017 y 987/2017, librados en proveído de doce de enero, 1690/2017 de diecinueve de enero y 3968/2017 de ocho de febrero, todos de dos mil diecisiete; en consecuencia, únicamente para la debida integración del expediente en que se actúa solicítese al citado juzgado, que a la brevedad posible, envíe a este Juzgado Auxiliar las constancias de notificación citadas, o bien, manifieste la imposibilidad legal que para ello tenga, a efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio. Notifíquese, en términos de ley.
- Principal
Ciudad de México, catorce de junio de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable y el auto de doce de junio de dos mil diecisiete dictado en el Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que la autoridad responsable precisa que entre los contribuyentes a los que les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se encuentra el quejoso del juicio de amparo 5503/2014. En vista de lo anterior y en razón de que, entre otras cuestiones, en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En acatamiento a los dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y el 192 de la Ley de amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de la fecha al en que surta efectos la notificación del proveído, informe el cumplimiento dado a la concesión del amparo en los términos apuntados, en relación con el quejoso del juicio de amparo señalado en el primer párrafo y remita las constancias con las que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J.57/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Así como la diversa jurisprudencia P./J.59/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, página 5, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de superior jerárquico del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo referido en párrafos precedentes, ordene cumplir a su inferior jerárquico la ejecutoria dictada, en los términos anteriormente expuestos. Apercibido que de no demostrar que dio las órdenes respectivas, se le impondrá una multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), en los términos precisados en párrafos que anteceden, e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese.
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