Angélica María Romero Marcos
Expediente 1190/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Angélica María Romero Marcos
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
VISTA LA PIEZA POSTAL CON QUE SE DA CUENTA DE LA QUE SE ADVIERTE QUE FUE DEVUELTA CON LA LEYENDA PERIODO VACACIONAL, EN OBVIO DE MAYORES DILACIONES REENVIESE EL OFICIO ALUDIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 3478/2013, del Juez Civil y Familiar de Ixmiquilpan, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 7101/2013, con el que remite cuaderno de amparo, donde obra escrito de presentación, demanda de amparo, promovida por ***, instrumento notarial, auto de seis de noviembre del año que transcurre, certificación, constancia de emplazamiento, escrito de **** y proveído de veintisiete de noviembre pasado; así también remite siete copias de la citada demanda con anexo, oficio 3466/2013, en el cual el juez responsable rinde su informe justificado; así como el exhorto 311/2013, derivado del juicio ordinario civil 481/2009, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo, ***, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: ... Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que el trece de agosto del año que transcurre, el Juez Mixto de Primera Instancia de Zimapán, Hidalgo, giró atento exhorto al Juez Civil y Familiar de Ixmiquilpan, Hidalgo, por el cual se hizo efectivo el apercibimiento en contra de ***, ya que omitió dar cumplimiento a la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil diez; y ordenó el lanzamiento correspondiente respecto del predio rustico denominado ***, con las medidas y colindancias que quedaron precisadas en la misma, así como sus frutos y accesiones a favor de ***; así las cosas el nueve de noviembre del presente año, el Juez Civil y Familiar de Ixmiquilpan, Hidalgo, recibió el exhorto mencionado, lo registró bajo el número 311/2013, y ordenó realizar la diligencia encomendada. Inconforme con dicha resolución, la hoy quejosa, por conducto de su apoderado legal, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 dispone, que se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, además, las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia; y, por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la ejecución de exhorto 311/2013, ordenado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zimapán, Hidalgo, relativo a juicio ordinario civil 481/2009; el mismo, no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, al haberse dictado en la etapa procesal de ejecución de sentencia, tal y como se aprecia de la lectura de los documentos remitidos por la autoridad responsable. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- ... Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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