Angélica María Ramírez Bernal
Expediente 515/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Angélica María Ramírez Bernal
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diez de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese IIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo, presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibida en la Oficina de Correspondencia Común "B" adscrito a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Honorable Consejo de Honor Superior de la Octava Región Naval, con residencia en Acapulco Guerrero, Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Décimo Segunda Zona Naval y Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval, ambos con residencia en esta ciudad, que hace consistir literalmente en: IV.- ACTO RECLAMADO: Del Honorable Consejo de Honor Superior de la Octava Región Naval, se reclama la determinación de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, por medio de la cual resuelve el recurso de inconformidad, interpuesto por la suscrita en oficio sin número de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, en contra de la resolución de data dos de febrero de la presente anualidad, emitida por el Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Décimo Segunda Zona Naval, con motivo del procedimiento disciplinario que se me instauró, en dicha fecha. De la autoridad responsable denominada Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Décimo Segunda Zona Naval, se reclama la resolución de data dos de febrero de la presente anualidad derivada del procedimiento disciplinario que se me instauró, en dicha fecha. De la autoridad responsable denominada Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval se reclama el oficio número 1534/1018 de fecha 26 de octubre de 2018, por conducto del cual da cumplimiento a la resolución de fecha dos de febrero de la presente anualidad, emitida en mi contra por el Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Décimo Segunda Zona Naval, quien determino como sanción en cambio de adscripción en observación de mi conducta a una comisión subalterna, por el término de seis meses." (sic). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 515/2018. DESECHAMIENTO En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, 3° y 108 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 3. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) . El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará (.)" Además, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió un criterio que aparece en el página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 242775, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Aunado a ello, existe la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece en la página 315, tomo X, octubre de 1992, registro 218142, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada ." Por su parte, los artículos 58, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen: "Artículo 58. En los servicios electrónicos que brinde el CJF a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se requerirá el uso de firmas electrónicas vigentes, salvo la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Los artículos y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo se encuentra regido por el principio de "instancia de parte agraviada" y que este puede ser promovido mediante demanda electrónica, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales; asimismo que al presentar una demanda en esta vía, se generará: a) un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción; y, b) en la parte final del documento, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente. Finalmente, se aprecia que no se requerirá Firma Electrónica, cuando la demanda de amparo se promueva en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso se advierte que la quejosa ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Honorable Consejo de Honor Superior de la Octava Región Naval, con residencia en Acapulco Guerrero, Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Décimo Segunda Zona Naval y Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval, ambos con residencia en esta ciudad; sin embargo, no se demuestra que la demanda de amparo esté firmada por la citada promovente, ya que en la parte final del escrito relativo solamente aparece su nombre estampado de forma electrónica. Aunado a ello, en la boleta de turno remitida por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común "B" adscrito a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, como también de la demanda, se aprecia que carece de la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica, en la que se muestre el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente; datos que deben tomarse en consideración por los Juzgados de distrito para acordar lo correspondiente. Por tanto, si la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; es inconcuso que si la demanda en análisis carece de ella, no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada. Máxime, que en la especie no se advierte que la demanda de amparo se promueva contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De donde se sigue que la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En virtud de ello, como la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como quejosa; de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de amparo presentada a nombre de ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado, ni por autorizados a las personas que se indican en la demanda de amparo, pues al no contener, el escrito de demanda, firma de la quejosa, no existe persona que sea responsable del contenido de tal escrito; por lo que, este acuerdo notifíquese por lista. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la promovente. MESA II B (AMPARO)
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