Angélica María Melendez Ponce

Expediente 503/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
503/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Angélica María Melendez Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintiuno. ...CAUSALES DE IMPROCEDENCIA De la demanda de garantías se advierte que en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De dicho precepto se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado por el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de garantías, el quejoso no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción mencionados. Ahora bien, como se advierte de la lectura del escrito de demanda, el procedimiento en el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra regulado por el Código de Comercio; ordenamiento al que le resultan aplicables de forma supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 1054 de la citada legislación mercantil. Así, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil, señala: "Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Del contenido de dicho precepto, se desprende que cuando alguna de las partes en un juicio estime que una actuación no ha sido realizada observando las formalidades establecidas en la ley, podrá pedir su nulidad a través del incidente correspondiente. En esas condiciones, se advierte que contra la diligencia de emplazamiento que reclama la quejosa, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el incidente de nulidad que establece el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías. Por lo tanto, al tener la quejosa el carácter de demandada en el juicio de origen, se encuentra obligada a agotar los recursos y medios de defensa que establecen los ordenamientos legales, previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que contra el acto reclamado en estudio haya hecho valer el incidente de nulidad por virtud del cual pudo ser nulificado, pues como se advierte de los anexos que acompañó la quejosa a su escrito de demanda, en el juicio de origen aún no se dicta sentencia definitiva, por lo que dicha peticionaria de garantías se encontraba en aptitud de comparecer al juicio de origen a fin de promover los recursos y medios de defensa correspondientes, para obtener la nulidad del acto que ahora reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo texto es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materias Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1651, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO Armando Lemus Cervantes 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.16.74 27/08/21 19:31:24 PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Cabe precisar que, al no ser el acto reclamado de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, dicho acto no se encuentra en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad. Resulta aplicable, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 350 de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo cual no constituye propiamente un domicilio procesal; en tal virtud, HÁGASE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO Y LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, POR MEDIO DE LISTA HASTA EN TANTO SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD. Lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo. Se por autorizado al profesionista Jesús Esparza Ruvalcaba en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, por autorizados a los demás profesionistas y personas que refiere en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ténganse por señalados los correos electrónicos que proporciona, únicamente a efecto de implementar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55-51-33-81-00 extensiones 1910 y 1908, esta última para aspectos relacionados con las notificaciones causadas en el presente asunto, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE por medio de lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,657 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano