Angelica María Contreras Molina

Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 81 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2018
Año
2018
Actuaciones
81
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Angelica María Contreras Molina
  • María Guadalupe Villagómez Álvarez y Otros.
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
  • María Guadalupe Villagómez Álvarez
  • Angelica María Contreras Molina y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 81.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que feneció el plazo de seis meses para que el tercero interesado promoviera el incidente de pago de daños y perjuicios que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja a disposición de la parte quejosa el billete de N ********************, valioso por la cantidad de********************el cual sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida. En el entendido que de no recogerlo dentro del plazo de dos años computado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito en favor del Fisco Federal. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el ocurso suscrito por la tercera interesada María Guadalupe Villagómez Álvarez, quien solicita que se modifique el monto de la garantía que por daños y perjuicios se solicitó a la parte quejosa a fin de que la suspensión definitiva surtiera sus efectos, ya que manifiesta que transcurrió el plazo de seis meses que se estimó que duraría la tramitación del juicio de amparo. Por otra parte, es conveniente señalar que el presente incidente se aperturó el tres de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó la suspensión definitiva el dieciocho de septiembre de ese año, misma que dejó de surtir sus efectos el veintiocho del aludido mes y año, en virtud de que la parte quejosa no presentó la garantía fijada, por lo cual las autoridades responsables estuvieron en aptitud de ejecutar el acto reclamado; sin embargo, fue hasta auto de tres de julio de dos mil diecinueve, que se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N704275, valioso por $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional), a fin de que la medida cautelar dictada volviera a surtir sus efectos. Lo anterior, permite sostener que no han transcurrido los seis meses que señala la parte tercera interesada, por lo que en esas condiciones no es factible en este momento modificar la garantía establecida para la parte quejosa; sin embargo, la ocursante está en su derecho de solicitar nuevamente dicha modificación una vez que hayan transcurrido los seis meses a partir de que la suspensión definitiva volvió a surtir sus efectos (tres de julio de dos mil diecinueve), circunstancia que cuando acontezca, este órgano jurisdiccional valorara la petición. De igual forma, hay que atender a lo relatado en la expresión de tiempo probable, ante lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado y ha fijado como tal el plazo de seis meses, lo cual robustece el argumento anterior al quedar claro que a la fecha del presente acuerdo no ha transcurrido dicho plazo. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 35/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro 62, Tomo I, página 10, de enero de 2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018983, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado. Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; el artículo 179, el de 3 días para que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose. La suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5.7 meses, plazo al que deben agregarse los días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio. Asimismo, el plazo precisado puede disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del juicio será menor. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado". Notifíquese por lista y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

Quedan 77 actuaciones en este expediente

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