Angélica María Castellanos Palos
Expediente 1612/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/03/2022
Partes del expediente
- Angélica María Castellanos Palos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. I. Causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se determinó sobreseer el juicio que nos ocupa fuera de audiencia, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. II. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 21/09/23 16:34:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.28.f0 MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA PÉREZ JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1612/2021 de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. III. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma Rogel
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por medio del cual, cumple con el requerimiento que se le realizó en auto de catorce de octubre del año en curso; y, para tal efecto remite las copias certificadas en las que apoya su informe justificado. Se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 y 123 de la ley de la materia. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias exhibidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (..)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la falta de emitir auto de avocamiento y fijar fecha de audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en autos del juicio laboral 776/2021/16-H. Ahora, del informe justificado, así como de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la responsable se avocó al conocimiento de la demanda laboral promovida por la quejosa y señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en los artículos 870 a 883 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, se presentó en veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por lo que, se arriba a la convicción de que en la data en que se instó el juicio de amparo en el que se actúa era inexistente la omisión de que se duele el impetrante. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión que reclama no existe en el juicio natural, permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las CATORCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a trece de octubre de dos mil veintiuno. I. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que, por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Agustín de Jesús Rentería Godínez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica en Jalisco, el cual se registró con el número 376/2021; agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias. Téngase por recibidos los escritos de Luis Gabriel Piña Flores, tiene carácter de autorizado (carácter reconocido el treinta y uno de agosto de dos mil veinte) y el signado electrónicamente por Rodrigo Sánchez Villa, tiene carácter reconocido como apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, ambos por la tercera interesada Constructora e Inmobiliaria Las Margaritas, sociedad anónima de capital variable; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas de la demanda del acuerdo admisorio, previa razón que por su recibo se deje agregada en autos, conforme lo permitan las labores de este juzgado. Ahora bien, en relación con las copias certificadas que solicita relativas al incidente de suspensión, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que se llevan por cuerda separada, además de que en la misma fecha realizó su petición en el cuaderno respectivo. Información relativa a la expedición de copias. Asimismo, se informa que en atención a las medidas de prevención para evitar la propagación del virus del Covid-19, acorde a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Finalmente, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se le exhorta a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/mfcs
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