Angélica María Camarena Hernández y Otros.

Expediente 617/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
617/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2015

Partes del expediente

  • Angélica María Camarena Hernández y Otros.
  • Angélica María Camarena Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativa 77/2015, interpuesto por *********, la primera Tesorera y la segunda Directora de Ingresos, ambas del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, contra el auto de trece de julio de dos mil quince, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la Tesorera Municipal y la Directora de Ingresos, ambas del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, por lo que se confirma el acuerdo de trece de julio del año en curso, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 617/2015-V, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovido por las autoridades responsables." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la Tesorera Municipal y la Directora de Ingresos, ambas del Municipio de Celaya, Guanajuato, en contra del proveído de trece de julio del año en curso, dictado en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa Angélica María Camarena Hernández y Maribel López Martínez, la primera Tesorera y la segunda Directora de Ingresos, ambas del Municipio de Celaya, Guanajuato; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de trece de julio del año en curso. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el trece de julio pasado, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Angélica María Camarena Hernández y Maribel López Martínez, la primera Tesorera y la segunda Directora de Ingresos, ambas del Municipio de Celaya, Guanajuato, personalidad que acreditan, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, con copia certificada del acta número 2/2012, de diez de octubre de dos mil doce, suscrita por el David Alfonso Orozco Pérez, Secretario del Ayuntamiento y con el nombramiento de diez de octubre de dos mil doce, firmado por el Presidente Municipal, todos de esta ciudad contra actos del Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 617/2015-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7°, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Como se observa de la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 7° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se desprende, como excepción, que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública pueden solicitar el amparo contra la afectación que resientan dichos organismos, exclusivamente, en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Lo anterior es así, porque el objetivo del juicio de amparo es dirimir las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en tanto que tales derechos subjetivos públicos sólo se otorgan a los gobernados y no a las entidades públicas. Efectivamente, el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar los derechos fundamentales del gobernado, frente a los desvíos del poder público, pero excepcionalmente, según lo autoriza el artículo 7° de la Ley de Amparo, es permisible a la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública que hagan uso de dicho medio extraordinario de defensa, siempre y cuando la norma general, el acto u omisión que reclamen afecten sus intereses patrimoniales y que no actúen provistas del "jus imperium", sino en el mismo plano de igualdad con los particulares. En este contexto, tenemos que no basta que el Estado, por conducto de uno de sus órganos, acuda al juicio de amparo como parte litigante, ya que ello no implica que al tratar de reclamar el acto que deriva de un juicio natural, pueda considerarse como un derecho del hombre o como un derecho fundamental, para efecto de que la autoridad que lo emitió estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo como si se tratara de una garantía individual; ya que únicamente les está permitido a las autoridades acudir en juicio de amparo, cuando defienden derechos patrimoniales, porque entonces tales personas no actúan en funciones de autoridad. De ahí que resulte jurídicamente inaceptable que los organismos públicos o dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, invoquen violación de derechos fundamentales cuando los actos que defienden derivan de su actuar como autoridad. Orienta lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627, Tomo I, Junio de 2014, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. Del artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la interpretación sistemática de los artículos 7o. y 182 de la Ley de Amparo, se concluye que las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo federal o local, carecen de legitimación para promover el amparo adhesivo en materia administrativa, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, pues el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no ocurre cuando en el procedimiento referido intervienen como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio." Luego, si en el caso concreto las quejosas reclaman: La resolución de veintinueve de mayo del presente año, dictada por el Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, dentro del toca Administrativo 333/15PL de su estadística, derivado del recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia definitiva del proceso administrativo 1001/1ª Sala/2014, en la que se determinó la inadmisión o desechamiento del recurso de reclamación que presentaron. Es inconcuso que en su carácter de autoridades municipales, carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, dado que los actos que tacha de inconstitucionales no afectan sus intereses patrimoniales, ya que debido a la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, los órganos del Estado no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad, dado que en el procedimiento de origen intervinieron como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público y, por tanto, no quedaron despojados de imperio. Por tanto, al reclamar la parte quejosa en su carácter de autoridad actos que no afectan sus intereses patrimoniales, y no actuar en un plano de igualdad, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7° de la ley reglamentaria, dado que no está legitimada para promover el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones jurídicas que informa, en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 311, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ÓRGANOS DEL ESTADO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE UN JUICIO CIVIL EN EL QUE PARTICIPAN SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD, EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AMPARO). En los términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales sólo pueden promover un juicio de amparo cuando el acto o ley que se reclame afecte sus "intereses patrimoniales". Ahora bien, debido a la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, los órganos del Estado no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad; en cambio, sí están legitimados para promover juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelve una acción civil, ejercida por alguno de ellos para reclamar prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, pues en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación que establece el indicado artículo 9." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 7°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngaseles a las promoventes del amparo señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el Portal Independencia número 101 Altos, Tesoreria Municipal, Zona Centro de esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Mendoza Gasca, en virtud de obra su cedula profesional número 1345686 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que mencionan, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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