Angélica María Bravo Gutiérrez
Expediente 1149/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/11/2019
Partes del expediente
- Angélica María Bravo Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y los autos del juicio de amparo 1149/2019, dentro del expediente de queja Q-199/2019. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO.- Se declara infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido dictado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto número 1149/2019. TERCERO.- Se desecha la demanda de amparo promovida por ANGÉLICA MARÍA BRAVO GUTIÉREZ, en contra de los actos que reclamó al Juez y a la Diligenciaria encargada de los expedientes pares, ambos adscritos al Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, consistentes en la resolución interlocutoria dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 332/2013 y en su ejecución." Acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal revisor, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes mediante proveído de uno de agosto del año en curso (fojas 84 a 85), para el único efecto de que las partes que integran el presente sumario, adicionaran el cuestionario relativo a la prueba pericial en materia de contabilidad que anunció el quejoso José Gustavo Hernández Barrera (fojas 753 a 758). Por otra parte, mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve (foja 777), por oficio de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, dio contestación a la vista ordenada practicar mediante proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 763 a 764), al manifestar que no se ofrece adición a dicha probanza, para los efectos legales procedentes. Relatado lo anterior, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, la pericial en materia de contabilidad. Al respecto, se acuerda en los siguientes términos: Atento a lo anterior, la prueba pericial en contabilidad propuesta por la parte quejosa, se desahogará al tenor de los puntos que obran a fojas 754 a 755. En tales condiciones, se ordena girar oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República con residencia en la ciudad de Puebla, para el efecto de que, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, se presente ante este órgano jurisdiccional el perito en materia de contabilidad al Contador Público Juan Alberto Oviedo Vélez, a efecto de que acepte y proteste el cargo de perito oficial por parte de este órgano jurisdiccional. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar su imposibilidad, se le impondrá por una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se solicita al titular de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República con residencia en la ciudad de Puebla, para que a la brevedad remita la constancia que justifique la notificación al citado perito oficial. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las diez horas con doce minutos del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia dentro del incidente de liquidación de sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Angélica María Bravo Gutiérrez, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, y envíesele el cuaderno original del presente asunto. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios signados por la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo en que se actúa, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante solicitando la apertura del incidente de liquidación para definir cumplimiento de ejecutoria. Atento a lo anterior, y en atención a la solicitud formulada por la mencionada autoridad, se le tiene promoviendo incidente de liquidación de sentencia. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 66 y 67 de la misma legislación, se ordena tramitar el incidente de liquidación de sentencia, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en términos del ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en razón a que esta incidencia obstaculiza la continuación del procedimiento de ejecución, se tramitará en este expediente principal, por lo que se suspenden los requerimientos realizados para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, hasta que quede firme la determinación en la que se cuantifique su monto. Por otra parte, atendiendo a que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que no podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y el diverso 192 de la Ley de Amparo, que prevé que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y a que es necesario especificar el monto exacto que la autoridad responsable deberá pagar al demandante constitucional para cumplir con la ejecutoria, con fundamento en el artículo 67 de la última legislación citada, se requiere a las partes a efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y de considerarlo necesario ofrezcan las pruebas de las que se desprendan los elementos necesarios a fin de que las autoridades responsables paguen la indemnización que corresponde al quejoso a que se constriñó a la autoridad en la sentencia ejecutoria. En atención a lo anterior, se apercibe a las partes que en caso de no ofrecer pruebas de su parte, se tendrá por prelucido su derecho. Notifíquese y personalmente a las partes.
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