Ángelica María Ángeles Abarca
Expediente 514/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ángelica María Ángeles Abarca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese oficio 6226 del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al que anexa el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de quince de noviembre del año en curso, dictada en el amparo en revisión civil 186/2018; de puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, dentro del juicio de amparo indirecto 514/2018. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo 514/2018, promovido por Angélica María Ángeles Abarca, en términos del considerando cuarto de la resolución recurrida. TERCERO. Se niega el amparo y protección de la justicia Federal a Angélica María Ángeles Abarca, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, precisados en el resultando primero de la resolución recurrida..."
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por el que informa que se admitió el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa contra de la sentencia emitida en este asunto, al que le correspondió el toca amparo en revisión civil 186/2018; determinación de la que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Álvaro Marcelo Chamu, autorizado de la quejosa Angélica María Ángeles Abarca, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto y exhibe el escrito, con nueve copias del mismo. Con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la invocada ley, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia. Con copia certificada de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes, distribúyanse entre las partes las copias simples del escrito de expresión de agravios y, a fin de que provea lo conducente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, las constancias siguientes: 1. El original del escrito de expresión de agravios y copia de éste. 2. Los autos originales del juicio de amparo indirecto 514/2018, promovido por Angélica María Ángeles Abarca, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta. 3. Un tomo de prueba deducido del juicio de convivencia familiar 101/2017-ll, del índice del citado juez responsable. Además, a efecto de no incurrir en dilación procesal alguna dentro del presente juicio y atendiendo al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al en que se notifique el presente acuerdo, acuse recibo del mismo e informe vía telegráfica la data en que recibió el diverso oficio 18062/2018, por el que se le comunicó la sentencia emitida el treinta y uno de julio del presente año. Se le apercibe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Eduardo Dávalos Rosas, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda y anexos, auto admisorio de doce de junio del año en curso, informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, constancias de notificación efectuadas a las partes y demás documentales que obran en el sumario. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. PERIODO PROBATORIO A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas y el secretario hace constar que la autoridad responsable, ofreció como probanza diversas documentales que adjuntó a su informe con justificación, relativas al Juicio de Controversia de Convivencia Familiar 101/2017-II, con las que se formó un tomo de pruebas por separado. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas antes relacionadas. Sin que las demás partes ofrecieran prueba alguna, se cierra el presente periodo de pruebas. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida se apertura la etapa de alegatos y el Secretario hace constar: que la la asesora jurídica Noemí Carreón Mata, designada como representante especial designada a la menor de edad de identidad reservada y el tercero interesado Joel Galindo Rodríguez, los formularon y que el Agente del Ministerio Público adscrito no presentó pedimento. El juez acuerda: en términos del artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos antes mencionados, mismos que se consideraran al emitirse la sentencia respectiva. Sin que las demás partes hicieran valer ese derecho, se cierra el presente periodo. Con lo anterior, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos del acta que se levanta y se procede al estudio de las constancias, para dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 514/2018, promovido por Angélica María Ángeles Abarca, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA. Mediante escrito de demanda presentado el once de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, Angélica María Ángeles Abarca, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos a continuación precisados: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tiene tal carácter el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar. Zihuatanejo, Guerrero. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a).- Del titular del órgano jurisdiccional del H. Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero. Se reclama el acuerdo de fecha 08 de mayo del año 2018, y publicado con fecha 16 de mayo de la presente anualidad, respecto a tener por rendido su dictamen pericial en materia de psicología a la perito Luz María del Roció León Castro, de los escritos de fecha 1, 2 y 4 de diciembre del 2017. b).- Del titular del órgano jurisdiccional del H. Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero. Se reclama el acuerdo de fecha 08 de mayo del año 2018, y publicado con fecha 16 de mayo de la presente anualidad, la manera vaga, imprecisa, dogmática, lacónica y sin igualdad de decretar y modificar las medidas provisionales decretadas en radicación de fecha 7 de marzo del año 2017. Ya que la medida adoptada vulnera y prejuzga." SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE. En proveído de doce de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se tuvo como tercero interesado a Joel Galindo Rodríguez. Asimismo, al estar involucrados los derechos de una menor de edad, cuya identidad se reservó para su debida protección, se giró oficio a la Delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de Guerrero, a efectos de que le asignara un representante legal, siendo esta la licenciada Noemí Carreón Mata, quien compareció a aceptar su cargo el dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Seguidamente, se dio intervención al fiscal Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Aspecto que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el Acuerdo General 36/2016, del aludido Pleno, por reclamarse actos emanados de un procedimiento judicial en materia familiar, que tienen ejecución dentro del ámbito territorial en que este órgano Federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Previamente a establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: - El proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, dentro del juicio de controversia de convivencia familiar 101/2017-II, instado por Angélica María Ángeles Abarca (quejosa), en contra de Joel Galindo Rodríguez (tercero interesado), en el que, esencialmente el juez responsable realizó lo siguiente. 1. Tuvo por recibido el dictamen pericial en psicología emitido por la experta Luz María del Rocío León Castro; y 2. Modificó de forma provisional el régimen de convivencia familiar entre la progenitora y la menor de edad de identidad reserva M.T.G.A. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. La anterior circunstancia, se corrobora con las documentales exhibidas por dicha autoridad jurisdiccional, consistentes en copias certificadas del juicio de controversia de convivencia familiar 101/2017-II, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°; por tanto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado a la responsable. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, atinente a la materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, atinente a la materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. APARTADO RELATIVO A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Resulta aplicable la tesis Jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Ahora bien, el tercero interesado Joel Galindo Rodríguez, al apersonarse al presente juicio, manifestó que devenía improcedente el presente juicio al actualizarse el supuesto previsto por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico o legítimo de la disconforme, sin embargo, realiza argumentos tendentes a evidenciar la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que se torna inabordable, ya que pertenece al fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 135/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Página 5, Novena Época, Registro 187973, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." De igual manera, dicho tercero refiere que en el caso se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, ya que quien esto resuelve se encuentra impedido para abordar el análisis de su posible actualización, ya que dicho tercero invoca la referida causal citando sólo la disposición que estima aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto. Lo anterior, puesto que, ante la variedad de posibles interpretaciones de las disposiciones legales invocadas para fundar la declaración de improcedencia del juicio, era necesario que expresara las razones en que hacen descansar el motivo de improcedencia en comento, el cual no se estima sea de obvia y objetiva contestación. Apoya dicho aserto la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de 2006, Novena Época, página 365, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, dentro del juicio de controversia de convivencia familiar 101/2017-II, instado por Angélica María Ángeles Abarca (quejosa), en contra de Joel Galindo Rodríguez (tercero interesado), en el que el juez responsable tuvo por recibido el dictamen pericial en psicología emitido por la experta Luz María del Rocío León Castro, de oficio, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las fracciones anteriores del artículo mencionado, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse para decretar la improcedencia del juicio de amparo, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, de manera analógica, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Dicha ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, por lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho constitucional de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Apoya lo anterior, la tesis P. LVII/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la página nueve, tomo veinte, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sin embargo, como ya se apuntó, con la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación, definiéndolo como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, una de las conductas que aquí se controvierte, constituye una violación a las leyes procesales que no reviste la característica de ser de imposible reparación, en la medida que no lesiona un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, ya que la actuación del juez responsable consiste en la emisión del proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en autos del juicio de controversia de convivencia familiar 101/2017-II, instado por Angélica María Ángeles Abarca (quejosa), en contra de Joel Galindo Rodríguez (tercero interesado), en el que, por una parte tuvo por recibido el dictamen pericial en psicología emitido por la experta Luz María del Rocío León Castro, pese a que con anterioridad en acuerdo de dieciséis de enero del año en curso, certificó que el término de tres días hábiles, concedidos a la referida perito en materia de psicología para rendir su experticia, había fenecido; no produce una afectación material de derechos sustantivos, es decir, de consecuencias graves que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, como sería, verbigracia, el derecho a la vida, la libertad, la propiedad o posesión, etcétera. Por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y de no ser así, puede reclamarlo en el amparo directo como una violación al procedimiento al impugnarse el fallo definitivo. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción 3a./J. 58 8/90, visible en la página doscientos treinta y seis del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de mil novecientos noventa, Tomo V, Primera Parte, Octava Época, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Así como la diversa, también por contradicción, publicada con el número 353, en la página doscientos noventa y ocho, del Apéndice 2000, Jurisprudencia de la SCJN, Octava Época, Tomo VI, Común, la cual establece: "PRUEBAS, ADMISIÓN DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACIÓN PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento.". De igual manera, en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En función de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, razón por la cual es improcedente el juicio de amparo indirecto por cuanto hace al acto reclamado especificado en el este considerando, de ahí que con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Razones por las cuales, al ser inatendibles las causas de improcedencia que invoca el tercero interesado, y este órgano de control constitucional no advierta ninguna otra que se actualice; se procede al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: El proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, dentro del juicio de controversia de convivencia familiar 101/2017-II, instado por Angélica María Ángeles Abarca (quejosa), en contra de Joel Galindo Rodríguez (tercero interesado), en el que modificó de forma provisional el régimen de convivencia familiar entre la progenitora y la menor de edad de identidad reserva M.T.G.A. Ahora bien, lo procedente es entrar al estudio de fondo del presente asunto, para lo cual se tiene por transcrito el concepto de violación expresado por la parte quejosa, en obvio de repeticiones innecesarias y porque no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que obligue a su trascripción. Resulta aplicable la jurisprudencia. 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto y siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante ello, cabe precisar que la quejosa en sus conceptos de violación, por lo que hace a la modificación de la convivencia familiar manifiesta que en dicho auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, modificó de forma provisional del régimen de convivencia familiar entre ella y su menor hija, lo cual viola sus derechos constitucionales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho motivo de inconformidad resulta infundado, con base en las consideraciones siguientes. En primer término es de puntualizarse que en toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a menores, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño. Así es, ya que con la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagró de manera explícita el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del estado y niveles de gobierno, de ahí que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior de los menores constituye un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que en un caso concreto pueda afectar los intereses de éstos, por lo cual, con base en este principio se debe considerar la posible afectación en la vida, seguridad y bienestar de los menores de manera integral y en su desarrollo futuro. Resulta aplicable la jurisprudencia 25/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 334, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". También sirve de apoyo lo expuesto en la tesis número 18/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 406, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". En este sentido, a fin de priorizar el interés superior de la infante de identidad reservada M.T.G.A., en la presente resolución, se estima conveniente tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho fundamental al desarrollo y bienestar integral del niño que tutela la Constitución Federal y los tratados internacionales comprende, en principio, el derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; el derecho a preservar las relaciones familiares; el derecho a que no sea separado de sus padres excepto cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del niño, el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; el derecho contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; así como el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, de tal forma que ese derecho se encuentra incluso por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del infante, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al menor, aunque también favorezca de manera indirecta a sus ascendientes. Luego entonces, del derecho al desarrollo y bienestar integral del menor, el Alto Tribunal desprendió el derecho fundamental a preservar las relaciones familiares; así como el derecho a que el menor no sea separado de sus padres. De ahí, que el derecho de visitas y convivencias entre padres e hijos previsto en las legislaciones locales se erigió como un derecho fundamental del niño y la niña que permite, a su vez, el pleno ejercicio de su derecho al desarrollo y bienestar integral, ya que: Enriquece las relaciones humanas espiritual y afectivamente. Consagra la pretensión de fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia, además de que consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado. Tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores. Así como la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares. Lograr una mejor formación del menor, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido. Las consideraciones anteriores, tienen sustento en la tesis CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, foja 600, que es del siguiente contenido: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio". De igual manera ilustra la anterior consideración la tesis 1a. CCCLXIX/2014 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, foja 601, que es del siguiente contenido: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". En tal forma, el derecho de convivencias además de ser un derecho-deber, es una institución del derecho de familia imprescindible para conseguir una mejor formación del menor de edad, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, dado que de él deriva la posibilidad de que el menor se relacione con ciertas personas unidas a él por lazos familiares, ya que los acercamientos de las personas son esenciales para su tranquilidad, felicidad y armonía, personal, familiar y social, máxime cuando se trata de infantes. De lo anterior, se puede observar la importancia que reviste el derecho de visitas y convivencias para el desarrollo y bienestar integral no sólo del niño sino también de la familia entera y es por ello que en las controversias del orden familiar, específicamente en lo que respecta al derecho de visita o convivencia con sus padres, el juzgador debe resolver teniendo presente el interés superior de los menores, pues la protección de los derechos de los niños merece una tutela mayor por ser la parte más débil dentro del concepto de la familia, de ahí que cuando en un litigio el juzgador se ve ante la necesidad de realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos de los padres, frente al derecho de los niños, el primero debe ceder respecto del segundo. De este modo, el concepto interés superior del menor, permite delimitar los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad, de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función de orden público e interés social. Con base en ello, este juzgador considera que la convivencia reciproca de los menores con sus progenitores constituye un derecho humano total que debe permanecer en forma perenne en la esfera jurídica de sus titulares, pues es impenetrable e indisponible en ese núcleo esencial para el Estado, por lo cual en ningún caso admite actos de privación, sino exclusivamente actos de molestia, es decir, condiciones para su ejercicio. Es así que este derecho fundamental de visitas y convivencias de los menores con sus padres, solamente admite restricciones proporcionales y razonables, en todos aquellos casos donde se pueda ver afectado el interés superior del niño. En efecto, el artículo 9.1 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños establece: "Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño." Por ende, el derecho fundamental a preservar las relaciones familiares y el derecho del menor a que no sea separado de sus padres admiten condiciones para su ejercicio, en función del interés superior del niño, de manera tal que, si se advierte que este principio puede verse afectado, tales derechos podrán ser restringidos proporcional y razonablemente atendiendo siempre a las particularidades de cada caso. Acorde a lo expuesto, se colige que el derecho de convivencias de los hijos con sus padres, sólo deberá limitarse o suspenderse cuando exista riesgo para los menores. En ese contexto, es infundado lo que vierte la parte quejosa en sus conceptos de violación, en el sentido de que el acto reclamado es violatorio de los derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 constitucional, porque la autoridad responsable modificó la convivencia familiar de dicha quejosa con su hija de identidad reservada. En efecto, la determinación reclamada no es violatoria de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa, porque como se ha dejado asentado y correctamente lo determinó la autoridad responsable, en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, atendiendo a lo solicitado por el abogado patrono de la parte actora en el juicio natural, a fin de que el demandado diera estricto cumplimiento a la convivencia establecida en auto de radicación, decretara y modificara de forma provisional el régimen de convivencia entre la aquí quejosa y su menor hija, la cual quedó fijada para los días sábados de cada semana por espacios de dos horas en el domicilio donde actualmente viva la infante, por el momento, no viola derecho constitucional alguno a la aquí quejosa. Ello es así, toda vez que si bien la parte quejosa al emitir el acto reclamado no cumplió con los derechos de fundamentación y motivación, que prevén el artículo 14 Constitucional, analizando las actuaciones del juicio de donde emana el acto reclamado, se advierte que fue correcta la modificación de la convivencia familiar a que nos venimos refiriendo. Ello es así, ya que en efecto, del estudio íntegro de las constancias que obran en el juicio de Controversia de Convivencia Familiar 101/2017-II, instado por Angélica María Ángeles Abarca -quejosa-, contra Joel Galindo Rodríguez -tercero interesado-, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos precedentes, se evidencia que efectivamente sus actuaciones se realizaron atendiendo en todo momento al interés superior de la menor inmiscuida, ya que las convivencias no sólo son un derecho de los padres, sino especialmente de los hijos, ya que su eficacia tiene por objeto la protección, estabilidad personal y emocional de los menores dándoles afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, además de su efectivo cumplimiento depende el desarrollo armónico e integral de los infantes que por causas ajenas a su voluntad viven separados de uno de sus progenitores, así como la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores. Cierto es que no se privó a la madre de tal derecho de convivencia, sino únicamente se efectuó una modificación a las medidas provisionales decretadas en auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, en la que primigeniamente se ordenó la convivencia de la menor de edad y su progenitora, en el domicilio de ésta última, ubicado en conjunto habitacional Flamingos, condominio noventa y uno, casa uno, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, los días sábados de las diez de la mañana al día domingo a las dieciocho horas, a únicamente los días sábados de cada semana, por espacios de dos horas en el domicilio donde actualmente vive la infante. Esto, ya que deduce este órgano jurisdiccional que era necesaria tal modificación, ya que si bien no se advierte del acto reclamado que se hayan tomado en consideración específicamente algunas constancias o pruebas de autos, cierto es que existen en el expediente de origen, como indicios, las manifestaciones realizadas por la menor de identidad reservada M.T.G.A., a los expertos en psicología Luz María del Rocio León Castro y Axzeel Eliseo Sandoval Ávila, en el sentido de externarles, a la primera, que no quiere estar con su madre Angélica María Ángeles Abarca, y al segundo, al describirle maltrato físico recurrente por parte de dicha progenitora, lo cual, incluso obligaba al juzgador de origen a modificar dicha medida de oficio, en el sentido en que lo hizo. En efecto, lo expresado por dicha menor no debía pasar por alto el juez responsable, ya que precisamente él presidió la audiencia de escucha de la mencionada menor llevada a cabo el siete de marzo de dos mil dieciocho, en donde además intervinieron la mencionada experta Axzeel Eliseo Sandoval Ávila, adscrita a la Unidad de Medidas Cautelares Región Costa Grande, dependiente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, la Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado responsable, Angélica María Ángeles Abarca, acompañada de su abogado patrono y obviamente la multicitada menor, de donde se advierte que dicho juzgador la entrevistó en privado, al igual que le mencionada experta, y de donde pudo deducir el sentir de la menor, precisamente al estar frente a ella e interrogarla en relación a la Litis del presente asunto. Lo cual, incluso concluyó en que el Juez responsable, en el acuerdo reclamado y, a solicitud de dicha experta, al sugerir un tratamiento psicológico y Terapia Familiar o Terapia cognitiva-conductual centrada en el trauma (TCC-CT), a los integrantes del núcleo familiar, girara oficios al Departamento del Servicio Social dependiente del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de esta ciudad, para que le designaran un perito psicólogo, quién será el encargado de valorar a Angélica María Ángeles Abarca, a Joel Galindo Rodríguez y a la menor de identidad reservada M.T.G.A., tanto en lo particular como en familia, a fin de estar en aptitud de determinar en definitiva si puede darse una sana convivencia entre la menor y la madre. Lo anterior, también tomándose en consideración que del análisis de las demás constancias de autos del juicio natural, no se advierte que por el momento le favorezcan a la actora, aquí quejosa Angélica María Ángeles Abarca, para poder convivir más de lo estrictamente establecido por el juez del proceso, en el acto aquí reclamado, es decir, dos horas los días sábados de cada semana en el domicilio donde actualmente habita dicha menor. Por consiguiente, como ya se apuntó, es correcta la determinación adoptada por el Juez responsable, atendiendo al caso en concreto, ya que ajustó el régimen de convivencia de madre e hija, lo cual, se insisten, es en beneficio de la menor, pues de no ser así, se podría causar un riesgo inherente en la estabilidad emocional de la infante, lo cual va en contravención al interés superior de la infante, ya que se puede ver afectado. Esto es, con tal medida, no sólo se aseguró, como se dijo, el ejercicio del derecho de convivencia cuando éste cumpla la función de brindar al menor de edad los elementos necesarios para su desarrollo sano e integral, si no también se aseguró la protección a su integridad física y psicológica. Aunado, a lo todo lo explicado con anterioridad, cabe señalar que la modificación al régimen de convivencia no es la determinación final, pues aún no se dicta la sentencia definitiva que resuelta la controversia de convivencia familiar en comento. En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, procede negar el amparo y protección que de la de la Justicia Federal solicitada; sin que en la especie, se advierta la hipótesis comprendida en el artículo 79, de la Ley de Amparo, al no actualizarse ninguna violación manifiesta de la ley que deje a la impetrante sin defensa. Conclusiones que compaginan con los alegatos formulados por la representante especial designada a la menor de edad de identidad reservada y el tercero interesado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Angélica María Ángeles Abarca, por su propio derecho, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Angélica María Ángeles Abarca, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, precisados ésta y aquéllos en el resultando primero de este fallo. Notifíquese.
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